A esta altura está más que claro que el ascenso del gendarme Echazú dispuesto ayer por Patricia Bullrich es un claro mensaje hacia el personal de las fuerzas de seguridad para que no tengan miedo de poner mano duro en la represión, porque obtendrán su recompensa.
Lo quiera o no el gobierno (y todo indica que sí lo quiere) esa es la lectura que harán los uniformados -incluso de las fuerzas que no dependen de él, sino de los gobiernos provinciales- y obrarán en consecuencia: de "no vamos a tirar a un gendarme por la ventana ante la simple sospecha" pasamos a "las fuerzas de seguridad tienen que tener el beneficio de la duda", y ahora a "lo felicito Echazú, se ha ganado un ascenso por su eficaz y patriótico comportamiento".
Lo curioso es que desde el gobierno se intente ensayar otro tipo de justificaciones, tales como que Echazú no estaba imputado en la causa por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, y en consecuencia nada obstaba a que se lo ascendiera.
Si Echazú no está imputado en la causa, no se entiende que el juez federal de Esquel le haya dado participación en ella al punto de poder designar peritos de parte que asistieron a la autopsia de Santiago, en los términos del artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación: " La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.".
Pero aunque eso no fuera así, lo que no dice el gobierno es que conforme a las propias normas del personal de la Gendarmería Nacional, si Echazú pudo ascender fue porque el Ministerio de Seguridad desde el primer momento de la desaparición de Santiago Maldonado se dio a la tarea de borrar toda posible prueba de la participación de la fuerza en la represión, y asumir la defensa cerrada de todos los efectivos que participaron en el operativo en el cual Santiago perdió finalmente la vida.
En efecto, el artículo 74 de la Ley 19.349 de Gendarmería Nacional establece en su inciso c) que no podrá ascender "el personal que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones:c) En pasiva según lo previsto en el inciso c) del artículo 64.".
Y el inciso c) del artículo 64 contempla cinco situaciones en las que el personal se encuentra en disponibilidad pasiva y en consecuencia impedido de ascender, de las que nos interesa destacar el apartado 4): "El castigado con suspensión de empleo durante el tiempo de la sanción o en prisión preventiva o condenado a pena de delito que no lleve como accesoria la baja o destitución." (las negritas son nuestras)
Como es sabido y contra todas las reglas y recomendaciones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos en casos de violencia institucional, el gobierno de Macri a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich tomó desde el principio la decisión de no separar a la Gendarmería de la investigación del caso Maldonado, ni sumariar a ninguno de los que participaron del operativo, ni mucho menos suspenderlos preventivamente en sus funciones, hasta tanto se esclarecieran los hechos, y su participación y responsabilidad en ellos.
Es decir los dejaron en funciones, con uso del uniforme y grado y la portación de las armas reglamentarias, y -lo más importante- la posibilidad de influir en la propia investigación judicial, borrando o alterando pruebas; como efectivamente sucedió. No les aplicaron -salvando las distancias- la "doctrina Irurzun" de la prisión preventiva y los "poderes residuales", sin ir más lejos.
Si lo hubieran hecho -como correspondía- Echazú no podría haber sido ascendido; aunque en la causa judicial no se lo hubiera imputado formalmente por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado.
Prefirieron encubrirlo a él y a todos los partícipes del operativo, y en una pseudo investigación a cargo de un tal Barbieri (el encargado político de los "asuntos internos" de la fuerza) lo que hicieron fue "libretearlos" respecto de lo que tenían que decir sobre el caso, si eran citados a declarar por la justicia.
Y todo tiene una razón muy lógica: Echazú y sus compañeros no eran unos loquitos que ingresaron a los tiros en la Pu Loff de Cushamen "por la suya" porque se pasaron de rosca, sino porque estaban cumpliendo expresas y (definidamente) imprecisas instrucciones de Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich cuyo teléfono aun hoy sigue sin peritarse, y su extravagante doctrina de la "flagrancia" para combatir la no menos delirante "amenaza terrorista" de la fantasmal RAM.
Como asimismo tampoco Nocetti (que ni siquiera fue citado por la justicia aun para esclarecer su actuación en los hechos) es otro loquito suelto, como lo comprueba el hecho de que por estos días Bullrich (su superior) acaba de viajar al sur a conformar con los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut un "comando operacional" para enfrentar a la RAM. que es un pobre remedo del "Operativo Independencia" en Tucumán en los 70', para enfrentar a la guerrilla.
Un espantajo que el gobierno necesita agitar para disimular el ajuste brutal al que está sometiendo al pueblo argentino. La contribución del gendarme Echazú a ese objetivo político es lo que ha sido premiado con su ascenso.
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