QUIEREN VOLVER A SAQUEARNOS, SIN SER MOLESTADOS

Cuando los otros días analizábamos en esta entrada el contenido del “mega DNU desburocratizador) dictado por Macri, señalábamos como uno de los puntos importantes las modificaciones que introdujo en el Fondo de Garntía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, al permitirle participar en fideicomisos y todo tipo de negocios financieros sin restricciones; lo que supone una puerta abierta para el retorno de algunas de las prácticas habituales cuando funcionaba el sistema de las AFJP.

Al respecto, leemosa Burgueño en Ambito Financiero: “Si bien los privados aplauden la medida, muchos son prudentes. Por un lado esperan a conocer la "letra chica" de la reglamentación. Algunos estiman que la norma debería haber tenido una cláusula clave en el DNU. Es la que debería prohibir que se repita la experiencia de 2008, cuando a través de la estatización de las AFJP, el kirchnerismo tomó acciones de empresas privadas que estaban en poder de las administradoras de pensión y las incorporó al FGS. En un primer momento se prometió que estas acciones serían ofrecidas a los accionistas privados para su recompra o eventualmente, lanzadas al mercado para aumentar los ingresos de la ANSES. Finalmente nada de esto sucedió y en los últimos años del kirchnerismo los directorios de las empresas que terminaron con acciones en poder del estado se plagaron de representantes políticos del anterior Gobierno, una experiencia que los privados no quieren volver a experimentar. Legalmente no hay garantías de que esto no suceda con la nueva norma ya que al ser un DNU una ley podría darla de baja y eventualmente repetirse la experiencia de la reestatización de las AFJP durante el kirchnerismo. ” (las negritas son nuestras)

O el autor de la nota miente, o es muy burro: cuando en el el 2008 la Ley 26.425 liquidó el sistema de jubilación privada pasaron a propiedad del Estado (en rigor, de la ANSES como administradora del FGS) numerosos activos que administraban las AFJP, por inversiones que hicieron de los aportes de los trabajadores, mientras duró el sistema; entre ellos participaciones accionarias en un conjunto de empresas de diversos sectores de la economía.

El kirchnerismo no “estatizó” nada entonces, ni después: asumió a través del Fondo de Garantía esas participaciones accionarias, y luego no la incrementó (por ejemplo comprando más acciones de cada empresa), ni la disminuyó vendiendo acciones. Tampoco “prometió” nada, como dice Burgueño, sino que la recompra de las acciones por parte de los privados fue el deseo permanente de ellos nunca consentido por los gobiernos de Cristina; siendo particulamente enfáticos e insistentes al respecto Héctor Magneto (el FGS posee el 9 % de las acciones del Grupo Clarín) y Paolo Rocca, el CEO de Techint (el fondo tiene el 26,03 % de las acciones de su “nave insignia” Tenaris-Siderar).

Lo que sí hizo el kirchnerismo fue dictar en el año 2011 el DNU 441 (luego ratificado en el 2014 por la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento de la Ley 26.122), por el cual derogaba el inciso k) del artículo 76 de la Ley 24.241 (que regulaba las inversiones de las AFJP, y luego del Fondo de Garantía de ANSES); que establecía un límite o tope al ejercicio de los derechos políticos del Estado accionista en esas empresas privadas: sin importar que porcentaje del capital social tuviera en acciones, solo podía actuar como si tuviera un máximo del 5 %, lo que le impedía -en casi todos los casos- designar directores, por ejemplo. 

El caso más conocido fue justamente el de Tenaris-Siderar, en el que el Grupo Techint amenazó con ir a la justicia a tumbar el DNU de Cristina, pero luego cedió, y terminó aceptando la presencia de dos directores del Estado (uno de ellos Axel Kicillof) en el directorio; y de ese modo por ejemplo pudo tener ingerencia en las decisiones de la empresa y forzar una reinversión de utilidades en la construcción de un tren de laminado que incrementar la producción de acero, decisión que Techint (accionista mayoritario) venía postergando año tras año, prefiriendo distribuir los dividendos entre los accionistas.

Un ejemplo del uso virtuoso e inteligente de las participaciones accionarias del Estado en esas empresas privadas, para promover el desarrollo del país en sectores estratégicos de la economía; que es justamente lo que le molesta a nuestra burguesía rentista, parasitaria y fugadora. Más información al respecto, en ésta entrada.

La nota de Ambito da cuenta de que en primera fila de los anotados para obtener préstamos del FGS a una tasa sensiblemente menor a la del mercado estarían las principales empresas exportadoras del país, seguramente para prefinanciar sus ventas al exterior: justo los grandes ganadores del modelo macrista, que les eliminó las retenciones o se las redujo en el caso de la soja, devaluó la moneda, eliminó toda restricción a las exportaciones fundada en la necesidad de garantizar adecuadamente el abastecimiento del mercado interno; y finalmente les permitió dejar indefinidamente fuera del país los dólares u otra divisas que obtienen de las exportaciones, sin liquidarlos en el mercado de cambio local: algo más que un seguro de cambio garantizado por el Estado, o un subsidio a la devaluación.

Ni hablemos de que en el grupo de empresas involucradas en las participaciones accionarias del FGS se encuentran el Grupo Clarín (que no ha parado de recibir obsequios del gobierno de Macri en estos dos años) y las energéticas, donde tallan fuerte los amigos/parientes/testaferros del presidente como Mindlin, Caputo y Lewis.

Si hay empresas que no necesitan del financiamiento barato garantizado por el Estado son justamente esas, que además no corren peligro alguno de una súbita “chavización” del macrismo, traducida en que -por ejemplo- el Fondo de ANSES capitalice sus acreencias por los préstamos aumentando sus participaciones accionarias en las empresas que los reciban, hasta llegar a controlarlas.

Bien sabe Burgueño (aunque se haga el boludo) que estamos frente al gobierno que además a través del artículo 35 de la Ley 27.260 del blanqueo de capitales derogó la Ley 27.181; sancionada en 2015 durante el gobierno de Cristina para restringir la venta de las participaciones accionarias del Fondo de ANSES en empresas privadas, al exigir una autorización especial del Congreso, con mayorías agravadas. De modo que si el gobierno de Macri tiene alguna idea respecto a esas acciones es venderlas, y no comprar más; de hecho ya lo hizo, con las acciones que el Fondo de ANSES  tenía en Petrobras Argentinas vendidas a Pampa Energía de Marcelo Mindlin, y con las acciones de Solvay Indupa, cedidas a la brasileña Unipar-Carbocloro.

En los años 90’ las AFJP llegaron a adquirir participaciones accionarias en un conjunto de empresas que optaron (como el Grupo Clarín) por emitir obligaciones negociables (ON) captando recursos de los aportes de los trabajadores para ampliar su capital, pero con la certeza de que el “inciso k” diseñado por Cavallo les aseguraba que estos serían “el socio bobo”: pondrían capital, pero no tendrían ninguna injerencia en el manejo de las empresas. Empresas que -no casualmente- también emitieron por esos años deuda en dólares, que luego de la crisis del 2001 terminó pesificada, con la diferencia de cambios a cargo del Estado; es decir de todos nosotros.

Hoy con  rentabilidades aseguradas en muchos casos por las decisiones de ese mismo Estado (hoy manejado por los dueños del país), quieren volver a echar mano a los recursos originados en los aportes de los trabajadores y acrecentados de forma significativa durante el kirchnerismo (el FGS es parte de “la pesada herencia”) para financiarse a menor costo, frente al alto nivel de tasas que existe en la economía para alimentar el negocio de la bicicleta financiera, del que ellos mismos participan.

Es decir agitan fantasmas que no existen ni existirán mientras no cambie el gobierno en la Argentina, para poder seguir haciendo lo de siempre: saquear al país, impunemente.