Cuando los otros
días analizábamos en esta entrada el contenido del “mega DNU
desburocratizador) dictado por Macri, señalábamos como uno de los puntos
importantes las modificaciones que introdujo en el Fondo de Garntía de
Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, al permitirle participar en fideicomisos y
todo tipo de negocios financieros sin restricciones; lo que supone una puerta
abierta para el retorno de algunas de las prácticas habituales cuando
funcionaba el sistema de las AFJP.
Al respecto, leemosa Burgueño en Ambito Financiero: “Si bien los
privados aplauden la medida, muchos son prudentes. Por un lado esperan a
conocer la "letra chica" de la reglamentación. Algunos estiman que
la norma debería haber tenido una cláusula clave en el DNU. Es la que debería
prohibir que se repita la experiencia de 2008, cuando a través de la
estatización de las AFJP, el kirchnerismo tomó acciones de empresas privadas
que estaban en poder de las administradoras de pensión y las incorporó al FGS.
En un primer momento se prometió que estas acciones serían ofrecidas a los
accionistas privados para su recompra o eventualmente, lanzadas al mercado para
aumentar los ingresos de la ANSES. Finalmente nada de esto sucedió y en los
últimos años del kirchnerismo los directorios de las empresas que terminaron
con acciones en poder del estado se plagaron de representantes políticos del
anterior Gobierno, una experiencia que los privados no quieren volver a
experimentar. Legalmente no hay garantías de que esto no suceda con la
nueva norma ya que al ser un DNU una ley podría darla de baja y eventualmente
repetirse la experiencia de la reestatización de las AFJP durante el
kirchnerismo. ” (las negritas son nuestras)
O el autor de la
nota miente, o es muy burro: cuando en el el 2008 la Ley 26.425 liquidó el
sistema de jubilación privada pasaron a propiedad del Estado (en rigor, de la
ANSES como administradora del FGS) numerosos activos que administraban las
AFJP, por inversiones que hicieron de los aportes de los trabajadores, mientras
duró el sistema; entre ellos participaciones accionarias en un conjunto de
empresas de diversos sectores de la economía.
El kirchnerismo no
“estatizó” nada entonces, ni después: asumió a través del Fondo de Garantía
esas participaciones accionarias, y luego no la incrementó (por ejemplo
comprando más acciones de cada empresa), ni la disminuyó vendiendo acciones.
Tampoco “prometió” nada, como dice Burgueño, sino que la recompra de las
acciones por parte de los privados fue el deseo permanente de ellos nunca
consentido por los gobiernos de Cristina; siendo particulamente enfáticos e
insistentes al respecto Héctor Magneto (el FGS posee el 9 % de las acciones del
Grupo Clarín) y Paolo Rocca, el CEO de Techint (el fondo tiene el 26,03 % de las
acciones de su “nave insignia” Tenaris-Siderar).
Lo que sí hizo el
kirchnerismo fue dictar en el año 2011 el DNU 441 (luego ratificado en el 2014
por la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento de la Ley 26.122), por el
cual derogaba el inciso k) del artículo 76 de la Ley 24.241 (que regulaba las
inversiones de las AFJP, y luego del Fondo de Garantía de ANSES); que
establecía un límite o tope al ejercicio de los derechos políticos del Estado
accionista en esas empresas privadas: sin importar que porcentaje del capital
social tuviera en acciones, solo podía actuar como si tuviera un máximo del 5
%, lo que le impedía -en casi todos los casos- designar directores, por
ejemplo.
El caso más
conocido fue justamente el de Tenaris-Siderar, en el que el Grupo Techint amenazó
con ir a la justicia a tumbar el DNU de Cristina, pero luego cedió, y terminó
aceptando la presencia de dos directores del Estado (uno de ellos Axel
Kicillof) en el directorio; y de ese modo por ejemplo pudo tener ingerencia en
las decisiones de la empresa y forzar una reinversión de utilidades en la
construcción de un tren de laminado que incrementar la producción de acero,
decisión que Techint (accionista mayoritario) venía postergando año tras año,
prefiriendo distribuir los dividendos entre los accionistas.
Un ejemplo del uso
virtuoso e inteligente de las participaciones accionarias del Estado en esas
empresas privadas, para promover el desarrollo del país en sectores
estratégicos de la economía; que es justamente lo que le molesta a nuestra
burguesía rentista, parasitaria y fugadora. Más información al respecto, en ésta entrada.
La nota de Ambito
da cuenta de que en primera fila de los anotados para obtener préstamos del FGS
a una tasa sensiblemente menor a la del mercado estarían las principales empresas
exportadoras del país, seguramente para prefinanciar sus ventas al exterior:
justo los grandes ganadores del modelo macrista, que les eliminó las
retenciones o se las redujo en el caso de la soja, devaluó la moneda, eliminó
toda restricción a las exportaciones fundada en la necesidad de garantizar
adecuadamente el abastecimiento del mercado interno; y finalmente les permitió
dejar indefinidamente fuera del país los dólares u otra divisas que obtienen de
las exportaciones, sin liquidarlos en el mercado de cambio local: algo más que
un seguro de cambio garantizado por el Estado, o un subsidio a la devaluación.
Ni hablemos de que
en el grupo de empresas involucradas en las participaciones accionarias del FGS se encuentran el Grupo Clarín (que no ha
parado de recibir obsequios del gobierno de Macri en estos dos años) y las
energéticas, donde tallan fuerte los amigos/parientes/testaferros del
presidente como Mindlin, Caputo y Lewis.
Si hay empresas que
no necesitan del financiamiento barato garantizado por el Estado son justamente
esas, que además no corren peligro alguno de una súbita “chavización” del
macrismo, traducida en que -por ejemplo- el Fondo de ANSES capitalice sus
acreencias por los préstamos aumentando sus participaciones accionarias en las
empresas que los reciban, hasta llegar a controlarlas.
Bien sabe Burgueño
(aunque se haga el boludo) que estamos frente al gobierno que además a través
del artículo 35 de la Ley 27.260 del blanqueo de capitales derogó la Ley
27.181; sancionada en 2015 durante el gobierno de Cristina para restringir la
venta de las participaciones accionarias del Fondo de ANSES en empresas
privadas, al exigir una autorización especial del Congreso, con mayorías
agravadas. De modo que si el
gobierno de Macri tiene alguna idea respecto a esas acciones es venderlas, y no
comprar más; de hecho ya lo hizo, con las acciones que el Fondo de ANSES tenía en Petrobras Argentinas vendidas a
Pampa Energía de Marcelo Mindlin, y con las acciones de Solvay Indupa, cedidas
a la brasileña Unipar-Carbocloro.
En los años 90’ las
AFJP llegaron a adquirir participaciones accionarias en un conjunto de empresas
que optaron (como el Grupo Clarín) por emitir obligaciones negociables (ON)
captando recursos de los aportes de los trabajadores para ampliar su capital,
pero con la certeza de que el “inciso k” diseñado por Cavallo les aseguraba que
estos serían “el socio bobo”: pondrían capital, pero no tendrían ninguna
injerencia en el manejo de las empresas. Empresas que -no casualmente- también
emitieron por esos años deuda en dólares, que luego de la crisis del 2001
terminó pesificada, con la diferencia de cambios a cargo del Estado; es decir
de todos nosotros.
Hoy con rentabilidades aseguradas en muchos casos por
las decisiones de ese mismo Estado (hoy manejado por los dueños del país),
quieren volver a echar mano a los recursos originados en los aportes de los
trabajadores y acrecentados de forma significativa durante el kirchnerismo (el
FGS es parte de “la pesada herencia”) para financiarse a menor costo, frente al
alto nivel de tasas que existe en la economía para alimentar el negocio de la bicicleta
financiera, del que ellos mismos participan.
Es decir agitan
fantasmas que no existen ni existirán mientras no cambie el gobierno en la
Argentina, para poder seguir haciendo lo de siempre: saquear al país,
impunemente.
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