Sobre las contrataciones en la Administración Pública Nacional, leíamos en La Nación: "La mayoría de las compras que realiza el Gobierno para las distintas áreas de la administración se canaliza por contratación directa o por licitación privada; el año pasado sólo un 13 por ciento se efectuó vía licitación pública. Significa todo un cambio de política: en 2015, el último año del gobierno kirchnerista, las licitaciones públicas alcanzaron el 19% de todas las compras.
Con el argumento de "otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones", en mayo de 2016 el Gobierno dictó el decreto 690, donde se dispuso una fuerte suba en los topes que permiten esquivar las licitaciones públicas. En efecto, allí se subió de $800.000 a 6 millones de pesos (650% de aumento) el piso a partir del cual los funcionarios están obligados a convocar a una licitación pública. La cifra no se actualizaba hace tres años.
En el caso de contrataciones directas el nuevo límite que impuso el decreto es hasta $1.300.000 (antes era de $200.000). Asimismo, las licitaciones o concursos públicos y privados pasaron de $800.000 a $6.500.000. Los resultados de la aplicación del decreto 690 no tardaron en verse: de acuerdo a un relevamiento realizado por LA NACION Data en los portales oficiales Compr.ar y Argentina Compra, el 50% de las compras que realizó el Estado durante 2017 (no hay datos de 2016) se canalizaron por licitaciones y por concursos privados. En 2015 ambas modalidades concentraron el 24,7%.
Este mecanismo le permite al organismo público que desea efectuar una compra o contratación convocar sólo a aquellos proveedores inscriptos en la base de datos elaborada por el Gobierno. Del total de lo que gastó el Estado el año pasado en sus compras y contrataciones, el 15% (unos $3194 millones) se realizaron por medio de licitaciones y concursos privados, según pudo relevar LN Data.
El informe arroja, además, que el 36% de las compras que se realizaron en 2017 fueron vía contratación directa, pese a que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional impone límites estrictos para este tipo de procedimiento. En efecto, sólo se aplica "cuando no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación"; para la "realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo" y cuando la venta "fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes".
También se aplica este procedimiento cuando una licitación o concurso hayan resultado desiertos al segundo llamado. Lo cierto es que, del monto total que gastó el Estado en sus compras en 2017, poco más de $9 mil millones se hizo vía contratación directa (el 37%)." (las negritas son nuestras)
Las cosas de las que uno se entera tarde, por lo menos si no lee blogs donde lo advirtieron en mayo del 2016, ponéle.
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