Al momento de subir este post, no fueron publicados aun los decretos de Macri que habilitarán la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, derogando el Decreto 727/06 de Néstor Kirchner y pasando por encima de la Constitución Nacional, y de las Leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior. Cuando hace un tiempo trascendieron los detalles, analizábamos en ésta entrada los aspectos legales del caso, y sus implicancias políticas.
Lo que sí es seguro -porque se desprende con claridad de los dichos de Macri y Aguad- es que el gobierno se apresta a llevarse puesto de un plumazo uno de los mayores logros de nuestra trabajosa construcción democrática, fruto del consenso mayoritario del sistema político argentino en tres gobiernos diferentes, de distintos signos y orientaciones políticas.
Y fruto ciertamente de un largo y doloroso aprendizaje histórico, que es hoy dejado de lado por un gobierno al que la historia le pesa y le molesta, y cree que puede andar por allí borrándola alegremente por decreto, tan sencillamente como cambia los próceres por animalitos en los billetes. Claro que en este caso el retroceso es mucho más peligroso, porque como diría Serrat, Macri juega con cosas que no tienen repuesto.
Lo hace además, ignorando y pasando olímpicamente por alto no solo la diferencia de formación profesional, capacitación y entrenamiento de las Fuerzas Armadas respecto a las de seguridad, sino las lecciones concretas que dejan las desastrosas experiencias de otros países de la región (como Colombia, México y en menor medida Brasil), en las cuáles la introducción de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior y represión del delito (en especial el narcotráfico) derivaron en una escalada de violencia y la militarización de los conflictos sociales, con una inmensa pérdida de vidas humanas.
Cuando decimos que poniéndolas a hacer tareas de seguridad interior Macri está rompiendo un consenso democrático logrado como enseñanza de la dictadura, no estamos tratando de homologar a estas FFAA con aquellas, sino de señalar que de ese modo se las degrada al rol de policía de sus propios conciudadanos como lo hicieron los dictadores, ignorando el rol para el que fueron creadas, y que es el que para ellas contempla la Constitución Nacional: la defensa de la soberanía exterior de la nación, de su integridad territorial, y de la propia Constitución.
Una reforma profunda que -como otras impulsadas por Macri- pasará sin debate previo en el Congreso, y sin que los argentinos sepamos en que información (y obtenida de que fuentes, y bajo que medios) se basan las nuevas "hipótesis de conflicto" del instrumento armado de la nación, como su empleo para combatir el narcotráfico o el terrorismo. Ni siquiera los Estados Unidos (creadores de tal doctrina) la aplican en sus propias fronteras.
Respecto a la primera hipótesis (la lucha contra el narcotráfico), la medida desmiente al propio gobierno cuando encomia los avances de su Ministerio de Seguridad en la materia; y respecto de la segunda (el terrorismo), al parecer en un país que sufrió ya dos terribles atentados vinculados a un conflicto allende a nuestras fronteras, estaríamos a las puertas de otro, que elegiría como blancos campamentos petroleros, centrales nucleares o represas hidroeléctricas; y frente a cuya magnitud las fuerzas de seguridad serían impotentes. O el gobierno nos oculta información crucial y ciertos alineamientos automáticos con intereses que no son los nuestros de su política exterior, nos han vuelto a poner en zona de riesgo, y en la mira del terrorismo; o sus motivaciones son muy otras de las que esgrime.
Porque si de defender centrales nucleares se trata, el único terrorismo que han sufrido hasta acá ha sido el del propio gobierno, desmantelando el plan nuclear, suspendiendo la construcción de nuevas centrales, despidiendo cientos de trabajadores del sector, con una nueva ola de despidos al salir. Lo mismo cabe para las represas: hasta acá las únicas afectadas son las que se paralizaron o suspendieron en su construcción (teniendo financiamiento seguro) por decisiones del propio gobierno.
Que decir de los campamentos petroleros, levantados a lo largo y lo ancho de la Patagonia (con excepción de Vaca Muerta) por una desastrosa política energética que solo atiende a la rentabilidad de las empresas privadas (en especial multinacionales), más que a un plan nacional de desarrollo. Y en el caso de Vaca Muerta (la descubierta "joya de la abuela" de los que votaron en contra de la expropiación de YPF), ¿veremos acaso a nuestros hombres de armas convertidos en patovicas de Techint, Eurnekián o las petroleras extranjeras, cuando los obreros resistan la flexibilidad laboral que pactaron sus sindicatos entreguistas?
Por otro lado, y si de enfrentar agresiones y amenazas extranjeras se trata (es decir, el rol constitucional específico de las FFAA), con el enemigo histórico, el que usurpa colonialmente parte de nuestro territorio hace casi 200 años, la política hasta del gobierno de Macri ha sido el abandono del reclamo de soberanía (violando el mandato constitucional) y la permisividad con la escalada británica en la militarización del Atlántico Sur, con pruebas de misiles incluidas.
La misma permisividad con la que se tolera el ingreso y permanencia de fuerzas militares extranjeras en el país y se les habilitan bases con pretexto de "ayuda humanitaria"; mientras se abandona a su suerte al ARA San Juan desistiendo de su búsqueda y de investigar las circunstancias de su pérdida, cuando hay indicios serios de que pudo haber sido por responsabilidad de naves de guerra inglesas.
Lo más probable es que con la introducción de las Fuerzas Armadas en la problemática de la seguridad interior el gobierno pretenda correr el eje de la discusión de los graves problemas sociales y económicos del país (e incluso de los escándalos de corrupción que lo jaquean), apelando a una grosera demagogia punitivista, en búsqueda de amedrentar a la protesta social, demostrando que está dispuesto a escalar en la utilización de los medios represivos disponibles; y creyendo de ese modo dar una señal de autoridad a un círculo rojo que le ha picado el boleto, y para el cual ha se convirtió en prescindible.
Quizás todo esto se trate de una maniobra para justificar el traslado de grandes contingentes de gendarmes desde las fronteras, para llevarlos al conurbano bonaerense y a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades del interior, en prevención (y segura represión) de más que seguras protestas sociales, ante la intensificación del ajuste comprometido con el FMI.
Quizás todo esto se trate de una maniobra para justificar el traslado de grandes contingentes de gendarmes desde las fronteras, para llevarlos al conurbano bonaerense y a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades del interior, en prevención (y segura represión) de más que seguras protestas sociales, ante la intensificación del ajuste comprometido con el FMI.
Sean cuales fueren sus intenciones, Macri debe ser detenido de inmediato, porque está serruchando el piso común sobre el cual estamos todos parados; y la gravedad de lo anunciado no admite tolerancias, ni tibiezas, ni intentos rebuscados de "comprensión intelectual". Cualquier abordaje "comprensivo" del problema (hola, Andrés Malamud y compañía) será ya lisa y llana complicidad y colaboracionismo intelectual con un régimen pre democrático, que deshonra cada día su mandato constitucional, y su legitimidad de origen.
La decisión de entrometer a las Fuerzas Armadas en seguridad interior marca, como pocas, que y quien es y que representa Macri; justo cuando algunos intentos de unidad opositora dicen (sin avanzar en mayores precisiones programáticas) que el límite es Macri. Con Macri (este Macri, el de siempre, el que no es ni moderno, ni democrático, y que ahora pone a las FFAA a intervenir en seguridad interior) no se puede acordar nada, y se le deben poner límites urgente; para bien de la democracia argentina.
No se puede disociar esta medida del acuerdo con el FMI y sus implicancias no solo porque son decisiones de un mismo gobierno, sino porque una supone la otra: un plan económico de ajuste y restricción de derechos, solo cierra con la amenaza ominosa de la represión, o su despliegue efectivo; con las armas del Estado en manos de un gobierno que da claras señales de no tener escrúpulo alguno para utilizarlas contra el pueblo, si lo juzgara necesario. El propio presidente ha encomiado fusilamientos por la espalda de las fuerzas de seguridad, imaginemos la doctrina que puede impartir tal comandante en jefe, a las instituciones armadas de la nación.
Acordar con Macri en sus políticas económicas y sociales, ser "su aliado hasta el final del mandato" como acaba de decir Urtubey, aceptar compartir con él y su gobierno al menos en parte los costos del ajuste pactado con el FMI y hacerlo viable en el Congreso, es también convalidar este severo retroceso, de los más graves en los 35 años de nuestra democracia luego de la última dictadura militar.
Y no se trata solo de la oposición: el silencio de la UCR al respecto es ensordecedor, como si nada quedara de la primavera alfonsinista de la recuperación democrática, ahogada bajo los pliegues de un balbinismo cuartelero revivido, anclado mentalmente en el 55'; cuando otra vez el programa económico de Martínez de Hoz va de la mano (y con los mismos fines: asegurar su ejecución) del rol operacional asignado a las Fuerzas Armadas por Videla, Massera, Camps, Astiz y tantos otros: el combate contra un supuesto enemigo terrorista interior, que amenaza el orden establecido, o el que se quiere establecer.
Y no se trata solo de la oposición: el silencio de la UCR al respecto es ensordecedor, como si nada quedara de la primavera alfonsinista de la recuperación democrática, ahogada bajo los pliegues de un balbinismo cuartelero revivido, anclado mentalmente en el 55'; cuando otra vez el programa económico de Martínez de Hoz va de la mano (y con los mismos fines: asegurar su ejecución) del rol operacional asignado a las Fuerzas Armadas por Videla, Massera, Camps, Astiz y tantos otros: el combate contra un supuesto enemigo terrorista interior, que amenaza el orden establecido, o el que se quiere establecer.
El análisis es contundente. Lo que debemos también pensar que los genios del Imperio sacaron de una cajonera el Plan Condor, lo desempolvaron, lo transcribieron y se los mandaron a sus sirvientes latinoamericanos. Recordemos que Uruguay fue un pionero en la década de los 70 con la dictadura cívico-militar 1972-1983 (José Pepe Mujica la sufrió en carne propia) cuando el títere de Juan María Bordaberry prdujo un autogolpe con la complicidad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Cuestión que el abominable Mauricio -aunque no conozca la historia- intente repetirla.
ResponderEliminarConsulta de lego en la materia, ¿no deben todos los DNUs ser refrendados por el Senado? No se puede hacer nada para que los forros de Pichetto & Co. se pongan los pantalones largos y le bochen éste mamarracho jurídico a la fachisteada que nos gobierna?
ResponderEliminarNo es un DNU, es un decreto simple, que modifica otro (Decreto 727/06) que reglamentó la Ley de Defensa Nacional. Por eso no lo enviaron al Congreso
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