¿MARCELO, CUÁL MARCELO?

Días pasados te contábamos acá sobre la resolución del Fiscal General Baclini que disparó una catarata de 195 nombramientos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con destino al Organo de Investigacione creado por la Ley 13.459.

Actuales funcionarios del gobierno provincial, militantes y candidatos del socialismo, hijos, hijas, novias, hermanas de dirigentes del oficialismo provincial, del propio Baclini y de uno de los jueces de la Corte, del borocoteado senador Gramajo y de altos jefes policiales, policías, entre otras perlas.

La resolución movió el avispero en los tribunales santafesinos, generando un  reclamo del sindicato de los judiciales y de los propios trabajadores, con una protesta pública el mismo día en el que la Corte Suprema provincial hacía el acto de apertura del año judicial.

Para peor, Baclini no logró ni siquiera el respaldo de sus propios colegas y subordinados: el consejo de los Fiscales Regionales le reclamó que anulara la resolución, y diera marcha atrás con los nombramientos; dado que ante el sindicato el Fiscal General se había comprometido a “suspenderla”. Ayer se supo que la derogó "por "razones de oportunidad, mérito y conveniencia".

Pero hay otro protagonista central de esta historia que hasta acá ha permanecido en silencio, y no se sabe que opina al respecto: es nada más ni nada menos que Marcelo Saín, el ex creador y primer director de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) durante el gobierno de Néstor Kirchner, y también funcionario de Felipe Solá en el Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, y con cargo en la AFI en el segundo gobierno de Cristina.

También y más recientemente, candidato del randazzismo en las elecciones de la PBA en el 2017 enfrentando a la lista de Cristina, de la que se volvió un crítico feroz luego de su paso por los gobiernos kirchneristas.

Con fama de incorruptible e intransigente con todo tipo de negociados y acomodos, Saín aterrizó en la justicia provincial siendo elegido por concurso como Director Provincial del Organo de Investigaciones del MPA (ver decreto cuya imagen abre el post), es decir, el organismo en el que aterrizaron los 195 acomodados designados por Baclini.

Si bien la “metodología” de traspaso de personal de la Administración Pública al Organo de Investigaciones (vulnerando la Ley 13.459, que fijaba un plazo a esos fines, ya vencido) fue reglamentado por Baclini por una resolución del 2017 (es decir, antes de que Saín asumiera en sus funciones a fines del año pasado) los nombramientos se produjeron en febrero de éste año, cuando el ex funcionario kirchnerista estaba ya a cargo de la Dirección Provincial del mismo.

Si no dijo una palabra hasta ahora respecto a los nombramientos cuestionados, ¿significa que está de acuerdo o incluso más, que participó del “proceso de selección” de los nombrados? ¿O acaso pensaba renunciar en disconformidad y no nos enteramos, siendo como es, alguien de perfil tan alto y que ha hecho de su presunta intransigencia con algunas cuestiones una cuestión de principios? Dicen que una vez estallado el escándalo (y solo entonces, recalcamos nosotros) habría ofrecido su renuncia, pero le pidieron que esperara a que pasaran las elecciones, para irse. 

Como dato de color, pero no menor: el artículo 33 de la Ley 13.459 dispone que “El Director Provincial del Organismo de Investigaciones deberá ser nombrado en un plazo que no podrá exceder los doce meses desde la promulgación de esta ley.”. La ley fue promulgada por el transcurso del tiempo en enero de 2015, lo que supone que al ser designado Saín, ya habían transcurrido casi tres años del vencimiento del plazo legal para ocupar el cargo en el que fue nombrado.

La misma ley fijaba otro plazo en ese mismo artículo 33 para conformar la planta funcional del organismo: cuatro años, que se vencieron en enero de éste año (la resolución de Baclini con los 195 nombramientos es de febrero, o sea, vencido el plazo legal). En ese mismp plazo se podía incorporar al Organo de Investigaciones a personal de la Administración Pública, que estuviera revistando en ella al sancionarse la ley (fines del 2014, promulgada en enero del 2015), no ingresado después; como muchos de los 195 “traspasados” por Baclini.

Y siempre hablando de la Ley 13.459, su artículo 13 inciso f), dispone que es función del Director Provincial (el cargo que obtuvo Saín) “cuando se lo requiera el Fiscal General y bajo las condiciones que el mismo establezca, proponer un diseño de organización y gestión interna del Organismo de Investigaciones, conforme a las disposiciones de la presente Ley y de la Ley N° 13.013, propendiendo al uso de nuevas tecnologías, la regionalización, la conformación de equipos de trabajo y promoviendo la coordinación interinstitucional con otras agencias públicas...”.

Por eso debía estar designado a más tardar un año después de la promulgación de la ley, que daba cuatro años para integrar el Organo en su totalidad, con todo su personal. De lo expuesto, de las condiciones en que se produjeron los nombramientos y del silencio que hasta acá ha tenido Saín sobre el tema, no se puede inferir otra conclusión que conocía el “operativo copamiento” orquestado por el socialismo con la complicidad de Baclini, y lo aceptó como condición para ocupar el cargo.Lo que no imaginaba eran sus repercusiones.