LA FRASE

"LOS JUGADORES PODEMOS ESTAR UN AÑO SIN COBRAR, Y SI HICIMOS NEGOCIOS CON PARQUES EÓLICOS, HASTA DOS." (CARLOS TÉVEZ)

lunes, 25 de marzo de 2019

EL SOCIALISMO SE CUIDA LA RETAGUARDIA


Protegidos por el impresionante blindaje mediático del que gozan desde que gobiernan la provincia, radicales y socialistas (socios en el Frente Progresista Cívico y social) se lanzaron desde el primer momento a colonizar la justicia santafesina, colocando gente propia en juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras de apelaciones; sin prisa pero sin pausa desde diciembre de 2007: militantes, dirigentes, funcionarios de ambos partidos cruzaban el charco de la división de poderes (que lo hicieron playito) para aterrizar sin escalas en cargos de jueces, fiscales, defensores y hasta secretarios, funcionarios y auxiliares de la justicia, y del Ministerio Público de la Acusación (MPA), creado con la reforma aprobada durante el gobierno de Jorge Obeid como órgano autónomo.

Por eso al menos a nosotros y al menos acá, no nos sorprende que el 7 de febrero pasado el Fiscal General Baclini haya dictado la Resolución 23 por la cual dispone el traspaso al MPA de 195 personas que se venían desempeñando en distintos ministerios del Poder Ejecutivo provincial (Seguridad, Justicia y Derechos humanos, Desarrollo Social y Salud), al Organo de Investigaciones creado por la Ley 13.459, sancionada a fines del 2014 y promulgada por Bonfatti en enero del 2015, cuando era gobernador.

La resolución viola groseramente la ley, que fijaba un plazo de transición de cuatro años desde su entrada en vigencia (plazo ya vencido al momento de que Baclini la firmara) para traspasar personal que revistara en la Administración Pública al momento de su sanción al nuevo órgano, cuando la mayoría de los designados ahora ingresaron con posterioridad al 2015. 

Siguiendo este enlace pueden acceder al texto completo de la resolución, cuyas imágenes ilustran el post, y conocer la nómina de los 195 designados, en la que pululan los apellidos conocidos, entre los "traspasados": la hermana de la actual candidata a vicegobernadora en la fórmula con el propio Bonfatti (Victoria Tejeda), Bruno Brasca (funcionario del área de Seguridad Deportiva), Alcides Leicker (actual Director Provincial en el Ministerio de Justicia), contratados del Ministerio de Seguridad en la gestión de Maximiliano Pullaro, novias, parientes, secretarias y aledaños de actuales funcionarios del gobierno provincial, militantes del Partido Socialista y hasta candidatos del FPCyS en las elecciones de éste año. 

Apellidos conocidos, dijimos: hay un Baclini (hijo del propio Fiscal General que firma la resolución) y una Erbetta: ¿acaso algún parentesco con el juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, respectivamente? Porque hay una Gramajo que ya se sabe que es la hija del senador saltimbanqui, que pasó del PJ al PRO y ahora al Frente Progresista. Hay más: Corbelini Florencia (hija del ex-jefe de la PDI), Paola Rovetto (candidata a concejal en Capitán Bermudez), Acosta Fain Claudio (Candidato a presidente comunal de Tartagal), Rodríguez Grancelli Mariano (Candidato a concejal de la ciudad de Rosario), Calderón, Ariana (sobrina del ex ministro Superti), Romero, Juan Manuel (yerno de la intendenta de Rosario Mónica Fein), Navarrete Cecilia (secretaria de Ana Viglione, ex Secretaria de Delitos Complejos de Santa Fe.

El caso de Mario Bengoechea (hijo del ex Jefe de la Unidad Regional II de Rosario de la Policía) bate todos los récords: ingresó a la policía como suboficial el 16 de enero de éste año por el Decreto 66 firmado por el gobernador Lifschitz, y es “traspasado” al MPA apenas 22 días después. Pero no es el único: hay otro 17 de los "traspasados" que están en la misma condición, porque ingresaron a la fuerza policial en el mismo decreto.

Antes de eso, Baclini designó en el MPA por Resolución 305/18 (completa acá) a la hija de la diputada provincial Clara García (actual esposa del gobernador Lifschitz), y por otras dos resoluciones de este año equiparó los cargos de los que ahora son designados en el Organo de Investigaciones, con los escalafones vigentes en la Administración Pública, en la policía provincial (aspecto que ampliamos más abajo) y el de los profesionales de la salud Ley 9282: Resolución 24 del día después de la de los "traspasos" (8 de febrero) y Resolución 39 del 22 de febrero. Esto significa que los "traspasados" pasan a cobrar los sueldos que establece la Ley 11.196 para los empleados judiciales, mucho mas altos y eventualmente exentos de pagar Ganancias.


Casi todos los "traspasados" ingresaron a la Administración Pública provincial o la policía después de que el Frente Progresista llegara al gobierno, y la gran mayoría son suboficiales de policía egresados del ISEP (Instituto de Seguridad Pública) que entraron a la Policía por diferentes decretos (958, 3639, 3240) dictados el año pasado, con la excusa de reforzar las tareas de prevención y seguridad: "para que haya más policías en la calle para prevenir el delito". Luego y por la ventana del procedimiento diseñado por Baclini a través de su Resolución 376/17, terminaron entrando al Organo de Investigaciones del MP; desde el grado inicial del escalafón policial y casi sin experiencia laboral previa en tareas de investigación criminal.

Respecto de los que son actualmente funcionarios, o tienen participación política como afiliados al Partido Socialsita e incluso candidatos del mismo para éstas elecciones, las designaciones están violando claramente la Ley 13.459 que creó el Organo de Investigaciones, cuyo artículo 9 inciso a) dispone que "Son incompatibilidades e inhabilidades para ingresar y permanecer en Organismo de Investigaciones: ...todas las establecidas para los empleados judiciales en la Ley Nº 10.160;". La Ley 10.160 (Orgánica del Poder Judicial de la provincia) establece en su artículo 212 inciso 1) que los empleados judiciales no pueden "...actuar en política ni intervenir en actos de propaganda electoral;".

Pero los verdaderos motivos de éste maratón de acomodos políticos en el Organo de Investigación del MPA son otros: entre sus funciones y de acuerdo con la Ley 13.459 artículo 5, el Organo no interviene en la investigación de todo tipo de delitos, sino en los que taxativamente determina la ley, a saber: "Los delitos en los que, “a prima facie”, existan elementos de convicción que hagan suponer la participación de un grupo delictivo organizado;..." (la banda de "Los Monos" ponéle), "Los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias, en el desempeño, con motivo, o en ocasión de sus funciones;..." y (acaso éste sea el caso más importante) "Los delitos con intervención de un funcionario público; ..." (artículo 5 incisos a), b) y c), respectivamente de la ley).

También (y de acuerdo al inciso d) del mismo artículo) puede "Los delitos en los que debido a las características de la comisión del hecho o su repercusión social, o gravedad institucional, o complejidad de la investigación, el Ministerio Público Fiscal disponga la intervención..."; y "En los casos que denotaran conexidad objetiva y/o subjetiva con hechos no previstos en el presente artículo, el Ministerio Público Fiscal, podrá, a los fines de preservar la integralidad de la investigación, disponer que el organismo de investigaciones se avoque a la totalidad de los hechos conexos entre sí. ". Un ejemplo: si un funcionario público fuera acusado no por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, sino por un hecho de su vida privada, como la violencia de género; por haber "conexidad subjetiva" (el delito involucra a un funcionario) el MPA puede disponer que intervenga el Organo de Investigación.

Vista desde acá, la cosa parece más o menos así: ante el miedo/perspectiva/peligro/inminencia (pongan ustedes la palabra que más les guste, de acuerdo con las encuestas que manejen) de que el Frente Progresista pierda las elecciones y deba abandonar el poder que detenta en la provincia desde el 2007, han decidido protegerse la retaguardia, para no tener inconvenientes en el futuro. Porque "ni un hecho de corrupción", "manos limpias y uñas cortas" y "Santa Fe, ejemplo para el país", pero no boludos. Tuits relacionados: 

3 comentarios:

Anónimo dijo...

La venganza del Gobernador y de Pullaro. Como Gutierrez nunca largó los fondos previstos para el MPA, ahora le mandaron su tropa masivamente y que le pague Gutierrez.

Anónimo dijo...

Un aporte:El Bengochea que mencionan no es el hijo del ex jefe policial, sino pariente de éste, que vive en Cayastacito. Lo llamativo es que sus datos en el Banco Central y en otros lugares de información libre y pública, no son accesibles ya que se los coloca como "datos protegidos". Qué raro no?

Anónimo dijo...

el impresentable de Alcides Leicker. Con la banda de Lagos destruyeron las instituciones de Justicia penal juvenil. Reventaron el IRAR. Lo mismo hicieron en la Direccion de Niñez, a su paso destruyeron todo. Despues de hacer tropelias en las instituciones publicas los protegen con sueldos de suculentos