¿Hay algún problema más agudo que deba resolver el gobierno provincial que la inseguridad, o algo que preocupe más a los santafesinos, salvando la situación económica?
¿Hay algún aspecto de la gestión del socialismo que haya sido más desastroso que el de la seguridad, o donde se note más claramente que los seis meses de transición entre un gobierno y otro son una eternidad? Seguramente que no, y por esa razón fue motivo de preocupación del futuro gobernador Perotti durante la campaña, y tras las elecciones, en la transición.
Precisamente por eso, entre las cosas que su equipo de transición les reclamó a las actuales autoridades, estuvo la suspensión de los concursos convocados para los ascensos en la Policía provincial (tan cuestionada en estos tiempos y en los 12 años del socialismo en el poder), en especial en los cargos de mayor jerarquía, como los de Director General, grado máximo del escalafón policial.
La razón es muy sencilla: de acuerdo con Ley Orgánica de la Policía 7395 (Artículo 26) el gobernador puede optar por designar al frente de la fuerza (su Comando Superior, la Jefatura) a un ciudadano argentino, nacido en la provincia de Santa Fe o con un mínimo de un año de residencia inmediata y continua en ella, computado al tiempo del nombramiento, que puede incluso ser un civil.
Pero si opta por designar a un integrante de las fuerzas policiales, el mismo deberá pertenecer a la Policía de la Provincia (no a otras fuerzas) y ostentar la jerarquía de Director General, de acuerdo a la equivalencia de grados que estableció la Ley 12.521 (2006), reforma aprobada durante el gobierno de Jorge Obeid.
Como vemos en el decreto de apertura, el gobierno de Lifschitz hizo caso omiso del pedido de las nuevas autoridades, y no solo siguió adelante con los concursos (tan cuestionados a su vez, hasta judicialmente, en la gestión Pullaro), sino que designó a los nuevos ascendidos a Director General, con retroactividad a enero del 2017.
Como consta en los considerandos, el llamado a concurso (hecho por Pullaro), la cantidad de cargos vacantes a concursar (11) y los ascensos, fueron todas decisiones tomadas por el socialismo en retirada, tras las elecciones generales del 16 de junio en las que fue derrotado.
Acá podemos ver a los 11 ascendidos, algunos de los cuáles (9 en realidad, los que pertenecen al Escalafón General) podrían aspirar a ser el nuevo Jefe o Jefa de Policía de la provincia, si bien no son los únicos que ostentan ese grado. A menos, claro está que, como se dijo, Perotti opte por designar a un civil al frente de la Policía provincial.
Si esto fuera fútbol, se diría que el DT expulsado de la conducción del plantel por malos resultados (Lifchitz y Pullaro) le quieren seguir armando el equipo al nuevo técnico elegido por la comisión directiva para salvarse del descenso.
Para peor, la Ley 12.521 (la reforma de Obeid) disponía en su artículo 121 que a partir del año 2015 quienes pretendían participar de concursos para director general de policía, en cualesquiera de los escalafones y subescalafones, deberían acreditar título universitario; lo cual apuntaba a levantar el nivel de capacitación y exigencia en la conducción de la fuerza policial.
Como el resto de la reforma, el artículo fue ignorado durante el último tramo del gobierno de Bonfatti (cuando la exigencia empezaba a regir) y toda la gestión de Lifschitz, hasta que el año pasado la Legislatura (con el concurso de los senadores del PJ) sancionó la Ley 13.814 , por el cual el requisito se pospuso hasta el año 2020, o sea el primero de la próxima gestión provincial.
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