En la campaña electoral del 2007, en la que el Frente Progresista llegó al gobierno de la provincia tras 24 años de gobiernos del PJ, Hermes Binner prometió a los pseudo sindicatos policiales (APROPOL, luego ULTRAPOL) dejar sin efecto la Ley 12521 del personal policial, reforma democratizadora aprobada durante el segundo gobierno de Jorge Obeid, para poner a la policía santafesina bajo el control del poder político.
Una vez en el gobierno y hasta por lo menos el año 2013, lisa y llanamente la ignoraron, al punto de seguir disponiendo los ascensos policiales con intervención de las Juntas de Calificaciones que venían de la vieja Ley 6769 de los tiempos de Onganía, sin intervención de funcionarios civiles en el proceso.
Después del tiroteo a la casa de Bonfatti y a las apuradas, aprobaron un régimen de concursos para los ascensos que ya estaba en la ley de Obeid, y que en la pŕactica sigue funcionando como las viejas Juntas: los ascensos son masivos, y con retroactividad.
En ese marco la policía santafesina, "atendida por sus propios dueños" durante los 12 años de gobierno del socialismo, tuvo un Jefe preso y condenado por vínculos con el narcotráfico, y un récord de altos oficiales con causas penales por corrupción, enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico.
En el año 2013 y ante una situación de inseguridad que ya por entonces era preocupante, la Legislatura de la provincia sancionó la Ley 13297 de emergencia en seguridad, vetada por Bonfatti en numerosos artículos, en especial los que establecían mecanismos de control de las facultades que se le otorgaban al Poder Ejecutivo. Poco después, la usaron hasta para lanzar el "Plan Abre", que nada tiene que ver estrictamente con las políticas de seguridad pública.
Lifschitz, cuando le tocó gobernar, trató de desentenderse de la responsabilidad de conducir políticamente a la Policía, dictando un decreto por el cual enviaba a la Legislatura las propuestas de designación del Jefe y Sub Jefe, y si esta no se pronunciaba en 30 días, daba por aceptada la propuesta.
Omar Perotti asumió derogando ese decreto, y diciendo en su discurso inaugural en la Legislatura que se terminaba la época de complicidad de la policía con el delito, y del poder político con el delito, y con esa policía cómplice. Algún distraído eligió mirar al costado, o hacerse el sorprendido por la dureza del discurso, como si no hubiera vivido en Santa Fe en estos años.
El nuevo gobernador designó ministro de Seguridad a Marcelo Saín, quien además de ser conocido por lo que piensa en la materia, venía de trabajar en Santa Fe como Director del Organo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, designado durante el socialismo. Ese mismo órgano cuya ley de creación Bonfatti vetó, desnaturalizándola con "vetos propopositivos".
Saín empezó su gestión en el ministerio haciendo lo que dijo que venía a hacer, en paralelo con el discurso del Gobernador en la Legislatura: convocó a un oficial retirado para la conducción de la Policía, pasó a retiro a la mayoría de los jefes de las unidades regionales, ascendió en forma extraordinaria a oficiales de menor graduación y los puso al frente de Asuntos Internos, las TOE (Tropas de Operaciones Especiales) y la Policía de Investigaciones.
Incluso acaba de desplazar a jefes que él mismo había designado en Rosario, ante la creciente ola de hechos de inseguridad. Cirugía mayor, sin anestesia.
El Poder Ejecutivo promovió ante la Legislatura la declaración de la emergencia en seguridad en la provincia, para poder ir más a fondo aun en las transformaciones de la fuerza policial, el Senado aprobó el proyecto con cambios, pero la mayoría del Frente Progresista en Diputados sepultó el proyecto, rechazándolo y mandándolo al archivo sin siquiera girarlo a estudio de las comisiones.
Un homicidio en Rafaela generó una legítima protesta ciudadana, que derivó en piedrazos y agresiones contra la casa particular del gobernador. Saín denunció que militantes del socialismo fueron los responsables de los incidentes.
Los dirigentes y funcionarios del anterior gobierno, con Lifschitz a la cabeza, se indignaron, rechazaron las acusaciones y el ex gobernador quiere llevarlo a Saín a la justicia, para que demuestre sus dichos. Ninguno de ellos hizo lo elemental: solidarizarse con el gobernador por la agresión a su familia, como sí lo hizo el mismísimo presidente de la nación.
Los hechos de violencia, en especial en Santa Fe y Rosario, van en aumento de un modo preocupante en los últimos días, al mismo tiempo que las purgas en la policía provincial, la última de ellas en Asuntos Internos, donde se pretendía ocultar o destruir evidencia de hechos de corrupción que involucran a altos jefes policiales, y que investiga la justicia.
Mientras tanto, la última palabra oficial de las instituciones provinciales, al menos de la Legislatura y de la oposición que tiene mayoría en Diputados, es que en Santa Fe no es necesario declarar la emergencia en seguridad. Ninguno de sus referentes ha salido públicamente a sostener lo contrario, en las últimas horas, ni se han ofrecido a colaborar con el gobierno para atender la grave problemática de la violencia y el delito, reconsiderando si fuera necesario su posición al respecto.
Más allá de lo que digan Saín y los funcionarios del área, crece la sensación entre los medios de comunicación (aun los que asumieron de entrada una actitud de hostilidad hacia el gobierno de Perotti) que la ola de inseguridad está directamente vinculada a los intentos de depuración de la corrupción policial. Lo mismo piensan buena parte de los santafesinos.
Salvo lo indicado en el párrafo precedente, que corresponde al terreno de las opiniones e interpretaciones, el resto son hechos, puros y duros, acaecidos en Santa Fe en los últimos 12 años. En base a ellos, saque cada uno sus propias conclusiones.
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