martes, 28 de enero de 2020

LA OLA ESTÁ DE FIESTA


La suspensión de la fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios aprobada por el macrismo en el 2017, y su reemplazo por las facultades otorgadas al presidente para disponer aumentos a cuenta de una nueva fórmula a aprobarse, es sin dudas el aspecto más discutido de la ley de emergencia que el gobierno de Alberto Fernández logró aprobar en el Congreso, hacia el interior del propio "Frente de Todos", y sus apoyos sociales. 

No faltaron quienes (como Roberto Navarro en ésta nota de El Destape) plantearon con absoluta sensatez que el "corte" del nivel de haberes elegidos para recomponer con aumentos de suma fija (que impactan porcentualmente más en los de haberes más bajos) era discutible si solo primaba el criterio fiscalista; siendo que estaban disponibles otras rentas extraordinarias, de ganadores del modelo macrista, sobre las que el Estado podría avanzar impositivamente, para conseguir recursos: las petroleras y compañías de energía, las concesionarias de servicios públicos privatizados, los bancos.

Profundizando así la línea iniciada con los cambios en las retenciones, en Bienes Personales y en Ganancias, especialmente en el caso de las empresas. Lo hemos dicho antes: acá coincidimos con ese enfoque, y añadimos que las medidas hubieran tenido consenso social amplio.

Por otro lado está lo específicamente inherente al sistema previsional, sus ejes rectores y su financiación. En ese sentido, transcribimos este hilo de Artemio López en su cuenta de Twitter, porque nos parece necesario para enfocar correctamente la cuestión:   

La claridad conceptual de lo que dice Artemio nos exime a nosotros de abundar en cuestiones que ya hemos dicho muchas veces acá: no hay sistema de seguridad social en el mundo que se financie exclusivamente en base a los aportes de empresarios y trabajadores y sin auxilio de impuestos afectados a ese fin, por ende la discusión es quien paga esos impuestos; al menos si estamos de acuerdo en que hay que sostener un sistema jubilatorio universal y de reparto. El mismo Artemio lo dice.

Y al interior del sistema previsional, la cuestión en todo caso es discutir si se prioriza el componente inclusivo (es decir, la tasa de cobertura del sistema), o el sustitutivo (o sea en que medida o porcentaje el haber de pasividad replica el sueldo del trabajador en actividad). El primer criterio es claramente solidario, y ha sido el que tradicionalmente sostuvo el peronismo; ni hablar de las experiencias de los gobiernos kirchneristas: las moratorias previsionales cumplieron esa finalidad, para reparar los estragos producidos por el menemato en los 90' (y su continuidad en el gobierno de la Alianza) sobre el mercado laboral.

Esa misma filosofía fue -sin dudas- la que inspiró a la reciente ley de emergencia, y a los aumentos dispuestos por decreto, antes de que se apruebe una nueva ley de movlidad: podemos discutir en todo caso (como dijimos más arriba) la financiación, o el nivel de "corte" respecto a lo que se consideran jubilaciones rezagadas o no; no el sentido de la política previsional, que es el que entendemos correcto.

La lógica contraria (es decir, la que pone el énfasis en el componente sustitutivo del salario que tiene la jubilación) tributa a una idea individual más propia de un sistema de capitalización que uno de de reparto, y reproduce en la vida de pasividad las desigualdades que en actividad impone el mercado del trabajo, fruto a su vez del modelo productivo o de desarrollo. 

La máxima expresión de eso es el 82 % móvil, insólitamente sostenido como bandera por expresiones políticas "progresistas", o de izquierda; y en el medio podemos mencionar experimentos como la "reparación histórica" diseñada por el macrismo, que agravó las desigualdades retributivas entre jubilados, para terminar de agravar la crisis de financiamiento del sistema de seguridad social, sin tener al mismo tiempo la voluntad de gravar impositivamente a los sectores con mayor capacidad contributiva para financiarlo: más bien hizo todo lo contrario, en sus cuatro años de gobierno.

Y esa lógica "sustitutiva" que prevalece en el sentido común instalado por sobre la de la inclusión y ampliación de la cobertura al máximo posible, tiene su correlato en la judicialización de demandas del segmento más acomodado de la clase pasivo, que ponen en riesgo el financiamiento estructural del sistema. Pasó durante el kirchnerismo con los fallos "Badaro 1", "Badadro 2" y "Eliff" de la Corte Suprema de Justicia de la nación, luego amortiguados con la sanción de la Ley 26417 de movilidad en el 2008, durante el primer mandato de Cristina.

Pasó nuevamente con la "reparación histórica" del macrismo (cuyo objetivo teórico era, precisamente, disminuir los niveles de litigiosidad), y volvería a pasar ahora, al menos a estar por lo que cuenta acá Gabriel Morini en Ambito: la Corte tiene en sus manos dos causas emblemáticas al respecto (una viene del mismo tiempo que "Badaro", es colectiva y promovida por la Defensoría del pueblo, la otra tiene que ver con la inconstitucionalidad de la reforma macrista), y estaría dispuesta a usarlas justo ahora, cuando el gobierno piensa como salir de la emergencia, con un nuevo régimen de movilidad de los haberes jubilatorios.

Párrafo aparte para la actitud de los cortesanos que, en éste como en otros temas, barren las cosas bajo la alfombra empeorando de ese modo las cosas: un fallo oportuno durante el macrismo hubiera repuesto las cosas al estado previo a la reforma del 2017, creando otro escenario en el presente; porque la fórmula Boudou -por caso- combinaba la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad, con la evolución de los recursos de la ANSES, y la tasa de inclusión del sistema, sacando del cálculo la inflación. En un contexto de crecimiento económico, permitió que los jubilados ganaran poder adquisitivo, porque los aumentos le ganaron a la inflación.

Lo cierto es que, más allá de los plazos que se fijó a si mismo en la ley de emergencia, el gobierno deberá encontrar más temporano que tarde una solución al problema; porque está claro que no logrará evitar la "ola de juicios" (ni hablar si decide avanzar como ha anunciado, en la modificación de ciertos regímenes jubilatorios de privilegio), y si persiste en la idea de "achatar" la pirámide jubilatoria (insistimos, idea correcta, pero que debe ser correctamente instrumentada), es posible que la estimule, como cuenta la nota.

Como fuere, es la propia realidad la que lo vuelve a poner en el punto de partida de la discusión tal como estaba cuando ingresó al Congreso el proyecto de ley de emergencia: ¿no será la hora de reconsiderar opciones sobre la financiación del sistema de seguridad social, para poder sostener con mayor legitimidad política la idea de priorizar a los haberes más bajos, para que vayan recomponiéndose a un ritmo mayor que los restantes? Eso, sin considerar las implicancias de la solución que se elija en orden a poner en marcha los motores de la demanda agregada, para superar la recesión que nos legara el macrismo. Tuit relacionado:

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