SOJALISMO

 

Saglione, el ex ministro de Economía de Lifschitz, perfectamente podría estar en la Fundación Libertad o asesorando a la Sociedad Rural. Tiene el mismo discurso: https://t.co/S74OfdGwG9

— La Corriente K (@lacorrientek) January 16, 2021

¿Éste muchacho fue funcionario de los gobiernos que se oponían a las retenciones pero cobraban el Fondo Soja, o es otro con el mismo apellido?

— La Corriente K (@lacorrientek) January 16, 2021

"Mucho se ha dicho y escrito sobre el impacto económico de los derechos a la exportación (retenciones) que se aplican sobre el poroto de soja. En el presente artículo, no se indaga sobre el efecto de las retenciones en la rentabilidad sectorial sino en el impacto negativo que dicho tributo genera sobre la configuración de un país más federal." (O sea, mucho se ha escrito sobre el tema, pero desde la óptica que a él no le interesa escribir: como discutir la apropiación de parte de la renta agraria diferencial y los niveles de rentabilidad extraordinaria del sector. Por eso se escapa por la tangente del federalismo) 

"A diferencia de otros impuestos en los que el contribuyente tiene que destinar una parte de sus ingresos para dar cumplimiento a su obligación tributaria, en el caso de las retenciones (derechos de exportación) el impuesto actúa reduciendo el ingreso percibido por el productor. El "pago" del impuesto por parte del productor sojero es menos visible, ya que asume la forma de ingreso no percibido. En presencia de retenciones, el ingreso percibido por la venta de una cantidad dada de soja es inferior al que se hubiese recibido si éstas no existieran." (Pero eso no es consecuencia del diseño de las retenciones, que las pagan los exportadores, sino del manejo de éstos, que las descuentan del precio pagado al productor. Eliminándolas -como pide el campo privilegiado y subyace implícitamente en la nota- esa rentabilidad "recuperada" se la quedan los exportadores, sin garantías de que coparticipen parte con el productor)

"La norma hoy vigente define la aplicación de un derecho a la exportación de soja del 33%. Es decir, por cada U$ S 100 exportados, U$ S 67 quedan en manos del exportador y U$ S 33 en manos del Estado nacional (que no lo coparticipa con los gobiernos locales)." (Los derechos de exportación -el nombre técnico correcto de las retenciones- son recursos propios del Tesoro nacional que no se coparticipan a las provincias, desde 1853, en de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Nacional, no modificado hasta hoy. De eso -nacionalización de las rentas aduaneras- se trataron en esencia las guerras civiles entre 1810 y 1866, por lo menos. La única excepción al respecto fue el Fondo Federal Solidario, o "fondo soja" creado por Cristina en su primer gobierno tras el conflicto con las patronales agrarias, por el DNU 206/09. Coparticipaba con las provincias el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados. El socialismo se opuso primero a las retenciones y luego se abstuvo en la votación en el Congreso para ratificar el DNU. Sin embargo Binner por Decreto 486/09 adhirió al Fondo, y recibió y gastó sin chistar la parte que le correspondía a Santa Fe. Siendo Lifschitz gobernador y el autor de la nota Ministro de Economía de la provincia, firmaron el Pacto Fiscal propuesto por Macri, que eliminó el fondo sojero)

"Apelando a la simplificación, podemos plantear que si una tonelada de soja se puede exportar a U$ S 500 y el tipo de cambio (precio del U$ S) es de $ 85, por cada tonelada exportada se debería recibir un ingreso de $ 42.500. Sin embargo, al aplicarse derechos a la exportación, se recibe $ 28.475. Como el exportador recibe un menor monto por cada tonelada exportada, traslada esa retención al precio que paga al productor sojero (traslación regresiva, hacia atrás en la cadena de valor, del impuesto)." (A confesión de partes, relevo de prueba: los que pagan las retenciones y reducen sus ingresos son los exportadores, y trasladan esa pérdida al productor, con rebaja del precio. Pero eso no se resuelve eliminando las retenciones, sino regulando la cadena de comercialización. Y nada de todo esto tiene un pomo que ver con el federalismo del que habla el título de la nota)

"Para la actual campaña 2020/21, se estima que la economía santafesina producirá aproximadamente 10 millones de toneladas de soja, suponiendo una superficie sembrada de 3 millones de hectáreas y un rinde promedio de 3,4 toneladas por hectárea. En base a estos parámetros de cálculo, el ingreso "sacrificado" por los productores santafesinos a causa de la aplicación de las retenciones a las exportaciones de soja se sitúa en torno de los $ 140.000 millones. Esa es la masa de recursos que dejan de recibir los productores santafesinos y, por ende, la economía santafesina en su conjunto." (Acá ya pasamos de defender subrepticiamente -y no tanto- la rentabilidad de los exportadores, a suponer que, como se decía en los piquetes agrarios del 2008, "el campo somos todos". O en clave más actual, "Vicentín somos todos") 

"Si esos $ 140.000 millones llegaran a manos de los productores agropecuarios santafesinos, con tales recursos tomarían decisiones de consumo, ahorro e inversión que necesariamente impactarían positivamente sobre el resto de los sectores de la economía provincial. Sin embargo, por efecto de las retenciones, tales fondos se destinan a financiar los gastos del presupuesto nacional." (También podrían -como lo hacen cuando pueden- fugarlos, comprar dólares y guardarlos en un colchó, o irse de viaje al extranjero; todas decisiones que "no necesariamente impactarían positivamente sobre el resto de la economía provincial. La suposición nuestra tiene la misma base de datos que la suya: ninguno. El último párrafo sugiere que está a favor de desfinanciar al Estado nacional. Pensar que éste tipo fue ministro de Economía, claro que de una provincia. ¿Planteará secesionarla?) 

"Ahora bien, si la distribución del gasto público nacional compensara a la economía santafesina por esa significativa extracción de recursos que suponen las retenciones sojeras, el debate se centraría en los intereses sectoriales del sector agrícola respecto de otros sectores de la economía beneficiados por el gasto público que con su recaudación se financia. Sin embargo, una simple observación del presupuesto nacional 2021 nos permite afirmar que tal compensación en favor de la economía santafesina no existe. (Pasados más de dos tercios de una nota que en el título promete hablar sobre el federalismo, aparece el primer párrafo con un tema "federal". Eso sí: empieza diciendo que las retenciones son una "significativa extracción de recursos", es decir que está a favor de bajarlas, o eliminarlas. Tampoco se entiende por qué el presupuesto nacional -o sea, votado para todo el país- tiene que "compensar" a Santa Fe -o sea una sola pñrovincia- por algo)

Si observamos, por ejemplo, que la inversión pública proyectada para todo el 2021 por parte del gobierno nacional asciende a $ 18.472 millones, lejos está eso de compensar los $ 140.000 millones de ingreso sacrificado por los productores santafesinos. Dicho monto representa 7,5 veces la inversión que el este año tiene presupuestado el gobierno nacional en territorio provincial." (Claro, pero la inversión es solo un componente del gasto del Estado nacional, en territorio de Santa Fe. Tomando las cifras del Presupuesto Nacional 2021 -verlas acá- la nación gastará en Santa Fe 340.265 millones de pesos, o sea casi dos veces y media lo presuntamente recaudado por retenciones, originadas en explotaciones agropecuarias o exportaciones producidas en su territorio. De ese total, 264.828 millones, o sea el 77,83 % del total, es el gasto de la ANSES, en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la AUH; rubros que Saglione -pese a ser ex ministro de Economía- ni siquiera menciona en la nota. Más de 87 de cada 100 jubilados santafesinos cobran sus haberes de la ANSES. Y esos sí gastan, consumen y pagan impuestos acá, haciendo girar la economía)   

"La comparación se agrava si se realiza con lo efectivamente invertido durante 2020. Según datos de ASAP, al 31/10/2020 la inversión pública nacional en Santa Fe ascendió a $ 5.738 millones (obras públicas ejecutadas en forma directa por el gobierno nacional y transferencias de capital al gobierno provincial). Mientras muchas localidades santafesinas siguen esperando la construcción de acueductos que le provean agua potable de calidad a sus habitantes, desde sus campos se aportan miles de millones de Pesos que se destinan a sostener financieramente las inversiones que AySA ejecuta en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Según datos de ASAP, al 31 de octubre de 2020 el presupuesto nacional asignó $ 6.157 millones a dicha empresa para financiar obras de distribución de agua potable y saneamiento cloacal." (Se agrava, pero en contra de él. Sin contar con que toma como comparación un año de pandemia, no parece mucho dinero 6157 millones de pesos para una empresa que es del Estado nacional, y brinda servicios en un área habitada por unos 19 millones de personas, más o menos. El presupuesto de ASSA -la empresa provincial de agua potable, saneamiento y cloacas que brinda servicios solo a 1,8 millones de santafesinos en apenas 15 localidades de una provincia con 365 localidades y 3,5 millones de habitantes, es de casi 9350 millones, o sea un 51,86 % más)   

"La construcción de un país federal exige abordar estos debates con absoluta claridad, explicitando las millonarias transferencias de recursos que existen desde una región del país hacia otras. La construcción de un país más federal nos obliga a generar las condiciones de vida que eviten un progresivo proceso de migración desde el interior hacia los grandes centros urbanos." (La construcción de un país federal exige con criterio equitativo los recursos que el modelo productivo desequilibrado con eje en la pampa húmeda genera, para lograr un desarrollo equilibrado. Es todo lo contrario de lo que plantea la nota, y lo que exige la Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 2) tercer párrafo, justamente cuando habla de la coparticipación: "La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. ". Con el razonamiento de Saglione -quien, reiteramos, fue nada menos que Ministro de Economía- los impuestos nunca podrían tener efectos redistributivos ni en lo social, ni en lo regional: cada uno recibiría en proporción a lo que pone. Un socialismo raro, el sojalismo santafesino)  

(Las negritas son nuestras, el texto completo de lo que bien podría ser un documento de la Mesa de Enlace, o una ponencia en el Congreso de Economía de la Fundación Libertad, acá en El Litoral)