jueves, 1 de julio de 2021

EL REY ESTABA DESNUDO

 


Es muy posible que en su paso por el Ministerio de Seguridad, Marcelo Saín no haya mejorado la situación grave que padece Santa Fe desde hace mucho tiempo al respecto. Porque de ser así, seguramente seguiría en su cargo, con o sin audios polémicos. Pero lo curioso es que, a más de tres meses de haber cesado en sus funciones, buena parte de la política y el aparato judicial santafesino discuten no sobre su gestión, sino sobre su persona, y sus dichos en audios de whatsapp.

Y han armado todo un dispositivo tendiente a impedirle retomar sus funciones a cargo del Órgano de Investigaciones del MPA, la "policía judicial". Una aspiración que, como marcan los tuits de apertura del amigo Gustavo Castro, tuvo ayer un duro golpe cuando una jueza laboral de Rosario le hizo lugar a su amparo para impedir que se reuniera la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura para suspenderlo en sus funciones, paso previo a su posible destitución.

Para así decidir, la jueza tuvo sustancialmente en cuenta que el Fiscal de Estado (que representaba en el pleito a la provincia) se allanó a la demanda de Saín, previamente instruido para eso por un decreto de Perotti, que se mete así de lleno en el conflicto de poderes desatado en la provincia. Ayer la Corte Suprema provincial y en votación dividida, había ratificado la constitucionalidad de la reforma introducida en el 2017 a la ley del MPA, por la que se le traspasaron a la Legislatura las atribuciones para juzgar y sancionar a los fiscales.

Lo que sostuvo Perotti en su decreto es que al pretender suspender a Saín en su cargo en el MPA por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como ministro se estaba violando el principio del "non bis in ídem" ("nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa"), que tiene raigambre constitucional. En efecto, hace poco la propia Legislatura archivó un proceso de juicio político contra Saín por los mismos hechos, por la simple y sencilla razón de que ya no es ministro.

Tanto en el decreto del gobernador como en la presentación que en su consecuencia hizo el Fiscal de Estado en la justicia, no se emite opinión sobre el sistema de sanciones a los fiscales aprobado en el 2017 por una entente de ocasión de radicales  (de Cambiemos y del Frente Progresista), socialistas y senadores del PJ en la Legislatura, a tambor batiente y para impedir que avanzaran en la justicia investigaciones que involucraban a todos ellos.

Sin embargo antes, el mismo día en que asumió como gobernador y en su mensaje inaugural en la Legislatura, Perotti señaló que se terminaban en Santa Fe las complicidades de la política con el delito, y parece que muchos no lo tomaron en serio. Después, con Saín en funciones, pasó lo que pasó: las investigaciones sobre el juego clandestino y el lavado de dinero, crímenes asociados a esto último como el de Oldani, sospechas que salpicaban a Traferri y eventualmente más personajes de la política local, un par de ex funcionarios de los gobiernos del Frente Progresista y fiscales del MPA detenidos por vínculos con el delito.

Es como si el ex ministro -cuya gestión, reiteramos, nadie está discutiendo a punto tal que las leyes que pergeñó y envió el Ejecutivo duermen en los cajones de la Legislatura, sin siquiera dictamen de comisión- y el propio gobernador en su mensaje inicial hubieran puesto de manifiesto que el rey estaba desnudo,o que el "modelo Santa Fe" que se ponía de ejemplo de calidad institucional para todo el país, estaba podrido por dentro, aunque luciera brillante por fuera. Ese modelo que añoran las vacas sagradas del periodismo local, como Mauricio Maronna, también "desangelado" por Saín.

Dicen que hay gran malestar en la justicia y en el MPA con los procederes cuasi mafiosos de la mayoría de la Legislatura, que no pueden sino ser leídos como una advertencia (apriete) a futuro para cualquier fiscal que se decida a investigar al poder político, y sus vínculos con el delito. La propia Corte quedó en falsa escuadra por su voto dividido, y los vínculos de Rafael Gutiérrez con Traferri.

El mismo Gutiérrez cuya esposa fue designada durante el socialismo como Defensora General, previo desplazamiento de quien había ganado ese cargo por concurso (Gabriel Ganón) en un proceso tan bochornoso como el hoy seguido contra Saín, por los mismos sectores de la política santafesina.  Y el entrelazamiento entre éstas dos situaciones denota hasta que punto reinó por años la hopocresía en Santa Fe: en el gobierno de Binner allá por el 2009, se sancionaron con bombos y platillos la Ley 13013 (del Ministerio Público de la Acusación) y 13014 (del Servicio Público de la Defensa Penal).

Ambas ponían en marcha la reforma del proceso penal provincial iniciada durante el gobierno de Jorge Obeid en 2007, con la Ley 12734, y fueron presentadas como un ejemplo para el país. Luego en 2014 (gobierno de Bonfatti) se sancionó la Ley 13459 que creó el Órgano de Investigaciones del MPA. El primer Defensor General designado por concurso fue Ganón, y el primer director del OI (también por concurso) fue Saín; en ambos casos durante los gobiernos socialistas.

Ganón denunció torturas y apremios ilegales a los detenidos en las comisarías provinciales, y la corrupción policial; y el favoritismo del entonces presidente de la Corte (Gutiérrez) en las designaciones en la justicia. Saín. como sabemos por ser más recienmte, los vínculos con el delito de buena parte de la política local e incluso los fiscales locales y regionales del MPA, todos ellos designados durante los gobiernos del Frente Progresista. Ambos fueron perseguidos por los denunciados por decir que el rey estaba desnudo, y Ganón ya no está en el cargo.

Lo cual dice mucho acerca de las convicciones de nuestros "republicanos" sobre la independencia de la justicia, y la calidad de las instituciones con la que se llenan la boca. Tuit y nota bochornosa relacionados: 

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