miércoles, 7 de agosto de 2024

NO SE ESTARÍA LOGRANDO

 

Cuando arrancaba el gobierno de Pullaro, te contábamos acá como el gobernador había logrado la declaración por la Legislatura de cinco emergencias, entre ellas en seguridad. Decíamos entonces que "...lo que se busca esencialmente es una excusa para hacer contrataciones sin molestias burocráticas, como tener que llamar a licitación, y excluyendo las normas generales a las que el Estado debe sujetarse para eso.".

Comentando el Decreto 219 por el cual Pullaro reglamentó los procedimientos de contratación en el marco de las emergencias declaradas, decíamos que "...en lugar de definir la ley (como la hace la Ley 12510) cual es el procedimiento a seguirse de acuerdo al monto del contrato y demás circunstancias del caso, son los funcionarios encargados de llevar adelante de la contratación los que lo hacen, en base a su propio criterio y sin más limitaciones que las generalidades gaseosas del decreto.  Que es igual de gaseoso en el resto de su articulado a la hora de decir como es una "licitación abreviada", o que deja en definitivas en su artículo 8 librado al criterio de los funcionarios intervinientes las formas de difusión y publicidad de los llamados, o la justificación de los criterios (artículo 16) en base a los cuáles se seleccionan las propuestas más convenientes y se adjudican los contratos.".

En el caso de la "licitación abreviada" lo que sucede es que los tiempos de publicidad y difusión del llamado son menores a los habituales, y el mecanismo ya se usó para la compra de 700 patrulleros para la Policía, luego de que otros 100 se compraran en forma directa.

Y se volvió a usar ahora para la compra de 500 motos para la Policía, como se puede ver en las imágenes que ilustran el post. Según consta en los considerandos del Decreto 1128 por el cual se resolvió la adjudicación, se apeló a ese mecanismo (la licitación abreviado) porque permite hacer las cosas más rápido, pero -atención a esto- "manteniendo un nivel adecuado de competencia entre los posibles proveedores;", según dice el decreto.

Cosa que es muy relativa: ya vimos acá que en el caso de los patrulleros lo que sucedió fue que hubo dos empresas (de las tres que se presentaron) que repitieron exactamente la misma cotización en la compra directa, y en las dos convocatorias de la licitación abreviada (las primera y la mejora de ofertas convocada después). Para que se entienda; cotizaron exactamente lo mismo las dos, hasta en centavos, en tres oportunidades: la competencia te la debo.

Y volvió a pasar ahora -y peor- con las motos, como pueden ver cotejando el decreto, el acta de apertura de las ofertas -que va abajo- y el informe de preadjudicación en el que se basó Pullaro para resolver a quienes les compraba las motos:

Para que se entienda: se presentaron tres empresas, cada una de ellas no cotizó por el total de lo que se quería comprar (500 motos), sino por una tercera parte, y las tres cotizaron lo mismo por cada moto, hasta en los centavos. La diferencia mínima de una es porque cotizó una moto menos, ya que la cantidad a comprar no era exactamente divisible por tres, como hubiera sido si compraban 501.

La preadjudicación (ver abajo) se basó en informes de funcionarios policiales que señalaron que las ofertas "cumplen con todo lo requerido en el pliego de bases y condiciones", y se agrega en el acta que las ofertas "son convenientes", sin otra precisión que nos permita saber como evaluaron la conveniencia, y en relación a que: ¿al precio promedio del mercado, al precio para unidades similares a las adjudicadas (que ni siquiera se mencionan cuáles son, marca y modelo) más el equipamiento específico para las tareas policiales, comparadas con el presupuesto oficial que ni siquiera se menciona o se consigna si lo hubo o no?

Elija (o imagine) cada uno lo que mejor le parezca, pero lo cierto es que en esta nueva "licitación abreviada" lejos de estar "manteniendo un nivel adecuado de competencia entre los posibles proveedores" como dice el decreto, lo que más bien parece es que hubo una cartelización de los oferentes para repartirse la adjudicación, consentida por el gobierno.

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