A veces la continuidad de los juicios por las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura se nos hace -al común de nosotros, no a las víctimas o sus familiares- algo común o rutinario; y perdemos la perspectiva de los tiempos históricos que nos tocan vivir.
Perdemos de vista que somos contemporáneos de la clausura de la impunidad, y del lento pero decidido avance de la memoria, la verdad y la justicia sobre lo más oscuro de nuestro pasado.
Entre ayer y hoy, dos hechos vinieron a despertarnos -por su magnitud, por su trascendencia simbólica- esta reflexión, para dejar de lado por un rato el debate político por los asuntos cotidianos (hoy por ejemplo dominado por la recuperación de YPF), o en todo caso para poner ese mismo debate en su justa perspectiva: las grandes discusiones políticas en las que nos embarcamos los argentinos desde el 2003 son el signo de una época marcada por la vuelta de la política a la agenda de la gente común, y el redescubrimiento de que siempre formó parte de ella, pero nos habían enseñado a ignorarla.
La política de derechos humanos asumida por el kirchnerismo (otorgando la legitmidad estatal a lo que hasta el 2003 era una pelea desigual en soledad o escasa compañía de los organismos) expresa el más alto listón ético de esa recuperación de la política: se puede pensar que sin haber asumido el imperativo moral de perseguir memoria, verdad y justicia, ninguno de los logros materiales y simbólicos colectivos de los argentinos obtenidos en éstos agitados años (y bienvenido que así sea), tendría su auténtico y verdadero sentido.
O a la inversa, podemos decir que esos logros son el resultado de la tenacidad de impulsar para el país un rumbo político illuminado por la política de derechos humanos, y tributario de la tradición, ideas, testimonio y convicciones que nos legó la generación segada por el terrorismo de Estado; el orden de los factores tampoco en éste caso altera el producto.
La apertura del juicio por la masacre de Trelew nos remonta incluso más allá de la última dictadura y su aparato de terror, pero se nos presenta claramente como un horroroso ensayo general de lo que luego sería un plan sistemático y organizado de violación de los derechos humanos más elementales.
Y también expone las complicidades que aun hoy hay que vencer en la justicia, para que los genocidas asesinos paguen sus culpas; junto con la hipócrita moral de los proclamados defensores de la democracia y los derechos humanos.
Como los EEUU, que no ratifican ni cumplen ningún tratado importante de protección de esos mismos derechos, no reconocen la jurisdicción de tribunal internacional o nacional alguno encargado de hacerlos respetar y se niegan a extraditar para ser juzgados a criminales como algunos de los fusiladores de Trelew, en reconocimiento por inconfesables servicios prestados.
La citación a indagatoria de Blaquier (dueño del ingenio Ledesma, uno de los más potentes símbolos de la explotación de los trabajadores en la Argentina) para responder por los crímenes cometidos en su empresa durante la última dictadura (comenzando por los del tristemente célebre apagón), marca un hito decisivo en el lento y trabajoso proceso de derribar el muro de impunidad construído en torno a los socios y beneficiarios civiles del terrorismo de Estado.
Que comenzó con la detención de Martínez de Hoz, o la exposición pública de la apropiación de Papel Prensa por los dueños de Clarín y La Nación.
Que no casualmente están -cada día más- bajo un estado de emoción violenta en su furia contra el gobierno.
Es que hechos como la citación de Blaquier encienden alarmas: se han caído en estos años tantos muros que por años parecieron infranqueables, que -más tarde o más temprano- también a ellos les llegará su hora.
Porque está en el clima de esta época maravillosa que -con sus luces y sus sombras, no hay edades doradas en la historia- nos ha tocado en suerte vivir, aunque muchas veces no nos demos cuenta.
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