ADRIÁN VERDURA, Y EL NOMBRE OCULTO DE LAS COSAS

Leemos en la tribuna de doctrina a Adrián Verdura, en otro capítulo de su escalada para sembrar el terror respecto al alcance de las reformas a la justicia propuestas por el gobierno; en éste caso en lo que tiene que ver con el proyecto de regulación de las medidas cautelares.

En sus intervenciones en TN, los fantasmas eran: se van a morir los jubilados esperando cobrar, aumentará el boleto del colectivo un mil por ciento, el gobierno podrá quedarse con su departamento o su caja de seguridad, y cosas por el estilo.

Pero ahora va a los bifes, y se detiene en lo que le importa, a él y a sus auspiciantes.

Omitiendo que cada vez que se consideró a una actividad de interés público, se lo hizo por ley con el correspondiente debate en el Congreso: así pasó por ejemplo con Papel Prensa, y con la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos; cuando se expropió el 51 % de las acciones de YPF.

Como también omite que muchas actividades que podrían considerarse de interés público (lo que supone que estén reguladas por el Estado) lo son porque no se pueden desarrollar sin una previa intervención del Estado autorizándolas aunque no sean en sentido estricto un servicio público; como por ejemplo los taxis o las farmacias. Ni hablar los bancos y entidades financieras; y los medios de comunicación.

Y otras que perfectamente podrían considerarse de interés público (y por ende, sujetas a necesaria regulación estatal), lo son porque antes estaban en manos del Estado, y fueron traspasadas al sector privado durante el festival de privatizaciones de la década menemista; como por ejemplo la fabricación de acero que estaba a cargo de SOMISA.

De modo que tras los dolientes reclamos por jubilados, ahorristas y pasajeros del bondi que se verían supuestamente afectados por el proyecto sobre las cautelares, lo que le preocupa a Verdura es por ejemplo que el Estado (pidiendo una cautelar) pueda impedir que Siderar desmantele un horno de laminación esencial para producir acero en el país, o la Comisión Nacional de Valores impida que una asamblea de accionistas de Papel Prensa vuelva a fijarles honorarios siderales a los directores, o impedirle a los accionistas minoritarios (como el mismo Estado) designar síndicos en la comisión fiscalizadora. 

De paso, es oportuno recordarle a Verdura que la actividad de las bolsas y mercados de valores ahora está regulada por una ley del Congreso; a la que desde estos mismos medios se opusieron, con similares argumentos. 

De cualquier modo, como Verdura no le pone nombre a sus preocupaciones, lo hacemos nosotros siguiendo  el orden de los rubros mencionados en el parrafito destacado con el recuadro azul: Papel Prensa, La Serenísima, Quickfood, Grupo Clarín y Tenaris-Siderar (del Grupo Techint).

Como decía la presentación de "Tiempo Nuevo", "estas empresas, a las que les interesa (quedarse con) el país...".