Aun antes de que Cristina formalizara ayer los anuncios sobre los proyectos de reformas en la justicia que impulsa el gobierno, y tal como lo señalábamos acá, desde todo el arco opositor salieron en bloque a enfrentarlos, en la enésima versión del "no se de que se trata, pero me opongo".
Y dentro del vasto conglomerado de la opo, no podían faltar los rezongos de los radicales y socialistas, que por esas cosas del destino, gobiernan desde el 2007 esta invencible provincia de Santa Fe.
Hablando de radicales, acá Barletta deja en claro su opinión: lo único que le interesa al gobierno es controlar la justicia, quiere controlar a la Corte Suprema de Justicia con las nuevas Cámaras de Casación (?), y que la justicia dictamine todo como quiere el gobierno.
Antes de eso, Binner y la mesa nacional del socialismo (ver acá) dijeron cosas parecidas, o peores: las reformas propuestas "son alarmantes", "van en sentido contrario a la transparencia" (aunque se pretenda publicar en Internet el estado de las causas judiciales, o la declaración jurada de los jueces), y la nueva reforma del Consejo de la Magistratura es para "ampliar el control que el Poder Ejecutivo ya ejerce sobre el mismo" (??).
Hasta ahí, nada nuevo, la previsible y repetida respuesta de la oposición, a cada iniciativa del gobierno.
Sin embargo como ésta gente gobierna la provincia, y por ende tiene que lidiar con la relación con el Poder Judicial, cabe preguntarse que han hecho al respecto en ese caso; para evaluar en que medida son coherentes con las críticas que le formulan al gobierno nacional.
En Santa Fe el Consejo de la Magistratura no tiene rango constitucional, ni siquiera legal: fue creado por un decreto del gobernador Reviglio en 1990, y desde entonces permaneció siempre en la órbita del Poder Ejecutivo, con escasas modificaciones en su funcionamiento; hasta que en diciembre del 2007 llegó al gobierno el Frente Progresista Cívico y Social.
Desde entonces, la reglamentación de funcionamiento del Consejo fue modificada ocho (8) veces, por sendos decretos de Binner y Bonfatti; el último de ellos éste de diciembre del año pasado.
En esas ocho reformas, toquetearon absolutamente todo: la composición de los jurados de los concursos para elegir los jueces, las atribuciones que se otorga a los jurados y las que se reserva el gobernador, los mecanismos para asignar puntajes a los aspirantes a jueces y fiscales, o el puntaje mínimo exigible para poder seguir participando de los concursos; y eventualmente ser propuesto para ocupar cargos en la justicia.
Y todas las reformas tuvieron un norte común: sacar provecho de la experiencia de concursos anteriores, para modificar las reglas de juego (a veces sobre la marcha de un mismo concurso) para que ganaran los caballos del comisario propuestos por radicales y socialistas.
A las pruebas nos remitimos: rebajaron los puntajes mínimos exigibles para que pudieran seguir en carrera para cargos en la justicia ex funcionarios políticos de la gestión de Binner, designaron en cargos claves del Ministerio Público de la Acusación a ex dirigentes y funcionarios radicales, a los que protegen además cajoneando gravísimas denuncias en su contra, y hasta el propio Barletta (tan ofendido ahora por el avance kirchnerista sobre la justicia) logró colocar a su hijo (hasta entonces, socio en el estudio jurídico de Jauchen, el defensor de Tognoli) en un cargo clave del órgano que agrupa a los fiscales; siempre a través de concursos con reglas digitadas a medida.
Como si todo eso fuera poco, ubicaron al ex Fiscal de Estado de Binner (radical él) como Procurador General de la Corte Suprema, ya en el gobierno de Bonfatti; del cual era asesor hasta poco antes de asumir.
Y el hombre llegó al cargo precedido por su desempeño como Fiscal, en el cual convalidó todos los desaguisados del gobierno de Binner: las contrataciones directas de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario, de la impresión de las boletas únicas con Boldt y AGL y de la tarjeta magnética de los planes sociales con el Banco Municipal de Rosario, el subsidio a los hospitales municipales rosarinos y el convenio con la Unión Europea por el Plan Estratégico sin intervención de la Legislatura; o los ascensos policiales por las Juntas de Calificaciones.
Por no decir que el principal proyecto de democratización de la justicia de Santa Fe (la implementación del nuevo Código Procesal Penal sancionado en 2007) sigue pendiente, y ha tenido más de seis prórrogas (algunas por decreto del gobernador), desde entonces.
Eso sin contar que el gobierno del Frente Progresista lo que ha hecho básicamente para implementar la reforma, es acomodar radicales, socialistas y afines en los nuevos órganos creados por ella (la Acusación y la Defensa): nada de edificios, nada de computadoras y equipamiento para los juzgados, poco y nada de cubrir las muchas vacantes que existen en la justicia, y tienen colapsado al Poder Judicial de la provincia; con fuero con atrasos fenomenales en la tramitación de las causas.
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