¿QUÉ ESPERAMOS PARA SALIR DE AHÍ?

Leemos en Tiempo Argentino: "Si la propuesta del mediador chileno por parte de Repsol debe entenderse como un claro desafío de la demandante al país, la designación que efectuó el Banco Mundial, de Claus von Wobeser como presidente del tribunal, es la demostración palmaria de que el CIADI está hecho a la medida de las empresas que litigan contra los Estados nacionales de los países en vías de desarrollo alrededor del mundo.

Von Wobeser, encargado de dictaminar en el caso YPF, tuvo en el pasado y mantiene actualmente compromisos laborales y múltiples vinculaciones con el estudio de abogados Freshfields Bruckhaus Deringer, que defienden nada más y nada menos que a Repsol en la demanda contra la petrolera nacional. Para decirlo más claro, el presidente del tribunal es empleado de los abogados de la empresa española. El tribunal se completa con la francesa Brigitte Stern, propuesta por la Argentina.

Frente a semejante panorama, el Estado argentino impugnó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones  la designación de Orrego Vicuña y Von Wobeser, y dejó así al descubierto un aceitado mecanismo de relojería pensado para la defensa irrestricta de los intereses concentrados de las multinacionales, que incluye a jueces y árbitros que cobran fortunas y estudios jurídicos recurrentes dispuestos a hacer pingües ganancias en pleitos contra los Estados.  

El 29 de julio pasado, la República Argentina presentó ante el CIADI los fundamentos de recusación de Orrego Vicuña y Von Wobeser, un documento de 36 páginas –al que tuvo acceso Tiempo Argentino– cargadas de argumentos legales y políticos en contra del mediador propuesto por Repsol y del presidente del tribunal designado por el Banco Mundial en la causa ARB/12/38, en la que la petrolera española demandó al país por la estatización del porcentaje mayoritario de las acciones de YPF. 

El planteo del Estado Nacional sostiene que la designación de Orrego Vicuña "constituye una verdadera ofensa contra la República Argentina" y destacó que la anulación de tres fallos dictados por la misma persona por parte de comités ad hoc "no tiene antecedentes en la historia del CIADI...".

El caso del reclamo de Repsol por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF no es más que un botón de muestra de como funciona el CIADI del Banco Mundial; lo sorprendente hubiera sido que las cosas fueran distintas.

El tema ya fue tratado en Nestornautas (ver acá y acá por ejemplo); oportunidades en las que enfatizaba la necesidad de que la Argentina desconozca ya la jurisdicción del CIADI, a la que adhirió en los 90', y ratificó en los tratados bilaterales de inversión firmados en la misma época.

Claro que -como se aclaró en las anteriores entradas sobre el tema- denunciar hoy la adhesión al CIADI sólo tendrá efectos a futuro, para contratos a celebrarse de aquí en más, del mismo modo que si se denunciaran los tratados bilaterales de protección de inversiones recíprocas (un eufemismo, porque las únicas inversiones reales que protegen, son las de capitales extranjeros en el país), sólo tendría efecto a futuro y no alcanzaría a acuerdos ya celebrados; como el reciente entre YPF y Chevron.

Pero de igual modo hay que hacerlo, para evitar que a futuro se vuelvan a repetir estas situaciones, de tener que litigar en ese marco, y con esas condiciones; predispuestas de antemano para favorecer a los capitales invertidos en el exterior provienentes de los países centrales, en desmedro de las naciones emergentes o en desarrollo.  

Tal como da cuenta el artículo, hay países como Venezuela, Ecuador y Bolivia que ya lo han hecho, y otros (como Brasil) que directamente jamás reconocieron la jurisdicción del tribunal arbitral del CIADI.

Si consideramos que Brasil es a su vez presentado como modelo a seguir en materia de tratamiento de la inversión extranjera (a punto tal que las famosas calificadoras de riego le concedieron el "investment grade", una especie de certificado de pureza para recibir capitales del exterior) pese a eso, tendremos en claro que el plante de que es necesario someterse a estas estructuras jurídicas para que los inversores vengan, es pura sanata: invertirán allí donde puedan obtener ganancias.

Incluso una denuncia de la jurisdicción del CIADI (además de afirmar la soberanía nacional, y ganar márgenes de autonomía para la política económica) es una buena oportunidad para plantear un debate en el Congreso, y desenmascarar a más de un opositor que no dice lo que piensa de éste tema; o que si lo plantea en abstracto, hay que ver si se anima a hacerlo en concreto, cuando la iniciativa tenga chances de prosperar porque la impulse el kirchnerismo.

O si por el contrario, planteado el proyecto, vuelve a pasar como sucedió con las retenciones móviles, las AFJP o la ley de medios, y algunos salen a defender la permanencia en el CIADI con el argumento de la "seguridad jurídica", "favorecer el clima de negocios" o "atraer inversiones", como se analizó en su momento acá.

Si se quiere, otra forma más de salir del laberinto electoral de las PASO, por arriba, como decía Marechal.