LOS 90' ESTÁN A LA VUELTA DE LA ESQUINA

No se trata de un recurso retórico para ganar votos por el miedo, porque además su eficacia real está por verse: hay muchos sectores que añoran los 90' y otros -los jóvenes por ejemplo- para los cuáles son apenas un recuerdo borroso, del cual no tienen demasiada conciencia.

Es una constatación de la realidad: tras un breve retroceso durante la mega crisis del 2001 (no era buena época para proclamar las bondades de las políticas neoliberales, mientras el país se caía a pedazos como consecuencia de haberlas aplicado), y una breve luna de miel con el kirchnerismo (rindiéndose ante la evidencia de como Kirchner remontaba de su 22 %, y llenaba huecos emprendiendo rumbos que nadie esperaba; y que le permitieron ganar consenso social) los noventosos volvieron a la carga; con tenaz persistencia.

Esperando agazapados cualquier circunstancia coyunturalmente favorable para llevar agua para su molino, e insistir con las mismas recetas de siempre, que están mucho más arraigadas de lo que suponemos, y en mucha más gente: sin ir más lejos, que sino un revival de aquéllos años expuso Méndez, el presidente de la UIA hace poco, cuando la discusión por Ganancias: están de acuerdo con que había que liberar a parte de los trabajadores del impuesto, pero que lo pague el Estado, no ellos. Ni hablarles de poner su parte, por ejemplo volviendo a los niveles históricos de contribuciones patronales a la seguridad social.

Pero si hay un tema en el que el discurso de los 90' se encarna e intenta morder sobre el sentido común de la gente para no soltarlo, es el del Estado y los niveles del gasto público. O si se quiere, la presión tributaria; que no es ni más ni menos que quejarse por la parte de sus beneficios que tienen que cederle a un ente (el Estado) del cual abominan, porque suponen que sólo existe para garantizar sus negocios.

Un buen ejemplo de eso es la columna/publinota de Pagni en La Nación de hoy, donde se las toma con la intervención estatal en la regulación de los medios a través de la LSCA, y la gestión estatal en Aerolíneas Argentinas e YPF; dos íconos de las privatizaciones menemistas cuyo control retomó el Estado en los años recientes. 

El absurdo de comparar a los medios públicos con las poderosas empresas privadas del sector de la comunicación audiovisual (en tanto se superponen en una determinada área de servicios, y considerando las restricciones que establece la LSCA) no resiste el menor análisis teórico, y Pagni lo sabe perfectamente: lo que trata de hacer es defender un nivel de concentración mediática e integración vertical de propuestas y contenidos (el del Grupo Clarín, pero no de un modo excluyente), que es la plataforma para un enorme caudal de negocios; montados sobre la base de bienes que el Estado dispensa y administra, como las licencias de radio y televisión.

Lo mismo pasa con la discusión (que Pagni vuelve a plantear) sobre la distribución de la pauta publicitaria oficial: nadie puede pensar en serio que los grandes medios comerciales viven de eso, y no de los poderosos auspiciantes privados cuya atención tratan de captar, justamente desde una línea editorial que garantice que se alinearán en su defensa, cuando sus intereses estén en juego: cuanto hay allí de convicción y cuanto de conveniencia, es una línea difícil de establecer, pero forma una indisoluble unidad de negocios; y las propias columnas de Pagni (lobbista jerarquizado de intereses empresariales, si los hay) son un buen ejemplo al respecto.

No molesta que el Estado tenga medios (aunque hay quienes lo consideran un gasto inútil), sino que regule a los medios privados, y les imponga límites a sus negocios; límites que por otro lado existen en cualquiera de los países que ellos mismos consideran "serios".   

Lo mismo pasa con Aerolíneas e YPF: la contradicción entre defender los intereses de una empresa privada extranjera en un caso (LAN) y atacarlos en el otro (Chevron) es sólo aparente: la idea matriz es que el Estado no gestione empresas, con el argumento de que pierde plata cuando lo hace ("el Estado es muy mal bolichero", decía Alemann); o que si lo hace sea, simplemente, el socio bobo, que pone la plata (u otros beneficios, como la apertura del tráfico de cabotaje a empresas aéreas extranjeras), mientras los privados son los que hacen negocios.

De allí que en un caso se asuma la defensa a raja tabla de una empresa extranjera para en realidad torpedear a la aerolínea de bandera (mientras se enfatiza en la cuestión de los subsidios y la pérdida operativa, con el mismo discurso que en los 90' llevó a la privatización); y en el otro se cuestione la asociación de la petrolera ahora vuelta controlar por el Estado con otra empresa extranjera, desde un falso nacionalismo que ni ellos mismos se creen.

Porque lo que jode del acuerdo con Chevron no es tanto que haya desmentido los pronósticos de que nadie iba a venir a invertir en la Argentina, como la posibilidad de que funcione y permita despegar a la producción petrolera y gasífera en el país, cuyo moderado repunte en el último año por cierto, se sostiene exclusivamente en el trabajo de YPF, mayoritariamente en manos del Estado.

Podemos discutir y mucho sobre los niveles de eficiencia del gasto público, o las prioridades, pero partiendo de la premisa de que es necesario un Estado activo y presente, que regule y -si es necesario- gestione sectores de la economía; no traficando ideología que tiende a defender negocios, apelando simplemente a las estadísticas contables.   

De hecho, las preferencias electorales de los argentinos parecieran indicar que hay un generalizado consenso social en torno a esas ideas, más allá de ciertas críticas puntuales a como gasta el Estado "el dinero de nuestros impuestos".

Y en todo caso (como lo hace acá el Escriba en esta excelente nota en Infobae) si vamos a discutir sobre los niveles del gasto público, hagámoslo teniendo muy en claro de donde venimos, para saber más o menos hacia donde queremos ir.

Porque de lo contrario habrá que concluir en que las quejas por la presión tributaria o los niveles del gasto público son simplemente un subterfugio para defender ideas que ya se aplicaron en el país, con los resultados conocidos.

Un Estado que gaste menos (porque abandone ciertas áreas a la iniciativa privada, por ejemplo), o que cobre menos impuestos, no es necesariamente un Estado mejor, ni mucho menos.

Pero seguramente en ese Estado los privados (a los que no les fue mal en estos años de recuperación de lo estatal) harán más y mejores negocios; aunque sea al precio de que mucha gente se quede afuera del reparto de los beneficios.