Rémora 1: Que aun después de haber modificado la Constitución en el 94' para eliminar el requisito de que presidente deba ser católico, sigamos con el famoso asunto del sostenimiento del culto, a cargo del Estado y con "la plata de nuestros impuestos".
Rémora 2: Que con base en la primera, les paguemos sueldos y jubilaciones a los obispos por leyes y decretos de la última dictadura (ver acá) que aun siguen vigentes. Sueldos y jubilaciones que no pagan Ganancias, además.
Rémora 3: Que mantengamos un Concordato aprobado en otra dictadura (la de Aramburu) que creó el obispado castrense, que institucionalizó la influencia de la iglesia en las fuerzas armadas.
Rémora 4: Que así como sigue vigente el Concordato, el Vaticano (aun con Papa argentino) se haya negado hasta ahora a reemplazar al impresentable de Baseotto, rajado en su momento por Néstor Kirchner por éste decreto, por aquélla tristemente célebre metáfora que evocaba los vuelos de la muerte; lo que supone dos cosas: o está de acuerdo con sus dichos, o se niega a reconocerle a otro Estado como la Argentina (porque el Vaticano es eso: un Estado) el derecho de removerlo.
Rémora 5: Que todavía haya quienes confundan (como lo hacen los abogados de Baseotto) el interés público con la defensa de los privilegios, en éste caso la jubilación (sin aportes) del ex obispo. A propósito: ¿nadie protesta en estos casos por "la plata de los jubilados", o porque no se puede dar el 82 % móvil "porque jubilan a cualquiera"?
Rémora 6: Que haya jueces impresentables que, con base en esos argumentos, digan que hay que pagarle a Baseotto su jubilación de privilegio; y que el Estado argentino no tiene derecho a rajar a un tipo que hace apología velada (o no tanto) del terrorismo de Estado.
Que el Estado Argentino se tenga que hacer cargo de los sueldos de los obispos de una determinada religiòn, sea cual fuere, es un anacronismo insostenible. Encima, ni siquiera pagan ganancias, igual que los jueces.
ResponderEliminarIglesia financiada por el Estado, y jueces que se reservan la decisión de por ejemplo, nombrar a dedo empleados, y una Corte que maneja arbitrariamente los fondos del Poder Judicial, fondos que deberìa manejar el Consejo de la Magistratura , de acuerdo a la Constituciòn.
Mientras tanto, jueces que aceptan viajes, regalos y prebendas de los grupos econòmicos, como Clarin, La Sociedad Rural o La Naciòn. A cambio de mantener cautelares.
Son privilegios y situaciones inadmisibles a esta altura del siglo XXI.
Pero, cuando se propuso una reforma judicial, los republicanos y demócratas, se abroquelaron junto a Lorenzetti y su banda de impresentables.
El respeto por las Instituciones y la independencia de los poderes, parece que aveces es constitucional, y aveces no. Depende quien lo reclame.
El Colo.