Leemos en el diario del Loco Lindo que la diputada Ciciliani (una amiga de éste blog) presentó un proyecto en el Congreso para establecer con mayor precisión el trabajo que debe realizar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas; al momento de evaluar la Cuenta de Inversión de cada año, es decir el documento que expone como se ejecutó el presupuesto anual; tanto en materia de gastos como de recursos.
Según plantea Ciciliani, el proyecto apunta a que la Comisión emita un dictamen propio y fundamentado sobre la Cuenta de Inversión de cada año, sin ceñirse estrictamente al dictamen que hace en cada caso la Auditoría General de la Nación; de acuerdo con el artículo 85 de la Constitución y la Ley 24.156 de Administración Financiera.
Es curiosa la salvedad porque la AGN cuenta con mayoría de la oposición y es presidida por un opositor (el radical Despouy), bastante figuretti por cierto; de modo que en principio habría que descartar allí complicidades con el gobierno.
Pero más curioso aun es que la diputada Ciciliani no haya sugerido el proyecto a sus correligionarios (¿se dice así también entre los socialistas?), para replicarlo en Santa Fe.
Porque resulta que acá la Constitución dice que el Poder Ejecutivo debe mandar a la Legislatura la Cuenta de Inversión del presupuesto del año anterior para que ésta la analice, previo informe del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Y la Ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado (aprobada en base a un proyecto del ex senador y ministro reutemanista Mercier), cuando la Legislatura recibe la Cuenta elaborada por el Ejecutivo (a través de la Contaduría General) y simultáneamente el informe del Tribunal de Cuentas, debe remitirla a dictamen de la Comisión Legislativa de Control y Revisora de Cuentas (artículo 247 inciso b).
Al igual que en la Nación, esa comisión es bicameral y está integrada por 5 senadores y 5 diputados, tanto oficialistas como opositores y respetando el modo de integrar las demás comisiones legislativas: es decir, en proporción a la cantidad de legisladores de cada fuerza.
Si esa Comisión no emite su dictamen, la Cuenta de Inversión (o sea el informe de como se gastó el Presupuesto de cada año, y como se recaudaron los recursos) no se puede tratar por la Legislatura.
Y de acuerdo con el artículo 96 de la misma Ley 12.510, si la Legislatura no se pronuncia sobre una Cuenta de Inversión enviada por el gobernador dentro de dos períodos de sesiones ordinarias de presentadas, se consideran aprobadas.
Un mecanismo parecido al que viene utilizando el FPCyS en las últimas tres asambleas legislativas, para aprobar designaciones cuestionadas en la justicia y en el Ministerio Público Fiscal; y de ese modo (sin informe previo, ni discusión en el recinto de las Cámaras) se aprobaron las Cuentas de Inversión de 2008 a 2010, o sea los tres primeros años del gobierno de Binner.
Alguno se preguntará por qué razón la Comisión bicameral no dictamina las Cuentas, para que las trate la Legislatura, y la respuesta es muy sencilla: porque desde que llegó al gobierno el Frente Progresista no funcionó nunca, porque el oficialismo provincial se niega a designar a sus representantes en ella (el PJ lo hizo, en las dos Cámaras), para no reconocer que la oposición tiene que tener mayoría, de acuerdo con el número de legisladores de cada uno.
Es decir que lo mejor que podría hacer Ciciliani con su proyecto es presentarlo, pero acá, en la Legislatura; y por supuesto pedirles a sus compañeros radicales, socialistas y demases, que lo voten y designen a sus representantes en la Bicameral, para que pueda funcionar porque hace seis años que está parada.
Si se decide a hacerlo, le deseamos suerte. Y paciencia, mucha.
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