ARANGUREN, EN LA BOCA DEL POZO

Ayer sobre el filo del mediodía se conoció el dictamen de la Procurador Gils Carbó sobre el tarifazo del gas que está a fallo de la Corte: acá en La Nación pueden acceder al texto completo; en el que entre otros argumentos, se ocupa de detallar todos los miembros del Ministerio Público (fiscales) de juzgados federales de todo el país que dictaminaron en contra de la validez del aumento, acaso curándose en salud de la previsible réplica de Macri sobre que opinó en contra de sus deseos, porque es kirchnerista y adhiere a "Justicia Legítima".

El dictamen le propone a la Corte ratificar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaró nulas las resoluciones de Aranguren que dispusieron el aumento sobre la base de la falta de realización de las audiencias públicas previas que marca la ley, pero va mucho más allá, destrozando el argumento del gobierno de que para aumentar el precio del gas en boca de pozo a las petroleras (y por ende, el precio con que éste ingresa al sistema de transporte y distribución) no es necesario cumplir con el requisito de la audiencia pública; porque ese aspecto se encuentra regido por la Ley 17.319 de hidrocarburos, y el precio lo fija el mercado.

Dice exactamente Gils Carbó "...resulta determinante apreciar que el precio del gas en PIST representa, en la actualidad, más del setenta por ciento (70%) de la tarifa de gas, tal como señala el Estado Nacional en su recurso extraordinario […] La incidencia de ese componente en la tarifa es particularmente importante en este caso en atención a la magnitud de la totalidad del aumento tarifario”.

“Tales aspectos demuestran que la postura del Estado Nacional -orientada a excluir del ámbito de la audiencia pública las cuestiones vinculadas al precio del gas en PIST- implica restringir sustancialmente la eficacia de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios pues, de ese modo, se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad sobre el componente más determinante de la tarifa final en el marco de un aumento extraordinario..." (PIST es Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, aclaramos. Las negritas son nuestras) 

Traducido: hacer audiencias públicas sin discutir el precio del gas en boca de pozo es lo mismo que no hacerlas, porque no tendrían sentido; y el tarifazo fue brutal (por su magnitud), imprevisto (¿acaso porque Macri prometió en campaña mantener los subsidios?) e incoherente (porque pasó del 2000 % en algunos casos al "tope" del 400 %, sin ningún estudio previo que avale la "rebaja", como no lo hubo para fijar el porcentaje inicial). A propósito: la Procuradora fulminó la dos resoluciones originales, y las dos posteriores "correctivas" que pusieron topes al aumento del 400 % para los consumos familiares, y 500 % para los industriales y comerciales.

Los argumentos son contundentes, y perfectamente aplicables al caso del tarifazo de la luz, porque van en línea incluso con el fallo de la jueza federal de San Martín que lo suspendió: lo que dice Gils Carbó del precio del gas en boca de pozo (que además incide en el precio de la electricidad, porque se usa gas para generarla en las centrales térmicas) aplica al precio del fluido que a partir de los aumentos se pagaría a las generadoras. Sobre ambas cuestiones decíamos nosotros acá que el "precio" de la energía (que es lo que en definitivas se discute) "...participa de un servicio público por accesoriedad indivisible, y en consecuencia está sometido a fuertes regulaciones públicas y no al libre juego de las leyes del mercado." 

Si bien el dictamen no es vinculante para la Corte, deja a los supremos en una encerrona jurídica y política difícil de sortear: los argumentos técnicos son sólidos y tendrían que sacar conejos de la galera para revertirlos, y el contexto político es hostil, de modo tal que un fallo "pro PRO" los haría compartir con el gobierno el costo del extendido rechazo social al tarifazo.

La Corte se apresta a fallar (podría hacerlo hoy mismo) precedida de insólitas apretadas públicas del gobierno y sus medios adictos para que considere los aspectos "políticos y económicos" del asunto, más allá de los tecnicismos legales: lejos quedaron las promesas de campaña de respetar la independencia de poderes (una más y van...), y el compromiso de Macri en su discurso inaugural en el Congreso de no buscar jueces adictos.

El Apocalipsis anunciado por el propio Macri y de él para abajo todos los funcionarios para el caso que la Corte tumbe el tarifazo es un recurso ya utilizado cuando el Congreso se aprestaba a discutir -respectivamente- el arreglo con los fondos buitres y el blanqueo de capitales. Una torpeza mayúscula por donde se la mire, porque no hace más que transmitir la idea de que "el mejor equipo de los últimos 50 años" anda por la gestión a la deriva, sin un plan B ante cada contingencia adversa.

La pobrísima defensa de Aranguren en el Congreso no mejoró para nada el panorama, en tanto ni siquiera quiso discutir el por qué del precio fijado para el gas en boca de pozo ("me resisto a contestar esa pregunta" respondió el ministro a Gioja), porque significaríoa discutir el descomunal negocio de transferencia de recursos de los usuarios a las petroleras que está en el meollo de todo el asunto; como lo señalábamos nosotros: "La política que está detrás del tarifazo (y que es lo que el gobierno no quiere discutir) es la vuelta a un esquema de plena libertad de mercados, con mínimas regulaciones estatales (eliminó el Decreto 1277/12 que regulaba la producción e inversiones en hidrocarburos) y retiro drástico de los subsidios a los consumidores, con "señales de precios" a los operadores privados del mercado."

Los elementos para resolver el entuerto que pondera Gils Carbó en su dictamen estaban todos a la vista del que los quisiera ver, desde el primer día; y solo la tozudez de Macri y Aranguren (no olvidemos eso: Aranguren es Macri) pudo llevar las cosas hasta éste punto, cuando ya está harto demostrada no sólo la ilegalidad del tarifazo sino -fundamentalmente- la resistencia social al ajuste.

Dicen muchos comunicadores del régimen (con y sin despachos oficiales) que Macri ha tomado la cuestión como un desafío a la autoridad presidencial, y por eso trazan algunas semejanzas con el kirchnerismo y la Resolución 125. Si así fuera y la Corte terminara fallando en contra del tarifazo, la pregunta es si Macri puede remontar un "fallo no positivo", y de qué manera.