El jueves pasado (24 de agosto) Rosario fue protagonista de una masiva marcha ciudadana reclamando seguridad, que se dio en llamar "Rosario Sangra"; marcha que sorprendió al gobierno provincial que por entonces estaba casi exclusivamente enfocado -del gobernador para abajo- en la reforma de la Constitución provincial.
Los funcionarios dijeron estar "conmocionados" por la protesta, y de inmediato prometieron "medidas inmediatas para resolver el problema", que son más o menos siempre las mismas: leíamos al respecto ayer en Rosario 12: "Esta semana será clave para conocer hasta qué punto la impactante marcha "Rosario sangra", que reunió a miles de rosarinos clamando por seguridad, ha modificado los distintos paradigmas en políticas públicas para combatir el delito. Se conoce ya que al menos tres medidas se activaron en la cabeza del gobernador Miguel Lifschitz: comprar más patrulleros, dar marcha atrás con la decisión de no pedir refuerzos federales y retocar al menos un par de leyes penales para -por ejemplo- limitar las excarcelaciones." (las negritas son nuestras)
El mismo día de la marcha (el 24 de agosto) el gobernador Lifschitz firmaba el decreto cuyas imágenes (de las partes pertinentes) ilustran el post; por el cual se modifica el presupuesto para generar las partidas presupuestarias necesarias para financiar las obras de "refuncionalización" del área donde funciona la "Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos" en la delegación del gobierno en Rosario.
El área es conocida: fue creada en su momento por el gobierno de Bonfatti para "monitorear las redes sociales" en busca de supuestas amenazas para la seguridad, y puesta a cargo del ex gendarme Spadaro: como se puede ver, el socialismo en ésto se anticipó a Patricia Bullrich y su "centro de comando" que espía a tuiteros.
En el último día del gobierno de Bonfatti a Spadaro le designaron un grupo de supuestos "expertos en narcotráfico" y crimen organizado, encargados de "recopilar información para elaborar un mapa del delito" (nunca nadie lo dijo antes, totalmente original y novedosa la idea), que en teoría trabajan en el subsuelo a refaccionar.
Las obras fueron encuadradas en la "ley de emergencia en seguridad" que se viene prorrogando desde el 2013, y que permite sortear las licitaciones públicas para contratar obras, servicios o suministros. En éste caso se invoca la causal de "probada urgencia" de la ley de obras públicas para adjudicar un contrato de más de 16 millones de pesos sin licitación, cuando es obligatorio hacerla a partir de los 850.000 pesos de acuerdo con la ley de presupuesto; y pagándole a la empresa contratista un antricipo financiero del 20 % del total del contrato, antes de que comience los trabajos.
Pero lo más interesante es de donde salieron los fondos para poder encarar las obras (el cuadro de abajo es de uno de los anexos del decreto: de partidas originariamente existentes en el propio Ministerio de Seguridad para adquisición de "maquinaria y equipo", como por ejemplo patrulleros para la policía.
Lo que supone que a la hora de responder al reclamo ciudadano y salir a comprar más móviles para la policía, a Lifschitz le van a faltar más de 16 millones de pesos, que se gastarán en el subsuelo de la "central de inteligencia":
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