La historia de la cárcel provincial de Piñero
(Departamento Rosario) se remonta a por lo menos el año 2002, cuando se
declaraba por segunda vez la emergencia penitenciaria en la provincia (la
primera había sido en 1996); y disponía construir allí un penal para 320
detenidos, que se terminaría habilitando en febrero de 2006 aunque la obra
original tuvo diferentes “etapas” que la prolongaron hasta el 2010.
Pero en los últimos tiempos viene acumulando
“curiosidades” que le dan características muy similares a otros casos que aquí
hemos señalado de las gestiones del Frente Progresista en todo lo vinculado a
la obra pública, como por ejemplo los del Cemafe, el hospital Iturraspe o la
Ruta 1.
En septiembre del 2014 Bonfatti firmaba el Decreto 3429,
por el cual adjudicaba la construcción del Módulo “E” en la Unidad
Penitenciaria 11 (la cárcel de Piñero) a una UTE conformada por Obring S.A.,
Pecam S.A. (atención con éste nombre) e Ing. Pedro Minervino Construcciones
S.A., por un monto de $ 114.776.924,05; un 26,08 % por encima del presupuesto
oficial que era de $ 91.032.355,89; y un plazo de ejecución de 360 días
calendario (tentativamente tenía que estar finalizada la obra en septiembre de
2015, pero no arrancó efectivamente hasta junio de ese año).
Tres meses después, en diciembre del mismo año, por el
Decreto 4893 el mismo Bonfatti adjudicaba la construcción del Módulo “F” en la
cárcel, a la UTE formada por Pecam S.A. y Mundo Construcciones S.A.; dos
abonadas a la obra pública provincial en tiempos socialistas y radicales. La
adjudicación fue por $ 120.659.443,66, un 39,33 % por encima del presupuesto
oficial de $ 86.598.402.97, con un plazo
de ejecución de 480 días calendario, que llevaba el final de las obras a abril
del 2016.
Como si los sobreprecios con que arrancaron ambos
contratos fueran poco, una vez en marcha las obras empezaron los “retoques” en
ambas, siempre tirando en yunta; como si los bemoles de una afectaran a la
otra, pese a ser obras independientes. A saber:
* En septiembre del 2015 por el Decreto 2919 se autorizaba
un “adicional de obra” en el Módulo “E” por $
2.675.845,79, y en abril de éste año por el decreto 612 (ya con
Lifschitz en el gobierno), otro de $ 7.838.280,98, pero ésta vez en el Módulo
“F”, en el que anteriormente ya se había autorizado uno de $ 32.490,29 por
resolución ministerial.
* En junio de 2016 el Decreto 1543 autorizaba otro
“adicional de obra” por $ 7.927.445,43 en el Módulo “E”, y en agosto su similar
2162 hacía lo propio autorizando “trabajos complementarios” en el Módulo “F”
por $ 16.791.740,29.
* En el mismo mes de agosto de éste año y en espejo, el
Decreto 2229 autorizaba también “trabajos complementarios” en el Módulo “E” por
un monto de $ 15.555.242,09; para que un mes después (en septiembre) el Decreto
2242 autorizaba un nuevo “adicional de obra” en el Módulo “F” por $
7.817.556,45.
* Finalmente -al menos por ahora- en octubre por el
Decreto 2876 se autorizaba un nuevo “adicional de obra” (el tercero) en el
Módulo “E” por $ 1.951.505,41, y en noviembre el Decreto 4043 aprobada el
cuarto adicional al Módulo “F”, en éste caso por $ 2.608.527,46.
Como resultado de todos estos “retoques” la obra del
Módulo “E” ya viene costando $ 142.886.962,77, un 24,49 % por encima del
contrato original, y un 56,96 % por
encima del presupuesto oficial, en dos años.
Y la obra del Módulo “F” asciende hasta acá a $
155.748.039,13, un 29,08 % por encima del contrato original y un 79,85 % por
encima del presupuesto oficial con el que fue licitada, en el mismo
tiempo.
O lo que es lo mismo, la provincia lleva gastados $
298.635.001,90 por dos obras que al licitarlas, valuó en $ 177.630.758,86: una
diferencia de más de 121 millones de pesos; o un sobreprecio del 68,12 %, según
como se lo quiera mirar.
Con el agregado de que el Módulo “E” debería haberse
terminado en junio de éste año y se han prorrogado los plazos hasta febrero del
año que viene, y en el caso del Módulo “F” -en teoría- debería haberse
concluido hace un mes atrás (en octubre) pero vimos que estando en noviembre se
aprobó un nuevo adicional.
Puesto a buscar similitudes entre las dos obras además de
las expuestas en cuanto a “adicionales”, “trabajos complementarios” y otras
yerbas, advertimos que en las dos UTE que las llevan a cabo hay un protagonista
en común: Pecam S.A.; quien también tiene a su cargo actualmente los trabajos
del Cemafe y el nuevo hospital Iturraspe, integró la UTE de la fallida
adjudicación del Puerto de la Música, e integra ARSA S.A.; la sociedad a la
cual se le otorgó la concesión de la Autopista Santa Fe-Rosario, en trance de
rescindirse sin penalidades pese a los notorios incumplimientos contractuales
en que incurrió la concesionaria.
Pero debe ser pura casualidad.
PD: Post dedicado al amigo Juan Carlos Tizziani, que nos pidió especialmente que tocáramos el tema Pecam S.A..
PD: Post dedicado al amigo Juan Carlos Tizziani, que nos pidió especialmente que tocáramos el tema Pecam S.A..
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