NEGACIONISMO CONSECUENTE

El miércoles pasado se registró el penoso paso de Patricia Bullrich por el Senado de la nación, pretendiendo dar explicaciones -que no dio- sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Como sabemos, Bullrich negó todo: la Gendarmería no tuvo nada que ver, no se puede comprobar que haya participado del hecho, no hay certeza de que Santiago haya estado en el lugar, su jefe de gabinete no ordenó la represión dentro de la comunidad mapuche sino que actuaron bajo las órdenes de un juez. Incluso se arrojó sobre la granada asumiendo la defensa irrestricta de los gendarmes, y asumiendo a priori cualquier responsabilidad por el hecho que al mismo tiempo estaba negando

Además de que todas y cada una de sus afirmaciones están desmentidas por los hehcos y las pruebas allegadas a la causa, con cada uno de sus dichos Bullrich no hizo sino confirmar que se trata de un caso de desaparición forzada, al menos tal como la degine el Código Penal en su artículo 142 Ter:“Se impondrá prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.” (las negritas son nuestras)

El texto fue incorporado al Código por la Ley 26.679, aprobada en abril del 2011, con 158 votos a favor, ninguno en contra y tampoco ninguna abstención en la Cámara de Diputados de la nación, pero con muchas ausencias a la hora de la votación: 

Como se ve, la propia Bullrich figura entre los ausentes, junto con algunos colegas suyos actuales funcionarios del gobierno de Macri: Oscar Aguad (ministro de Defensa), Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción Kirchnerista), Ricardo Buryaile, Silvia Madjalani (actual número 2 de la AFI), Adrián Pérez (el escamoteador de telegramas del conurbano) y Jorge Triaca (el ministro de Trabajo que va a las mismas de los represores fallecidos)

También Elisa Carrió, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el presidente provisional del Senado Federico Pinedo, el embajador en España Ramón Puerta y la segunda marca de “Cambiemos” Margarita Stolbizer.

Pero hay más: antes de eso, en noviembre del 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner el Congreso aprobó la incorporación al Código Penal de los delitos de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, y la convención sobre la desaparición forzada de personas de la ONU, gestada por iniciativa de la Argentina.

La sanción tuvo en Diputados 167 votos favorables, un voto en contra y 15 abstenciones, que pueden ver en ésta otra acta, correspondiente a la sesión de ése día: 

Además del solitario voto en contra de la ex bulldoguista (de López Murphy) Nora Guinzburg, se abstuvieron Paula Bertol (actual funcionaria de la Jefatura de Gabinete encargada de las relaciones con el Congreso), Esteban Bullrich (no sé si lo tienen), otra vez el hoy presidente provisional del Senado Federico Pinedo y Jorge Vanossi, el jurista todo terreno proveniente de la UCR que hace poco -sin ir más lejos- elogió el fallo de la Corte concediendo el “2x1” a los genocidas.

Como vimos acá, también se habían abstenido a la hora de votar la ley que prohíbe indultar, amnistiar o conmutarles las penas a los condenados en casos de delitos de lesa humanidad.

Si hay algo que no se les puede dejar de reconocer, es la coherencia.