Sobre los acuerdos
que avanzan entre el gobierno y la CGT preparando el terreno para la reforma
laboral, leemos en Ambito Financiero: “El Gobierno
avanzó ayer con la CGT en un esquema global de rebaja del costo
laboral que, además de un blanqueo amplio con perdón de deudas para los
empresarios con trabajadores informales, incluirá una reducción de las
cargas patronales para todos los salarios del sector privado con un tope en
torno de 10 mil pesos. Fue una de las precisiones que conversaron ayer con
la cúpula de la central el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y Mario Quintana,
vicejefe de Gabinete, en la reanudación del diálogo bilateral y previo a la
convocatoria multisectorial de Mauricio Macri pautada para el lunes.
La rebaja de
aportes, una medida que sostuvo en su gestión el expresidente Carlos Menem sin
un aumento consecuente del nivel de empleo, será compensada por aportes del
Tesoro nacional para no desfinanciar la Anses, según les explicaron los
funcionarios a los gremialistas. Por ese
concepto en Hacienda estiman que las empresas destinan unos 80 mil millones de
pesos al año. El mecanismo, tal como fue presentado, implicaría que el primer
segmento de los sueldos (en un rango no precisado de 8.000 a 15 mil pesos) no
devengará cargas patronales.” (las negritas son
nuestras)
Tal como dice la
nota, la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social es uno de los
tradicionales caballitos de batalla del empresariado vernáculo, con la excusa
de que bajando de ese modo el “costo laboral” se facilita la generación de
empleo; hipótesis jamás verificada en la experiencia histórica, al menos en
nuestro país: con baja de aportes patronales se destruyó empleo en los 90’, y
con reposición parcial de los existentes antes de Cavallo en su paso por el
menemato, se crearon 6,4 millones de puestos de trabajo en los gobiernos de
Néstor y Cristina.
Como además la
solución supone sustraerle recursos genuinos al finaciamiento de la seguridad
social, nos enteramos que la brecha sería cubierta con aportes del tesoro
vía impuestos, no afectados sino de Rentas Generales, cosa que ya hoy sucede:
cuando la Corte Suprema falló en contra del Estado nacional en los reclamos de
Santa Fe, Córdoba y San Luis por el 15 % de la masa precoparticipable que se
detraía para destinarla a la ANSES, Cristina emitió el DNU 2635/15, disponiendo
que se creara un aporte adicional del Tesoro para financiar el bache, por el
mismo monto de los recursos afectados que dejaban de ingresar. Más información al respecto, acá.
Pero además dispuso
en el artículo 3 del DNU que ese aporte adicional se
tuviera en cuenta en la aplicación de la ley de movilidad previsional por la
cual se ajustan semestralmente los haberes de jubilados y pensionados; en base
a la fórmula que pueden ver en la imagen de apertura. Macri derogó luego el DNU
por otro, que firmó en enero del 2016.
Tal como lo señala
el artículo 32 de la Ley 24.241 (modificado en 2008 por la Ley 26.417 de
movilidad previsional) los haberes se ajustan tomando en cuenta –entre otros
factores, como la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad- “la
variación de los recursos tributarios por beneficio (netos de eventuales
aportes del Tesoro Nacional para cubrir eventuales déficits de la
Administración Nacional de Seguridad Social)” y “la variación de los
recursos totales por beneficio de la Administración Nacional de Seguridad
Social (netos de eventuales aportes del Tesoro Nacional para cubrir
déficits de la Administración Nacional de Seguridad Social)” (las
negritas son nuestras)
Es decir entonces
que si se bajan los aportes patronales la ANSES perderá recursos propios, y en
consecuencia la “formulita” de la movilidad jubilatoria tirará para abajo los
aumentos futuros a jubilados y pensionados, sin que la baja la puedan compensar
los aportes del Tesoro para cubrir el agujero, porque no se cuentan a esos
fines de acuerdo con la ley. Distinta sería la situación si se tratara de
afectar impuestos o parte de ellos, específicamente a la seguridad social, pues
entonces serían recursos “propios” de la ANSES.
El efecto negativo
de la baja de aportes patronales si es aprobada como acordaron el gobierno y la
CGT también se hará sentir en los montos que perciben los beneficiarios de la
Asignación Universal por Hijo (AUH), porque por la Ley 27.160 (2015) se
reajustan semestralmente por la misma fórmula de la ley de movilidad
previsional.
Lo notable del caso
es que mientras asistíamos al show televisado de la detención de De Vido, los dirigentes cegetistas le soltaban la mano a jubilados, pensionados y
beneficiarios de la AUH en línea con los reclamos del FMI, las calificadoras de
riesgo y los economistas de la ortodoxia; que le piden al gobierno “retocar” la
fórmula, para poder contener el gasto previsional, que se lleva entre el 36 % y
el 42 % del gasto público total del Estado nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario