LA ARMONIZADORA DE MACRI

Hemos dicho varias veces acá que el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia es una especie de comodín o fetiche para las administraciones provinciales del Frente Progresista.

Durante los gobiernos de Cristina, tanto Binner como Bonfatti reclamaban que la nación financiara el déficit de la Caja, sin dejar por eso de reclamar ante la Corte Suprema que les dejaran de descontar la parte de la coparticipación (de las provincias y de la nación) que se destinaba a financiar a la ANSES, hasta que lograron el fallo favorable en noviembre del 2015.

Sin embargo, respecto al déficit de la Caja de Jubilaciones y pese a haber amenazado varias veces con hacerlo, nunca hubo un reclamo formal de la provincia a la nación, y la razón es muy sencilla: el requisito para que la nación financiase ese déficit era que se "armonizaran" ambos sistemas previsionales (el provincial con el nacional administrado por ANSES); lo que implicaba recortar derechos y bajar jubilaciones a los pasivos provinciales, que cobran más.

Ya con Macri en el gobierno, el presunto compromiso del gobierno nacional para financiar el déficit de la Caja fue la excusa perfecta que encontró Lifschitz para que los legisladores del socialismo votaran a favor la Ley 27.260 de blanqueo de capitales, pese a haberse opuesto en 2009 y 2013 a los dos blanqueos aprobados durante el kirchnerismo. Peor aun: fueron más allá, y sancionaron una ley provincial de blanqueo, para los tributos locales.

Pero la nación siguió sin financiar el déficit de la Caja, o haciéndolo solo en una mínima parte, porque la provincia no cumplía con la "armonización": en ésta entrada de agosto del 2016 explicábamos nosotros que Macri reglamentó la ley del blanqueo en la parte que establecía las condiciones de financiamiento nacional de los déficit de las Cajas jubilatorias no transferidas por algunas provincias (entre ellas Santa Fe); con un sistema de "penalizaciones", basado en las diferencias de ambos regímenes previsionales.

El sistema consiste en cinco ítems establecidos en el decreto a controlar por la ANSES (cálculo del haber base, régimen y fórmula de movilidad, aportes y contribuciones, años de servicios con aportes y edad para obtener los beneficios, etc) para ver las diferencias existente entre el régimen nacional y el provincial respectivo (en éste caso el de Santa Fe), y por cada uno que no se "armonizare" (o sea, que la provincia no cambie su régimen para adaptarlo al de la nación), se le descontaría un 20 % del déficit total de su Caja de Jubilaciones a financiar por el gobierno nacional.

Así las cosas la nación siguió haciendo aportes parciales y esporádicos para financiar el déficit de la Caja santafesina, hasta que llegó en noviembre del año pasado la firma del pacto fiscal entre Macri y la mayoría de los gobernadores, entre ellos Lifschitz; que fue el preludio de la reforma previsional impulsada por Macri para podarles los salarios reales a los jubilados; aunque luego Lifschitz quisiera despegarse del asunto y mandara a su único diputado (Contiggiani) a votarla en contra.

Cuando se firmó el pacto fiscal el ministro de Economía de Santa Fe Saglione celebró que la provincia lograra que le financiaran el déficit de la Caja sin condicionamientos, penalidades ni "armonizaciones" entre ambos sistemas. Con ese mismo argumento fue a la Legislatura a intentar convencer a los legisladores de que ratificaran el pacto, cosa que finalmente sucedió.

En efecto,  como muestra la imagen de apertura (sacada del documento del pacto fiscal firmado por Macri con los gobernadores), la nación se comprometió a modificar el Decreto 894/16; que es el que establece las "penalidades" o descuentos de fondos destinados a financiar el déficit, si no se "armonizan" los sistemas.

Sin embargo aun hoy, a tres meses de la firma del pacto, y cuando Santa Fe ya lo ratificó por su Legislatura, la nación todavía no cambió ni una coma del decreto; y tanto las "penalidades" como el reclamo de "armonización" siguen vigentes.

Pero eso no es todo: el presupuesto provincial aprobado por la Legislatura para éste año contempla un aporte del Estado provincial para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de $ 4.053.799.000, pero un aporte del gobierno nacional a esos fines de solo 1062 millones, que se mantendría invariable hasta el 2020; lo que supone que el propio gobierno provincial no cree en que la administración de “Cambiemos” cumpla con lo acordado en el pacto fiscal que firmó con los gobernadores, ya que apenas financiaría el 26,20 % del déficit de la Caja provincial.

Razón por la  cual no se entienden demasiado los berrinches del ministro Saglione en ésta nota de La Capital de hoy, porque le vienen mandando las partidas con atraso, por menos de un tercio del déficit total y con amenaza de cortarlas definitivamente: a veces hay que pensarlo mejor antes de firmar ciertos pactos.