Si hay un ejemplo brutal de cómo funciona el
dispositivo de blindaje mediático que protege al gobierno de su propia
impericia, es la tragedia del ARA San Juan.
A cuatro meses del
hecho que conmovió a todo el país y en el que perdieron la vida 44 argentinos,
seguimos sin tener una explicación oficial contundente, clara y completa de los
hechos; y es notorio el esfuerzo por encapsular el tema en el reclamo de los
familiares, y hacerlo desaparecer de la visibilidad pública.
Hace poco días nada
menos que el Jefe de Gabinete y nada menos que en el Congreso de la nación al
dar su informe periódico, admitió por escrito y ante una pregunta del bloque de
diputados del Frente Para la Victoria, que el submarino estaba cumpliendo una
misión de observación sobre los barcos que van y vienen desde Malvinas, algo
que el gobierno hasta entonces había negado enfáticamente; y de la cual el
Congreso no había sido informado antes:
Para peor, en la
documentación que acompañó Peña a su respuesta (confeccionada por la Armada) se
habría cometido un error garrafal en cuanto a la localización del ARA San Juan,
luego corregido manualmente en el mismo documento (ver detalles en ésta nota de La Nación, a la que corresponde la infografía de apertura), de resultas de la cual el submarino aparecía directamente en la
zona de Malvinas; y no donde se supone que se perdió contacto con él.
También supimos en
estos días que la marina norteamericana confirmó la explosión de la nave (o un
evento consistente con tal, en el lugar de su localización) una semana después
de que se perdiera contacto desde tierra con ella; y que esa información llegó
a las autoridades argentinas (incluido el propio Macri), que la ocultaron
durante varios días, incluyendo en ese lapso el primer contacto que tuvieron con los
familiares.
Desde que el hecho
se produjo, circularon todo tipo de versiones, que incluyen la hipótesis de que
el San Juan haya sido atacado por un submarino británico, lo que de verificarse
(máxime si se constata que el submarino estaba fuera de la zona de disputa)
configuraría nada menos que un acto de guerra por parte de una potencia
extranjera con la que mantenemos una disputa de soberanía hace casi 200 años, y
con la que estuvimos en conflicto.
Si en
circunstancias normales estos hechos bastarían para que el gobierno nos brinde a
todos (en primer lugar, a los familiares de las víctimas) una explicación
completa y verosímil de los hechos, en el contexto actual esa necesidad aparece
como urgente; aunque los medios cómplices del gobierno traten de que nos
olvidemos del asunto.
Recordemos
-hablando de contexto- que estamos ante un gobierno que, lejos de sostener el
reclamo soberano sobre Malvinas tal como lo manda la Constitución, en 2016 firmó un acta de compromiso que jamás fue enviada al Congreso, por la que no
solo no se menciona el reclamo soberano, sino que se asume el compromiso de
hacer la vista gorda frente a la depredación de nuestros recursos naturales
cometida por empresas con licencias otorgadas por los kélpers; violando así las
propias leyes argentinas que imponen sanciones en esos casos, y comprometió en la misma acta una "cooperación activas" entre las fuerzas armadas de ambos países.
Un gobierno que
sobreactúa sus gestos de sumisión a las principales potencias mundiales para
ser admitido en la OCDE, y que por estos días ejerce la presidencia provisional del G20 (que integra también el Reino Unido) con la misma genuflexión diplomática en espera de la llegada de una buena vez de la prometida “lluvia de
inversiones”; y que por estos días plantea como principal hipótesis de
conflicto de sus fuerzas armadas la intromisión en tareas de seguridad interior bajo los brumosos planes del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos; y su doctrina de las "nuevas amenazas". Es decir, lejísimos de su rol constitucional de defensa
de nuestra soberanía nacional e integridad territorial.
Todo el gobierno en
su conjunto (desde el presidente de la nación, hasta un ministro de Defensa que
ha redefinido los límites de la inutilidad, pasando por los altos mandos
militares) nos deben a todos los argentinos -comenzando por los familiares de
las víctimas del San Juan- una explicación sobre los hechos.
Es lo menos que se
puede pedir para que esas 44 muertes no hayan sido en vano.
El gobierno y las fuerzas armadas ocultan la causa y los autores de la destrucción del submarino y el asesinato de sus tripulantes,mientras Macri reparte ganancias con su socio, el inglés Joe Lewis.
ResponderEliminarQuienes saben lo que ocurrió y no integran éste gobierno,deberían pensar que ningún gobierno es eterno. El círculo se está cerrando,y alguno va a tener que hablar si quiere evitar la cárcel.
El Colo.