ACÁ EL QUE NO CORRE VUELA

El viernes pasado dábamos cuenta en ésta entrada de los cambios orquestado por Macri en el régimen de los contratos de "participación pública privada" (PPP) para favorecer en lo inmediato a los grupos empresarios que intentarán quedarse con los corredores viales, y en lo mediato a todos los que construyan obras públicas bajo esa modalidad: exención del pago de IVA y Ganancias sobre los intereses del financiamiento que contraigan, y prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros, para el caso que los oferentes sean grupos de otros pasíses.

Al respecto, leíamos ayer en El Cronista que hoy se abrirán las ofertas de la licitación de los corredores viales licitados bajo ese sistema, y nos encontramos con las siguientes novedades:

* Presentarían ofertas los principales grupos económicos vinculados a la obra pública nacional, de la patria contratista, a saber: Techint (Paolo Rocca), Cartellone, SACDE (ex IECSA, de Mindlin, antes de Calcaterra, siempre de Macri), Panedile, Helport (de Eurnekián), Benito Roggio (el mismo de los subtes porteños), Eleprint (del actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Gustavo Wiess), José Chediak (el anterior presidente) y Conorvial.

* Como consecuencia del cambio de las reglas de juego originarias de la licitación de las que hablábamos en el post anterior, también habría ofertas de empresas extranjeras: las españolas Dycasa (conocida por acá, por depredaciones varias) y Abertis (que viene de quebrar como concesionaria de autopistas bajo el mismo sistema en España hace meses, y fue rescatada por el gobierno español), y la italiana Ghella, socia de IECSA y Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento; empresa en la que dicen algunos son accionistas los Macri.

* Las ofertas se anuncian “picantes” con costos de hasta un 300 % por encima de los que venía obteniendo Vialidad Nacional para obras similares, por el costo -dicen- del financiamiento que pesaría sobre los oferentes, pero con avales y garantías del Estado.

Tanto que ayer mismo salió en el Boletín Oficial el Decreto 301 (completo acá), por el cual el Ministerio de Transporte afectará al fideicomiso PPP de los corredores viales el 50 % del producido del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos que se destina a la infraestructura vial, un recurso líquido y disponible con el que Vialidad Nacional hace obras de conservación y mantenimiento.

* Poco antes de la licitación (cuyas base, como dijimos, fueron “retocadas” varias veces a favor de las empresas) el gobierno aumentó un 50 % el valor de los peajes en los corredores viales comprendidos; recordando que el peaje es (junto al cobro de los bonos que emitirá el Estado para garantizar las inversiones) parte esencial del repago que recibirán las empresas que se queden con las obras, porque pasarán a operar los corredores por varios años.

La modalidad implica una virtual privatización de Vialidad Nacional (ensayada hace un tiempo creando una sociedad anónima) no solo al poner en mano de empresas privadas la operación de los corredores viales o la construcción y manejo de nuevas autopistas, sino al privarla de uno de sus principales recursos; como lo es el impuesto a los combustibles. 

Sobreprecios, deuda privada (la del financiamiento) absorbida en definitivas por el Estado, cartelización de las ofertas (seguramente se terminarán repartiendo los diferentes corredores), reglas de juego a medida y aun así cambiadas sobre la marcha, cero riesgo inversor porque el Estado ofrece todo tipo de garantías, empresas quebradas rescatadas por el Estado y ofertas presentadas por empresas propias o de amigos.

Absolutamente impensado en un gobierno presidido por la famiglia Macri, ¿no?