El viernes pasado dábamos cuenta en ésta entrada de los cambios orquestado por Macri en el régimen de los contratos de "participación pública privada" (PPP) para favorecer en lo inmediato a los grupos empresarios que intentarán quedarse con los corredores viales, y en lo mediato a todos los que construyan obras públicas bajo esa modalidad: exención del pago de IVA y Ganancias sobre los intereses del financiamiento que contraigan, y prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros, para el caso que los oferentes sean grupos de otros pasíses.
Al respecto,
leíamos ayer en El Cronista que hoy se abrirán las ofertas de la licitación
de los corredores viales licitados bajo ese sistema, y nos encontramos con las
siguientes novedades:
* Presentarían
ofertas los principales grupos económicos vinculados a la obra pública
nacional, de la patria contratista, a saber: Techint (Paolo Rocca), Cartellone,
SACDE (ex IECSA, de Mindlin, antes de Calcaterra, siempre de Macri), Panedile,
Helport (de Eurnekián), Benito Roggio (el mismo de los subtes porteños),
Eleprint (del actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Gustavo Wiess), José Chediak (el anterior presidente) y Conorvial.
* Como consecuencia
del cambio de las reglas de juego originarias de la licitación de las que
hablábamos en el post anterior, también habría ofertas de empresas extranjeras:
las españolas Dycasa (conocida por acá, por depredaciones varias) y Abertis (que
viene de quebrar como concesionaria de autopistas bajo el mismo sistema en
España hace meses, y fue rescatada por el gobierno español), y la italiana
Ghella, socia de IECSA y Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento; empresa
en la que dicen algunos son accionistas los Macri.
* Las ofertas se
anuncian “picantes” con costos de hasta un 300 % por encima de los que venía
obteniendo Vialidad Nacional para obras similares, por el costo -dicen- del
financiamiento que pesaría sobre los oferentes, pero con avales y garantías del
Estado.
Tanto que ayer
mismo salió en el Boletín Oficial el Decreto 301 (completo acá), por el cual el
Ministerio de Transporte afectará al fideicomiso PPP de los corredores viales
el 50 % del producido del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos
que se destina a la infraestructura vial, un recurso líquido y disponible con
el que Vialidad Nacional hace obras de conservación y mantenimiento.
* Poco antes de la
licitación (cuyas base, como dijimos, fueron “retocadas” varias veces a favor
de las empresas) el gobierno aumentó un 50 % el valor de los peajes en los
corredores viales comprendidos; recordando que el peaje es (junto al cobro de
los bonos que emitirá el Estado para garantizar las inversiones) parte esencial
del repago que recibirán las empresas que se queden con las obras, porque
pasarán a operar los corredores por varios años.
La modalidad implica una virtual privatización de Vialidad Nacional (ensayada hace un tiempo creando una sociedad anónima) no solo al poner en mano de empresas privadas la operación de los corredores viales o la construcción y manejo de nuevas autopistas, sino al privarla de uno de sus principales recursos; como lo es el impuesto a los combustibles.
Sobreprecios, deuda
privada (la del financiamiento) absorbida en definitivas por el Estado,
cartelización de las ofertas (seguramente se terminarán repartiendo los
diferentes corredores), reglas de juego a medida y aun así cambiadas sobre la
marcha, cero riesgo inversor porque el Estado ofrece todo tipo de garantías,
empresas quebradas rescatadas por el Estado y ofertas presentadas por empresas
propias o de amigos.
Absolutamente
impensado en un gobierno presidido por la famiglia Macri, ¿no?
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