Los subsidios a las tarifas de los servicios
públicos deben haber sido –junto con el “cepo” cambiario y las retenciones- de
las políticas más denostadas de los gobiernos kirchneristas, y que todos los
opositores de entonces pedían corregir, sino directamente eliminar.
Los argumentos son
conocidos: disparaban el déficit fiscal, desalentaban las inversiones de las
empresas al no “darles señales de precios”, eran inequitativos por regiones en
perjuicio del interior, o por sector sociales subsidiando a quienes no los
necesitaban; y fomentaban el derroche de energía, que debíamos importar con la
consiguiente necesidad de divisas y el deterioro de la balanza comercial.
Tales razones eran
abundantemente replicadas por los medios opositores (hoy oficialistas) y en
consecuencia repetidos sin discusión por mucha gente a la que le queman la
cabeza las 24 horas, y se la deja quemar: los subsidios “debían terminar” y a
la luz, el gas y el agua “hay que pagarlas por lo que valen”.
Sin embargo, una
primera pista de la hipocresía (política, mediática y sobre todo social9 al
respecto la dio el hecho de que cuando el gobierno de Cristina habilitó a fines
del 2011 la posibilidad de que los usuarios de los servicios públicos
renunciaran voluntariamente a los subsidios, solo lo hicieron 22.000 en todo el país; y entre ellos no figuraban muchos de sus
detractores de entonces, que hoy defienden los aumentos salvajes de tarifas del
gobierno de Macri, ni siquiera el propio Aranguren.
Producido el cambio
de gobierno, y así como pasó con la eliminación del “cepo” y la mayor parte de
las retenciones, el gobierno de Macri (que prometía en campaña y por boca del
propio Aranguren, luz gratis para 14 millones de personas consideradas pobres)
descerrajó los tarifazos que conocemos, en especial en la luz y el gas,
volviendo a dolarizar las tarifas como en el menemato, con los resultados por
todos conocidos: las facturas se dispararon a las nubes, haciéndose impagables
en muchos casos para las familias, los comercios y las industrias;
especialmente las Pymes.
Desde el punto de
vista estrictamente económico, ninguna de las premisas en las que se sostenía
la necesidad de eliminar los subsidios se cumplió: la producción petrolera y de
gas no aumentó sino que disminuyó, las inversiones y el empleo en el sector no
crecieron, el consumo no merma o por lo menos no lo hace en la medida brutal de
los tarifazos, las discriminaciones por sectores sociales no desaparecieron
(los alcances de la “tarifa social” son un chiste), el déficit fiscal es aun
mayor que durante el kirchnerismo (y eso sin considerar el sideral aumento del
pago de intereses de la deuda) y el déficit comercial bate récord históricos,
al igual que las importaciones de combustibles.
Todo eso sin contar
que los tarifazos hicieron trizas las “metas de inflación” de Sturzenegger,
tanto como el postulado monetarista de que contribuirían a reducir la inflación
reduciendo el déficit fiscal y quitando ingreso disponible para el consumo a
los hogares, deprimiendo de ese modo la demanda: esto último se verificó, pero
como consecuencia de la pérdida de los salarios reales frente a la inflación..
Las únicas que han
experimentado mejoras con los tarifazos son las petroleras por los descomunales
aumentos de los precios que se les reconocen por el gas en boca de pozo, y las
empresas concesionarias de la generación, el transporte y la distribución
energética; entre las que revistan por supuesto la de los
socios/amigos/testaferros del presidente como Lewis, Caputo o Mindlin.
En este contexto y
bajo la idea de “Cambiemos” de crearse su propia oposición pata obturar el
surgimiento de una oposición real, salen a la palestra contra los tarifazos los
radicales (grandes defensores de la quita de los subsidios, por boca de Ernesto
Sanz) y Elisa Carrió, que hasta hace pocos días denunciaba que háckers de la
Cámpora se introducían a los sistemas informáticos de las empresas y los ente
reguladores, para toquetear las facturas y que arrojaran aumentos mayores que los
autorizados por el gobierno.
Nadie en su sano
juicio les puede creer, como tampoco se les puede creer a los que despotricaban
contra los subsidios, pero no renunciaron a ellos cuando tuvieron la
oportunidad de hacerlo; o los que dicen “No me importa pagar la luz o el gas
diez veces más, con tal de que no vuelva el kirchnerismo”. Los hay, por
supuesto, pero si fueran tanto, los radicales y Carrió no estarían
disfrazándose de opositores, porque son parte de su propia clientela electoral.
Y cuando queda clara
la mentira de patas cortas que fue la eliminación de los subsidios, desde el
gobierno tildan a Cristina de demagoga por presentar un proyecto en el Senado
(hay otro de Agustín Rossi en Diputados) para retrotraer las tarifas a enero
del año pasado, y suspender nuevos aumentos.
Al fin y al cabo no
está haciendo sino estrictamente lo que prometió en campaña y para lo que la
votaron (cosa que muchos no pueden decir, como los que prometieron pobreza cero o eliminar Ganancias); y sosteniendo así al mismo tiempo
una política que llevó adelante cuando le tocó gobernar, mientras más de uno debe
estar pensando a esta altura que tan mal no estaba.
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