REFORMA SÍ, CAMELO NO

Antes que nada aclaremos un punto: desde acá no nos oponemos a las reelecciones, es más, si fuera por nosotros que sean indefinidas; al menos como posibilidad, y que después sea la gente la que decida.

Pero en todos los casos y en todas las categorías de cargos, ahora y antes, acá y en todos lados. No como otros que si lo piden ellos, es para perfeccionar las instituciones, y si lo pide Chávez o Evo Morales, es para perpetuarse en el poder y seguir con sus populismos clientelares. 

Dicho esto, sorprende (o no) que en racconto histórico que hace Lifschitz en el video de apertura no haya mencionado la Constitución Nacional de 1949, la más moderna de su época y sancionada para consagrar muchos de los derechos de los que él habla, como los del trabajador, de la niñez, de la ancianidad, de la educación y la cultura.

A lo mejor la omisión no es casual, porque por entonces su partido se opuso a la reforma con el argumento de que era exclusivamente para garantizar la reelección de Perón; y más aun: formó parte luego de la Junta Consultiva de la autodenominada Revolución Libertadora, que la derogó por un decreto de facto, y convocó a una reforma sin participación del peronismo que estaba proscripto, pero sí de todos los demás partidos.

Estamos de acuerdo en reformar la Constitución para imponer en la provincia el voto de los jóvenes a partir de los 16 años, el tema es que cuando se sancionó en la nación, el socialismo no acompañó con su voto.

No es cierto que sea necesaria una reforma constitucional en la provincia para que los santafesinos tengamos reconocidos los nuevos derechos que aparecieron en la Constitución Nacional con la reforma de 1994: además de que Santa Fe es parte de la Argentina, el artículo 6 de la Constitución provincial vigente dice claramente que "Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran.". 

Lo contrario significaría admitir que hay argentinos de primera y de segunda en cuanto a los derechos de que gozan, según que las provincias donde viven hayan reformado o no sus constituciones después de 1994.

Tampoco es cierto que sea necesaria una reforma constitucional para que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia permanezca en su órtiba: el artículo 125 segundo párrafo de la Constitución Nacional reforma en 1994 establece que "Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales...".

Quien más ha puesto en riesgo la permanencia de la Caja en la órbita provincial en los últimos tiempos ha sido el propio Lifschitz, primero haciendo votar a sus diputados el blanqueo de capitales y la "reparación histórica" de la Ley 27.260 con la excusa de que de ese modo la nación financiaría el déficit, pero sujeto a la "armonización de los sistemas previsionales".

Y luego firmando el pacto fiscal en el que -por segunda vez, porque la primera no cumplió con lo pactado- la nación se compromete a lo mismo pero ya sin la exigencia de la "armonización", cosa que tampoco cumplió hasta ahora. 

Estamos de acuerdo con que la EPE y Aguas Santafesinas (ASSA) permanezcan en la órbita del Estado provincial, pero para eso no es necesaria una reforma constitucional: sería más útil un gobierno que las administre como verdaderas empresas públicas, que no fijan las tarifas de sus servicios como si fueran prestadores privados, trasladando a los usuarios todos sus aumentos de costos (y más aun), sin ninguna forma de compensación o subsidios.

No como las gestiones del socialismo desde el 2007 para acá, que han incrementado sideralmente las tarifas aun antes del quite de los subsidios nacionales, que vienen retirando progresivamente los aportes del Tesoro provincial a ASSA para hacer obras de infraestructura para mejorar los servicios y que se financian con la EPE como una "doble caja", que les aportará este año casi 4000 millones de pesos de impuestos provinciales y nacionales coparticipables, a costa de los usuarios.

Puso más en riesgo el carácter público de la EPE el socialismo impulsando un proyecto para convertirla en una sociedad anónima, exenta de todos los controles del Estado provincial, con la posibilidad de asociarse con capitales privados en contratos de participación pública privada (PPP) para prestar sus servicios; y con un marco regulatorio que no contempla la existencia de subsidios estatales a las tarifas.

Estamos de acuerdo con todo lo que haga a mejorar la transaparencia del Estado provincial, pero para eso no es necesaria ninguna reforma constitucional: bastaría con poner disponibles en Internet para que los pueda ver cualquiera todos los decretos del gobernador de la provincia y los actos administrativos de sus funcionarios (cosa que hoy no existe), o publicar las ejecuciones presupuestarias mensuales; dado que desde noviembre del año pasado no hay disponibles datos de los ingresos y gastos de la provincia, y los datos de diciembre solo son generales. 

También coincidimos en que es muy importante fortalecer a los organismos de control, pero da la casualidad que el único que hoy ya figura en la Constitución (el Tribunal de Cuentas) ha sido cooptado políticamente por el socialismo desde el 2007, a punto tal que acaban de proponer para integrarlo al que fuera Secretario de Ingresos Públicos de los gobiernos de Binner y Bonfatti, y que en consecuencia tendría que controlar parte de su propia gestión.

No es necesaria una reforma constitucional para establecer la autonomía municipal, bastando con reformar las leyes de municipalidades y de comunas, para prolongar el mandato de los presidentes comunales, por ejemplo.

Y si la autonomía municipal viene siendo -como sostiene Lifschitz- un reclamo de años de la ciudad de Rosario, que empiece a ejercerla ahora, sosteniendo sus hospitales municipales con sus propios recursos y no subsidiados por todos los santafesinos; que además venimos solventando desde el 2007 los desaguisados financieros de las gestiones socialistas.

A favor de las reformas constitucionales en lo que sea necesario, a favor de las reelecciones y que el pueblo decida, y en contra del camelo, siempre.