LA CHANCHA, LOS VEINTE Y LA MÁQUINA DE HACER CHORIZOS

La imagen de apertura corresponde a ésta nota de ayer de El Cronista, en la que daban cuenta de la inminente sanción de un decreto de Macri "retocando" las normas que rigen los contratos de participación pública privada (PPP), para hacerlos "más competitivos"; léase más favorables y convenientes aun para los inversores privados (extranjeros y nacionales) que participen de la modalidad.

Modalidad que hemos explicado en reiteradas oportunidades en el blog, pueden encontrar a la derecha todos los posteos con la etiqueta "participación pública privada", y fue aprobada en el 2016 con la Ley 27.328, sancionada con el apoyo de la "oposición responsable" (massismo y "peronismo racional"); luego reglamentada por Macri por el Decreto 153/18, en el que avanzó incluso sobre la ley con más beneficios para los inversores privados.

Tal como se anunciaba, salieron finalmente y están publicados en el Boletín Oficial de hoy, no uno sino dos decretos de Macri para hacer ´"más competitivos" a los contratos PPP, con los que el gobierno piensa solventar la obra pública en éste año de ajuste post electoral; en el que las licitaciones tradicionales (financiadas por el Estado) están paradas, se adeudan certificados de obra y redeterminaciones de precios, y están suspendidas las transferencias de capital a las provincias, para obras solventadas con fondos nacionales.

Por el Decreto 300 (completo acá) Macri exime del pago de IVA e impuesto a las Ganancias a los intereses de los certificados, valores negociables, títulos valores y demás instrumentos que acrediten la inversión de los que aportan a un proyecto bajo el sistema PPP; y transforma los "compromisos contingentes" que podría tener que hacer el Estado aportando fondos en el transcurso de los proyectos si los privados no pueden por sí mismos financiarlos, en aportes exigibles desde el momento mismo de la firma de los contratos. 

A esos fines no vaciló en modificar el decreto reglamentario que él mismo había firmado hace menos de dos meses: la lluvia de inversiones se sigue haciendo rogar, y hay que hacerle todos los días una nueva concesión a los inversores (que luego piden "reglas claras" y "seguridad jurídica"), para ver si algún día finalmente llega.

Con un panorama de licitaciones que se están abriendo en Vialidad Nacional para los principales corredores de rutas nacionales, con ofertas de los principales grupos de la patria contratista (Roggio, Techint, Cartellone, la ex IECSA ahora en manos de Mindlin, Eurnekián) del país que están hasta un 300 % por encima de las licitaciones hechas con el sistema tradicional, cede el gobierno de éste modo a la extorsión resignando recursos fiscales, en la creencia de que así abaratará el costo de las obras.

Pero además trastoca los supuestos beneficios del sistema PPP, al comprometer al Estado desde el inicio en la financiación de las obras, o en la absorción de los mayores costos financieros por la suba de las tasas de interés internacionales; sea resignando impuestos sobre el componente de interés de las inversiones, o teniendo que sustituir total o parcialmente a los privados en la financiación.

Es decir, el mismo modus operandi por el cual Macri por DNU transfirió 45.000 millones de pesos a la obra de Soterramiento del Sarmiento adjudicada originariamente a Odebrecht, IECSA (antes de Calcaterra, hoy de Mindlin), la española Comsa y la italiana Ghella; y el Estado asumió conseguir su financiación, cuando en el pliego de la licitación original esa obligación era de los oferentes privados.

Por el Decreto 299, en tanto (completo acá), se establece la cláusula de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renuncia a la inmunidad de jurisdicción soberana (con las mismas excepciones que las emisiones de deuda) en los contratos a firmarse -justamente- con los consorcios ganadores de la licitación internacional convocada por Vialidad Nacional para diferentes corredores viales; por el programa "Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP - 1º Etapa"; en el caso que haya empresas extranjeras entre los oferentes.

Una de las promesas de Macri a Rajoy que anduvo por acá estos días, promocionando a las constructoras españolas que allá quebraron bajo este sistema, y le costaron al Estado español 4000 millones de euros para rescatarlas: lluvia de inversiones ácida, sería.

Recordemos que este punto en particular (la prórroga de jurisdicción) fue uno de los más debatidos cuando se discutió en el Congreso la Ley 27.328 que dio lugar al régimen de los PPP, y la "oposición responsable" se jactaba de haberlo limitado, introduciendo una cláusula por la cual si el gobierno apelaba a este mecanismo, debía "dar cuenta al Congreso", cosa que el Decreto 299 hace.  

Claro que ya hemos visto con el paso del ministro Caputo por la comisión bicameral de deuda (que estuvo dos años sin reunirse) como funcionan los mecanismos de control del Congreso, cuando dependen de la "oposición responsable".