Apenas comenzado el gobierno de Mauricio
Macri el gobierno urgió el arreglo con los fondos buitres que no habían
ingresado a los canjes de deuda, con el argumento que de ese modo el país
lograría salir definitivamente del default; para poder ingresar a los mercados
de deuda y obtener financiamiento para obras de infraestructura.
Ese fue
precisamente el mismo argumento con el que Massa y casi todos los gobernadores
(desde los del PJ hasta los de otras fuerzas como el socialismo, el MPN o el de
Río Negro) justificaron aportar los votos de sus legisladores para aprobar el
acuerdo, oprobioso para los intereses del país.
La historia
posterior es conocida: el endeudamiento del Estado nacional se destinó casi en
su totalidad a financiar la fuga de capitales, y el de las provincias más o
menos para lo mismo, al menos en cuanto al destino de las divisas que
ingresaron al país por la toma de deuda. La mayoría de ellas (en especial
Buenos Aires, cuyo re endeudamiento fue colosal) lo destinaron a solventar
gastos corrientes, en el país y en pesos.
La siguiente
promesa del gobierno de “Cambiemos” fue la “lluvia de inversiones”, por la cual
se aprobaron en el Congreso (con los mismos apoyos opositores) primero el
blanqueo de capitales y la moratoria, y luego la ley de los contratos de
“participación pública privada” (PPP). También acá la historia es conocida:
como el blanqueo permitía dejar los dólares fuera del país, apenas una ínfima
parte volvió, y lo recaudado por el impuesto especial se destinó a pagar la
“reparación histórica a los jubilados”.
Quedaban entonces
los contratos PPP para obras de infraestructura como la principal esperanza del
gobierno de concretar la “lluvia de inversiones” prometida, pero acá también la
historia es conocida: el régimen aprobado por el Congreso fue reglamentado por
Macri con cambios, y ya estando en marcha las licitaciones bajo el nuevo
sistema para los corredores viales, vinieron otras modificaciones, todas con el
mismo propósito: endulzar a los esquivos inversores (la mayoría de ellos, los
principales grupos económicos internos) con privilegios y beneficios de los que
resulta que, en definitiva, será más lo que saquen, que lo que pongan.
Y ahora llegamos al
final de la película, cuando nos informan que ante el cierre de la canilla del
endeudamiento externo en los mercados de capitales, el gobierno piensa
financiarse con los fondos que los inversores PPP ingresen al país, o con parte
de ellos; bajo el razonamiento de que las empresas obtendrán de los bancos y
fondos de inversión en la primera etapa del programa, recursos mucho mayores
que los que irán necesitando por el avance de las obras.
Para que se
entienda: el gobierno apeló a la herramienta de los PPP para que esa inversión
que el Estado debe garantizar y repagar no figure como deuda pública (y así lo
dispuso en el presupuesto nacional), pero ahora tomará parte de los fondos de
los inversores bajo ese régimen, para financiarse; con bonos emitidos en
dólares que por supuesto generarán rentas a sus tenedores, y engrosarán no solo
el ya abultado endeudamiento contraído aceleradamente por Macri en dos años y
medio de gobierno, sino el creciente peso de los servicios de deuda sobre el
conjunto de los gastos del Estad, y sobre sus necesidades de divisas; siendo
además que la mayoría de las obras que se están licitando bajo este sistema no
mejoran la capacidad del país para el repago de sus deudas, incrementando por
ejemplo su oferta exportadora.
Los bonos de deuda
que ahora recibirían los inversores con contratos PPP se suman a los que el
Estado les deberá entregar en pago por las obras que hagan, las cuáles además
en muchos casos quedarán bajo su operación para explotarlas económicamente: si
son rutas para cobrar los peajes, si con centrales generadoras de energía, para
cobrarle ésta al mercado mayorista, y así en todos los casos.
Hemos dicho ya acá
varias veces que esos bonos a su vez están emitidos en dólares, ajustables por
la inflación y garantizado su cobro por el Estado con el producido de la
recaudación de impuestos específicos como el de la transferencia a los
combustibles líquidos; lo que convierte a los inversores de los contratos de
“participación pública privada” en acreedores privilegiados del Estado
argentino.
Se entiende ahora
por qué razón toda la operatoria bajo el sistema PPP quedó bajo la coordinación
de “Toto” Caputo, y no de los ministros con incumbencia específica en obras de
infraestructura como Dietrich, Aranguren o Frigerio: la idea era desde el
principio generar no solo un esquema de negocios rentables para la patria
contratista local y algunos inversores extranjeros, sino otro nicho de curros
para los bancos y fondos de inversión que estuvieron -por ejemplo- detrás de la
corrida cambiaria, y que están también prendidos en la bicicleta financiera.
Y asegurarse además
por supuesto una nueva fuente de financiamiento para garantizar la continuidad
de la fuga de capitales.
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