PATOLOGÍA INSTITUCIONAL

Aun antes de que apareciera publicado (como corresponde) en el Boletín Oficial (completo acá), se filtró a los medios el texto del Decreto 499, por el cual Macri vetó totalmente el proyecto de ley sancionado por el Congreso estableciendo la emergencia tarifaria, retrotrayendo los aumentos a noviembre del año pasado y fijando pautas a futuro para su incremento.

Acá Infobae tuvo la "primicia" y publicó el documento de 12 páginas y 113 párrafos en su considerando, del cual extractamos los que nos parecieron más relevantes para el análisis; pues en su mayoría reitera lo que dijeron los legisladores de "Cambiemos" en los debates en ambas Cámaras del Congreso, durante la discusión del proyecto. Las comillas son cita textual del decreto, y las negritas son nuestras:

"Que inveterada, pacífica y constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara que la facultad de establecer las tarifas y cuadros tarifarios resulta una competencia exclusiva del poder administrador." (Se citan antiguos fallos de la Corte, uno de ellos de 1939, pero no se menciona nunca, en todo el texto del decreto, cuál o cuáles serían los artículos de la Constitución de los que se derivaría que fijar las tarifas de los servicios públicos es una atribución exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Y es sabido que -conforme a la propia Constitución- toda zona gris sobre deslinde de facultades entre el Presidente y el Congreso debe resolver en favor de éste, por lo dispuesto en el artículo 75 inciso 32 ("Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina."). Además exactamente un año atrás el Congreso legisló en materia de tarifas de los servicios públicos al dictar la Ley 27.351 de electrodependientes, y Macri no solo no la vetó sino que la promulgó)  

"Que pese a los elevados índices de inflación observados durante ese período, la devaluación del valor de la moneda nacional y los crecientes costos reales de abastecimiento, el precio mayorista de la energía eléctrica y el precio del gas natural en el punto de ingreso en el sistema de transporte, así como las tarifas de los servicios públicos de jurisdicción nacional, se mantuvieron sin adecuaciones acordes a dicho contexto, lo que provocó un distanciamiento creciente entre los precios de la energía pagados por los usuarios y los costos reales de abastecimiento, con consecuencias nocivas sobre el sector y sobre la economía del país." (Se refiere al lapso 2003-2015. No se entiende cuáles serían las consecuencias nocivas para la economía del país de abaratar uno de los principales costos de producción de bienes y servicios, como lo es la energía. De hecho, los niveles de crecimiento del PBI y de generación de puestos de trabajo durante ese lapso -aun medidos con los criterios del INDEC macrista- demuestran que la estrategia fue acertada. Y por si quedaran dudas, nos remitimos a lo que está pasando ahora, cuando los costos de la energía están "sincerados")

"Que, fruto de las políticas adoptadas durante el periodo previo a diciembre de 2015, se registró una notable caída en la producción nacional de hidrocarburos, fuente primaria, a su vez, de generación eléctrica, de fundamental importancia en la matriz energética argentina, a la par que el parque de generación no acompañó tampoco el crecimiento de la demanda, alentada por las tarifas artificialmente bajas." (Precisamente para revertir esa caída, en el 2012 se tomó la decisión estratégica de recuperar el control del Estado argentino sobre YPF a través de la sanción de la Ley 26.741 de soberanía energética; que los legisladores del PRO votaron en contra por orden expresa de Mauricio Macri, como lo recordó Cristina en el debate en el Senado. Y lo del parque de generación es absolutamente falso: se incrementó su capacidad en un 36,96 %, incorporando 12.250 MW por diferentes fuentes (hidroeléctrica, nuclear, térmica, centrales de ciclo combinado) que llevaron la capacidad instalada de generación a 33.141 MW en el año 2015. 

Según lo informado por CAMMESA, en diciembre de 2016 la capacidad se había incrementado a 33.901 MW, es decir 760 MW en un año, como consecuencia de la entrada en funcionamiento pleno de las últimas centrales térmicas construidas durante el kirchnerismo, cuando el parque creció a un promedio de 1020 MW por año. Para bajarle el precio a los 24.455 millones de dólares invertidos en el sistema entre 2003 y 2015, insólitamente el decreto señala que el 30 % de ese parque de generación (es decir, aproximadamente unos 9942 MW) no estaban disponibles efectivamente, porque no era segura su operación; al mismo tiempo que afirma el 18 de febrero de éste año se registró el récord de demanda con 26.320 MW que se atendió sin necesidad de importar energía, y con una reserva sobrante del 10 %, lo que lleva a preguntarse: si la generación disponible efectiva "segura" -según dice el decreto- era de solo 23.199 MW ¿cómo pudo atender una demanda un 13,45 % mayor, dejando parque disponible y sin importar energía?. La respuesta es sencilla: por los 33.141 MW que les dejó "la pesada herencia" del kirchnerismo como capacidad de generación de energía. Por el contrario, este gobierno suspendió el Plan Nuclear Argentino, la construcción de Atucha III, la central de Río Turbio, las dos represas sobre el río Santa Cruz y la construcción de Atucha IV y V, que contaban con un 85 % de financiamiento chino) 

"Que esa política de precios subsidiados y creciente importación de energía más onerosa, además de afectar la inversión y el trabajo de nuestro país, con graves efectos en las economías regionales, contribuyó en gran medida a deteriorar las finanzas públicas, agravando progresivamente el déficit fiscal y de la cuenta corriente, circunstancia que, a su vez, dio lugar a nuevos remiendos de corto plazo, como el denominado “cepo cambiario”, y acentuó la tendencia inflacionaria de la economía del país, con consecuencias en los niveles de pobreza de su población." (Hoy, con precios de energía "sincerados" y sin "cepo cambiario" -y precisamente por eso- el déficit de cuenta corriente se acerca a un récord, alrededor del 6 % del PBI, es el principal condicionante estructural de la economía, y las importaciones de combustibles alcanzan el 90 % de todo lo importado en el período 2003-2015, en menos de dos años y medio)

"Que ello indica que las nuevas tarifas representan un porcentaje mayor del ingreso de los hogares que en 2015, pero este porcentaje todavía se encuentra dentro de un rango esperable considerando los valores previos a los años del congelamiento tarifario, y a su vez, se trata de un porcentaje que aún se encuentra por debajo de los observados en países comparables de la región de acuerdo con estudios recientes, siendo que en Brasil un hogar de ingresos medios destina el 5,4% de su gasto total al pago de servicios de gas y electricidad, en Perú el 5,1% y en Uruguay el 9,7%." (La fiscalía descansa: hoy las tarifas de los servicios públicos pesan más en los bolsillos de los argentinos y en la economía familiar que en el 2015, tanto más que no se menciona el punto de partida de la comparación, es decir cuanto pesaban entonces. Y ya nos están anunciando que habrá nuevos aumentos de tarifas, y por ende estas pesarán aun más en nuestros bolsillos)

"Que el resultado de las medidas adoptadas puede observarse también en materia de producción de gas natural, donde se registra, en el primer trimestre del corriente año, un crecimiento de la producción del tres coma cuatro por ciento (3,4%) en relación al mismo período del año anterior, y un crecimiento de la cantidad de pozos terminados del dieciocho por ciento (18%); habiéndose incrementado también la actividad de equipos de perforación activos (la mayor parte en la formación de Vaca Muerta), lo que indica que en el corto plazo este incremento de la producción se va a consolidar, posibilitando en el futuro una reducción de las importaciones y el desarrollo de economías regionales y el trabajo local." (La producción de gas, sin considerar la de YPF, sigue en caída desde 2015, y en forma global se recupera exclusivamente por los rendimientos del yacimiento off shore de Vega Pléyade, en las costas de la isla de Tierra del Fuego, descubierto y comenzado a explotar por la petrolera recuperada por el Estado en 2013. La de petróleo sigue cayendo abruptamente, como consecuencia de la decisión del gobierno de abandonar yacimientos y campamentos en Chubut y Santa Cruz, y concentrar los esfuerzos de YPF y los estímulos a las empresas privadas en Vaca Muerta)  

"Que de acuerdo con el Documento de Trabajo N° 2 de la Oficina de Presupuesto del Congreso (http://www.senado.gov.ar/Novedades/1641/download), el proyecto de ley bajo examen tiene un costo fiscal de pesos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y seis millones ($ 65.886.000.000) durante 2018. Que a los resultados del estudio mencionado deben agregarse las variaciones del tipo de cambio ocurridas desde abril de 2018, el aumento del precio internacional del petróleo crudo en igual período y sus impactos sobre los subsidios." (Es decir, como el informe del área específica del Congreso arrojaba un costo fiscal de retrotraer las tarifas menos a cualquiera de las estimaciones del gobierno, le incorporaron los costos adicionales de su propia torpeza a la hora de diseñar la política económica en general, y energética en particular; por dolarizar las tarifas y los precios de la energía, desregular por completo el mercado de los combustibles alineando los precios internos con los internacionales, y generar una corrida cambiaria que produjo una devaluación de más del 25 % del peso en poco más de un mes, y la pérdida de 13.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central, desde enero de éste año)

"Que este costo fiscal equivale a, por ejemplo, setenta y siete mil (77.000) viviendas sociales, más de dos (2) años del Programa de Asignación Universal por Hijo -que hoy cubre a casi cuatro (4) millones de beneficiarios-, dos mil ochocientas setenta y cinco (2.875) escuelas, quinientos setenta y cinco (575) hospitales, o todo el gasto nacional en universidades." (El viejo truco de comparar un gasto necesario e indispensable con otro, y nunca con uno que se podría evitar, como los subsidios a las petroleras, los intereses de las LEBAC´s o los costos de endeudarse en dólares para financiar la fuga de capitales, siendo que los gastos del Estado deben atenderse en pesos. Es el mismo razonamiento de los 3000 jardines de infantes que se iban a hacer con la plata del "Fútbol Para Todos" o los subsidios a Aerolíneas: el FPT no existe más, a Aerolíneas le bajaron los subsidios a la mitad, pero a los jardines no los vimos ni en fotos. De todos modos, entre 2003 y 2015 el kirchnerismo pudo subsidiar las tarifas e igual construír más de 2000 escuelas nuevas en todo el país, pese a que "se robaban todo". Deberían pedirle la receta, en lugar de meter preso a De Vido, o alimentar el odio entre los sectores populares -como señalamos acá- en modo "yo tengo que pagar fortunas la luz y el gas para pagarles los planes a las negras que se embarazan para cobrarlo")

"Que la cifra en cuestión haría imposible cumplir con las metas fiscales para el actual ejercicio fiscal y los siguientes, con las consecuencias que ello tendría sobre el costo de financiamiento para la República Argentina, dificultando la sostenibilidad de la deuda pública." (Las metas de inflación, tipo de cambio y nivel de actividad tampoco se estarían cumpliendo, pero al parecer eso no preocupa. Pero la afirmación trasunta la verdadera preocupación del gobierno: es necesario bajar subsidios a las tarifas para generar excedentes de recursos que volcar al pago de los intereses de la deuda, con un peso cada vez más creciente en las cuentas públicas. Para eso y para garantizar la continuidad del modelo de valorización financiera y fuga de capitales, fueron al FMI, y eso es justo lo que el Fondo les está pidiendo: garantizar los pagos de deuda, a como dé lugar) 

"Que, en otra oportunidad, la ex Presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner, mediante el dictado del Decreto Nº 1482/2010, ha ejercido la potestad constitucional de observar proyectos de ley, fundada en que “la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo”." (Acá ya la cosa entra directamente en el terreno de lo patológico: poner el foco en Cristina como hizo Macri en su mensaje previo a que el Senado tratara el proyecto, o la estrategia de polarizar con "la pesada herencia" para obtener rédito político vaya y pase, aunque ya estaría dejando de rendir dividendos. 

Pero insertar la doctrina Durán Barba en un documento oficial del Estado como un decreto del Poder Ejecutivo, es demasiado: la cita aparece así descolgada, en el medio de los 113 párrafos del considerando, sin antecedente ni consecuente, sin explicitación siquiera de a que refería el proyecto vetado por Cristina -a la que menciona por su nombre completo-, que era el famoso 82 % móvil aprobado por el "Grupo A" en el Congreso. A menos que haya una velada autocrítica, y ahora Macri reconozca que aquel proyecto era un mamarracho que llevaba a la quiebra al sistema previsional argentino, y en consecuencia Cristina hizo bien en vetarlo. No sería la primera vez que la reivindican, como cuando hace poco pidieron que la Sociedad Rural le restituya al Estado el predio de Palermo)

(PD: Se entiende que estuvieran tan apurados por vetar la ley antes de otra rueda del MERVAL para que no cayeran las acciones de las petroleras y de las generadoras, distribuidoras y transportistas de electricidad de Caputo, Mindlin, Pagano y Lewis, o sea de Macri.

Pero no pueden ser tan burros de poner en el "VISTO" del decreto que la ley fue sancionado el 30 de mayo, cuando el Senado terminó la sesión votando casi a las cuatro de la mañana de ayer 31.)