En medio del debate por el aborto y el "cuadernogate" pasó casi desapercibido que el jueves pasado se publicó en el Boletín Oficial (completo acá) el Decreto 730, por el cual Macri aprueba el "Régimen de Asistencia Financiera" para las Provincias cuyas Cajas de Jubilaciones no fueron transferidas al Estado Nacional, y que a su vez hayan ratificado en sus respectivas legislaturas el Consenso Fiscal de noviembre del año pasado.
Precisamente luego de que Lifschitz firmó el pacto fiscal decíamos en esta entrada que en una de sus cláusulas el gobierno nacional se había comprometido a derogar el Decreto 894/16, que reglamentaba el capítulo de la "reparación histórica" a los jubilados, en la parte en la que se acordaba el financiamiento de los déficits previsionales de las provinciales que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la nación.
Ese decreto establecía -como condición para que la nación financie ese déficit- la "armonización" de los sistemas previsionales provinciales con el nacional, y un régimen de penalidades consistente en descontar un 20 % del total del déficit a financiar, por cada "diferencia" que existiese entre uno y otro. Precisamente esa era la razón por la cual los gremios estatales santafesinos resistieron el pacto fiscal: porque supone bajar las jubilaciones y pensiones provinciales, y recortarles derechos a los beneficiarios. Para más info sobre el decreto, recomendamos leer esta entrada.
Como consecuencia de esa "armonización" y pese a que las provincias (como Santa Fe) que firmaron el pacto fiscal (que fue el disparador de la reforma previsional con el manotazo al bolsillo de los jubilados al cambiar la fórmula) lo ratificaron por sus Legislatura, la nación viene financiando un porcentaje muy menor de sus déficits previsionales: veíamos acá que de acuerdo a lo recibido de transferencias de ANSES por ese concepto, en el caso de Santa Fe sería poco más del 20 % del déficit total.
Y nada indica que la cosa vaya a cambiar con el nuevo decreto, que además no deroga expresamente al Decreto 894/16 (el que la nación se comprometió a derogar en el pacto fiscal), al que ni siquiera menciona: pese a que el decreto publicado la semana pasada establece en su artículo 2º inciso b) que la ANSES deberá "Eliminar los mecanismos de penalización por no armonización" a las provincias, en el inciso a) del mismo artículo el Poder Ejecutivo le ordena "Simular los desequilibrios que estaría asumiendo si el sistema previsional que se trate hubiese sido transferido al Estado Nacional el 31 de diciembre del año 1999."; o sea, en criollo: el déficit de una Caja provincial que sea consecuencia de cambios en su régimen previsional con posterioridad a esa fecha, no será financiado por la nación.
Precisamente luego de que Lifschitz firmó el pacto fiscal decíamos en esta entrada que en una de sus cláusulas el gobierno nacional se había comprometido a derogar el Decreto 894/16, que reglamentaba el capítulo de la "reparación histórica" a los jubilados, en la parte en la que se acordaba el financiamiento de los déficits previsionales de las provinciales que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la nación.
Ese decreto establecía -como condición para que la nación financie ese déficit- la "armonización" de los sistemas previsionales provinciales con el nacional, y un régimen de penalidades consistente en descontar un 20 % del total del déficit a financiar, por cada "diferencia" que existiese entre uno y otro. Precisamente esa era la razón por la cual los gremios estatales santafesinos resistieron el pacto fiscal: porque supone bajar las jubilaciones y pensiones provinciales, y recortarles derechos a los beneficiarios. Para más info sobre el decreto, recomendamos leer esta entrada.
Como consecuencia de esa "armonización" y pese a que las provincias (como Santa Fe) que firmaron el pacto fiscal (que fue el disparador de la reforma previsional con el manotazo al bolsillo de los jubilados al cambiar la fórmula) lo ratificaron por sus Legislatura, la nación viene financiando un porcentaje muy menor de sus déficits previsionales: veíamos acá que de acuerdo a lo recibido de transferencias de ANSES por ese concepto, en el caso de Santa Fe sería poco más del 20 % del déficit total.
Y nada indica que la cosa vaya a cambiar con el nuevo decreto, que además no deroga expresamente al Decreto 894/16 (el que la nación se comprometió a derogar en el pacto fiscal), al que ni siquiera menciona: pese a que el decreto publicado la semana pasada establece en su artículo 2º inciso b) que la ANSES deberá "Eliminar los mecanismos de penalización por no armonización" a las provincias, en el inciso a) del mismo artículo el Poder Ejecutivo le ordena "Simular los desequilibrios que estaría asumiendo si el sistema previsional que se trate hubiese sido transferido al Estado Nacional el 31 de diciembre del año 1999."; o sea, en criollo: el déficit de una Caja provincial que sea consecuencia de cambios en su régimen previsional con posterioridad a esa fecha, no será financiado por la nación.
Como para que no queden dudas al respecto, en el régimen anexo al decreto (artículo 1) se establece que "...la asistencia financiera a las Provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional que hayan ratificado en sus respectivas legislaturas el Consenso Fiscalde fecha 16 de noviembre de 2017, quedará definida por: a.) El proceso de simulación de los desequilibrios, que estaría asumiendo el Estado Nacional si el sistema previsional que se trate hubiese sido transferido el 31 de diciembre de 1999;..."; y en el artículo 3 que "La determinación del Resultado Previsional Anual Definitivo de las instituciones de seguridad social provinciales se realizará siguiendo la normativa previsional vigente en la Nación.". (las negritas son nuestras)
Es decir, cualquier déficit que resulte de que las normas jubilatorias provinciales no "armonizan" con las nacionales, no será financiado por la nación. Por ejemplo los cambios a la Ley 6915 de jubilaciones y pensiones provinciales, que se hicieron en el año 2005 en el gobierno de Obeid, por la Ley 12.464. Por segunda vez entonces (la otra fue al dejar vigente el Decreto 894/16 tras firmar el pacto fiscal) Macri falta a su palabra, porque ya logró de las provincias lo que quería: aprobar el cambio de la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios nacionales, en diciembre del año pasado.
Es decir, cualquier déficit que resulte de que las normas jubilatorias provinciales no "armonizan" con las nacionales, no será financiado por la nación. Por ejemplo los cambios a la Ley 6915 de jubilaciones y pensiones provinciales, que se hicieron en el año 2005 en el gobierno de Obeid, por la Ley 12.464. Por segunda vez entonces (la otra fue al dejar vigente el Decreto 894/16 tras firmar el pacto fiscal) Macri falta a su palabra, porque ya logró de las provincias lo que quería: aprobar el cambio de la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios nacionales, en diciembre del año pasado.
Es que Lifschitz no entendió lo que firmaba cuando firmó el pacto fiscal de Macri. Le tendrían que haber explicado antes de firmar, o por lo menos antes de mandarlo a la legislatura provincial a que lo ratifique. Ahora sí que va a entender.
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