miércoles, 15 de agosto de 2018

LOS CAGARON, MUCHACHOS; PIDAN QUE VUELVA CRISTINA


Hace menos de un mes atrás, y hablando del ajuste que la nación haría en los recursos que transfiere a las provincias para cumplir con los compromisos asumidos con el FMI, decíamos en ésta entrada:  "Otra poda previsible (al menos por lo que se viene manejando) serían los $ 2.211.328.000 contemplados en el presupuesto de este año en concepto del Fondo Federal Solidario (FFS), o fondo soja, que se conforma con el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, y que se deben destinar exclusivamente a obras de infraestructura educativa, social, sanitaria, vial o de vivienda. El 30 % de esos fondos la provincia los coparticipa a su vez con las municipalidades y comunas, lo que significa que si dejan de llegar, también ellas se verán privadas de recursos para hacer obras." (la cifra refiere al presupuesto provincial de Santa Fe) 

Y muy errados no estábamos: tal como lo indicaban los anuncios de ayer, hoy está publicado en el Boletín Oficial (completo acá) el DNU 756, por el cual se deroga si similar 206, dictado por Cristina en el año 2009 para crear el Fondo Federal Solidario (FFS); conformado con el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados. 

A través del Fondo, desde entonces el Estado nacional venía coparticipando a las provincias en forma automática y conforme a los índices de la Ley 23.548 de coparticipación federal, del 30 % del producido de la recaudación de los derechos de exportación (retenciones) a la soja y sus derivados, con afectación exclusiva a la ejecución de obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. 

Luego de que el Congreso rechazara la Resolución 125 con el "voto no positivo" de Cobos,  la alícuota de las retenciones a la soja y sus derivados quedó fijada en el 35 %, y los agrogarcas de la Mesa de Enlace, envalentonados por su triunfo, fueron por su eliminación total. Para granjearse el apoyo de las provincias en la pelea para sostenerlas, Cristina creó el Fondo, y el resto de la historia es conocida: tras el experimento de los "agrodiputados" la embestida gauchócrata fue diluyéndose hasta perder viento. 

Con Macri en el poder, las cosas comenzaron a cambiar: a la baja en cinco puntos de las retenciones a la soja decretada apenas asumió (Decreto 133 del 15 de diciembre del 2015), le sumó en diciembre del 2016 un cronograma de rebaja de 0,5 % por mes a partir de enero de éste año, y hasta diciembre del 2019 (Decreto 1343); con lo cual la alícuota que era del 35 % al comenzar su mandato, será del 18 % al concluirlo.

Esa resignación de recursos fiscales, sumada a la especulación del sector agropecuario esperando mejores condiciones de precios y tipo de cambio para vender, impactaron en los ingresos del fondo sojero: en el caso de Santa Fe por ejemplo, el año pasado esperaba recibir por esa vía $ 2.622.937.000, pero solo llegaron $ 2.068.925,362,16. 

 Aun así, el año pasado financió el 13,38 % de los gastos de capital del Estado provincial, siendo que por ejemplo el financiamiento externo (es decir, la deuda en moneda extranjera que tomó el gobierno de Lifschitz en los mercados de capitales) financió el 16,46 %; con la diferencia que el FFS era un aporte no reintegrable de la nación, que no generaba servicios de deuda posteriores. Moraleja: con Cristina las provincias (aun las opositoras) no necesitaban endeudarse para hacer obras; y el Estado nacional "recupera" recursos que estaban afectados exclusivamente a ese fin, para destinarlos a los gastos generales de su administración, por ejemplo pagar deuda.

Lo que está haciendo Macri ahora (además de eliminar el Fondo, y con eso, quedarse con el 30 % que antes se destinaba a las provincias) es suspender el cronograma de baja de retenciones para los derivados de la soja, como el aceite y la harina (acá completo el Decreto 757 también publicado hoy); lo cual supone acentuar el proceso de primarización de la economía, y generar mayores recursos para el Estado nacional, que de haber subsistido el Fondo Federal Solidario creado por Cristina, se deberían coparticipar en un 30 % con las provincias, para que estos a su vez lo coparticipen con sus municipios y comunas, como condición ineludible para recibir los fondos. 

Nada que no se pudiera prever cuando la casi totalidad de los gobernadores accedieron a firmar el pacto fiscal, que fue el punto inicial del ajuste incluso antes de que el gobierno se viera forzado a ir al FMI. Al respecto, cabe recordar lo dicho en ese momento acá: "Pero lo real es que el pacto (cuya ley aprobatoria también está publicada hoy en el Boletín Oficial) dice respecto al fondo que el Estado nacional se compromete a "Distribuir los recursos del Fondo Federal Solidario (en la medida que éste exista) entre las jurisdicciones que adhieran y cumplan con este Consenso, sin incluir el Estado Nacional, de acuerdo con la distribución prevista en el régimen general de coparticipación federal,... " (las negritas son nuestras, y entre los pobrísimos fundamentos del DNU se menciona precisamente esta parte del pacto fiscal).

Lo cual es curioso porque ese criterio de distribución ya lo estableció el Decreto 206/09 de Cristina que creó el fondo y aun está vigente. Lo novedoso que aporta el pacto fiscal es que la nación no se comprometió a sostener la vigencia del FFS, sino que incluso se reserva la facultad de dejarlo sin efecto; por ejemplo si bajando las retenciones a la soja (como sucederá) cae la recaudación por ese rubro, y en consecuencia manotea de un plumazo ese 30 % que coparticipaba a las provincias, para compensar, y listo. Y ninguna podría reclamarle al Estado nacional no solo porque lo  dice el pacto que firmaron, sino porque los derechos de exportación (vulgo retenciones) son recursos exclusivos del Tesoro nacional que no tiene la obligación de compartir con las provincias, conforme a los artículos 4 y 75 inciso 1) de la Constitución Nacional. ".

Como dicen, ajo y agua, o "Roma no paga traidores" ni "dadores de gobernabilidad"; o Macri tiene en claro quienes son sus apoyos principales: el sector privilegiado del campo (más los productores, acopiadores y exportadores del poroto que la industria), y el FMI y la banca internacional, que le exigen ajuste para que cierren los números. En ese esquema, los gobernadores y las provincias (y no solo los opositores) son actores de reparto.  

Sea que las medidas se instrumenten por DNU, sea porque se trata de regular sobre derechos de exportación y su afectación (materia delegada por el Congreso en el presidente conforme al artículo 76 de la Constitución), recordamos lo puntualizado acá cuando el gobierno rebaja o eliminaba retenciones a lo pavote: el tema deberá ser tratado en el Congreso (el DNU de Cristina creando el fondo sojero había sido ratificado conforme al procedimiento previsto por la Ley 26.122), y ahí se verá quien es realmente opositor, y quien no. 

 Y para terminar con los recordatorios, recordemos que muchos de los que ahora se lamentan por la pérdida de los recursos del fondo sojero (como el socialismo acá en Santa Fe) no solo se opusieron a las retenciones móviles de la Resolución 125, y se alinearon con los reclamos de la Mesa de Enlace durante el lock out patronal del 2008: cuando se trató en Diputados la ratificación del DNU 206/09 de Cristina que creaba el FFS, votaron en contra como consta acá en el acta respectiva; pese a que ya para entonces habían adherido al Fondo por el Decreto 496/09 de Binner siendo gobernador, y estaban usando la plata para hacer hospitales (como el CEMAFE o el nuevo Iturraspe), rutas (como la provincial 1), cloacas, la planta potabilizadora de Granadero Baigorria, comprar ambulancias y tomógrafos, y hasta arreglos en la autopista Santa Fe-Rosario; aunque se trate de una concesión con cobro de peaje.

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