SE ACABÓ LO QUE SE DABA

Hemos dicho otras veces que no es culpa del peronismo santafesino ni de Omar perotti que la provincia haya tenido una larguísima transición de seis meses entre las elecciones provinciales, y la asunción del nuevo Gobernador: eso fue exclusiva responsabilidad de Miguel Lifschitz, que fue el que decidió la fecha de convocatoria, y el cronograma electoral.

Tampoco es responsabilidad de quienes hoy gobiernan en la provincia que en esa prolongadísima transición, el socialismo siguiera tomando decisiones que -sabía perfectamente- comprometían a la futura gestión de gobierno, cuando ya se conocía que la provincia cambiaba de signo político: precisamente los designados por Perotti para tomar contacto durante la transición con el gobierno en funciones les advirtieron a los funcionarios de éste, señalándoles lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, respecto a la "regla del final de mandato": no incrementar en ese lapso (dos últimos trimestres del último año de gestión) los gastos corrientes, de un modo que no responda a necesidades permanentes del Estado, y las funciones que este tiene a su cargo.

El consejo -por decirlo de alguna manera- fue desoído, y el gobierno de Lifschitz siguió adelante con un festival de designaciones y contratos en la Administración Pública, en un proceso de degradación institucional que es su exclusiva responsabilidad, y que terminó con el insólito hecho de que el gobierno saliente le armara el presupuesto de su primer año de gestión al entrante; aun cuando éste impulsaba en la Legislatura una nueva ley de ministerios, para ejecutar su plan de gobierno, votado por la ciudadanía. 

O sea que todos estaban avisados de como eran las cosas, y nadie se puede hacer el sorprendido de que ahora, con el nuevo gobierno ya en funciones, el Gobernador decida cortar de cuajo con ciertas prácticas en las que el socialismo es ducho en cualquier gestión pública que le toque (sea en la provincia, o en la Municipalidad de Rosario), pero que si las hiciera un gobierno peronista, todos los medios a coro pondrían el grito en el cielo.

Hablamos del Decreto 89, por el cual Omar Perotti dispone la suspensión de los actos administrativos y contratos originados en actuaciones administrativas iniciadas con posterioridad al 10 de junio (fecha de corte de la ley de responsabilidad fiscal) por los que se designó o contrató a personas sin vínculo previo con la Administración Pública Provincial, salvo que se vinieran desempeñando como funcionarios políticos o asesores. Para que se entienda, parte del plantel político que acompañó a Lifschitz se reciclaba en la planta de personal de la provincia, buena parte de él ya lo había hecho antes. 

El decreto también suspende los actos administrativos por los que se designó como docentes titulares (en cargos u horas de cátedra) a muchas personas, sin hacer el concurso que manda en esos casos la propia carrera docente que el socialismo aprobó en el marco de las paritarias con los gremios del sector, e incluso nombrando en esas condiciones a gente sin título docente. Dicen que la lista traerá sorpresas impactantes.

Además manda revisar los contratos en los que se verifique que no ha existido efectiva prestación de servicios, existan incumplimientos o el plazo de vigencia del vínculo contractual se superponga con el desempeño del contratado en funciones de carácter político, para rescindirlos. Por si no se entendió: contrataban a gente que se seguía desempeñando como personal político mientras figuraba como contratada, para "engancharlos" en el proceso de pase a planta permanente del personal contratado, que los gremios estatales venían discutiendo con la provincia.

Para revisar todas estas situaciones y otras se crea una comisión,  que en un plazo de 60 días corridos debe analizar caso por caso para ver si las designaciones y contratos se hicieron de acuerdo a las normas vigentes, y se respetaron las pautas de la ley de responsabilidad fiscal; que dicho sea de paso aclaramos fue aprobada durante el gobierno de Néstor Kirchner en el 2004, y la provincia adhirió durante el gobierno de Obeid. A la modificación que le hizo Macri  el año pasado, en cambio, Lifschitz tuvo que adherir por haber firmado el pacto fiscal. 

El decreto aclara que más allá de la "ventana" del segundo semestre de éste año, la comisión debe analizar si más allá de ese plazo hay actos o contratos que se presuma en forma fundada que están viciados, y en esos casos propondrá su anulación; y les encomienda a los ministros analizar las asignaciones de funciones de mayor jerarquía que hubo en los últimos meses del gobierno de Lifschitz, sin tener en cuenta la nueva distribución de competencias funcionales de las áreas de gobierno resultantes de la nueva ley de ministerios.

Esto último porque -cuenta el decreto-en el período transcurrido desde el 10 de junio de éste año se dictaron 166 decretos de Lifschitz asignando esas funciones en 341 casos; y peor aun: 70 de esos decretos, procediendo a la asignación de las funciones correspondientes a 127 cargos, fueron dictados con posterioridad a que tomara estado parlamentario el proyecto que culminaría con la sanción de la nueva ley de ministerios pedida por Omar Perotti.

Designaciones o contratos violando las leyes, que favorecieron a funcionarios políticos de la anterior gestión, donde no se pudo verificar que funciones cumplían o si cumplían alguna, intento de armarle a Perotti el organigrama de la administración como le armaron el presupuesto, designaciones en cargos docentes sin concurso ni título docente: cualquiera que sepa leer se dará cuenta que el decreto no apunta contra el laburante común; sino contra los viejos vicios de la política, de los que el impoluto socialismo santafesino es cultor desde siempre, aun cuando el hecho no se conozca por el blindaje mediático del que gozaron durante 12 años.

Lo que está marcando el decreto (una de las primeras decisiones fuertes del flamante gobierno) es que se acabó lo que se daba, y empiezan otros tiempos; poniendo además a Santa Fe en línea con lo que acaba de hacer Alberto Fernández en la nación, suspendiendo el decreto de Macri que creaba un régimen especial de "ñoquis VIP" como vimos acá.