PRUEBA DE FUEGO, O DE GAS

Otra prueba de fuego para el gobierno y la coalición oficialista. La oposición está claro de que lado está, nos toca mover a nosotros. O lo limpiamos por ley, o lo limpia Alberto por otro DNU, y listo: https://t.co/IdJiR9aCmN

— La Corriente K (@lacorrientek) July 15, 2020

Sin grandes repercusiones en los medios, vienen desfilando por el Congreso y su Comisión Bicameral permanente los DNU emitidos por el gobierno de Macri, a los fines de evaluar si son ratificados o dejados sin efecto.

Según cuenta esta nota de La Política Online, en esa condición está el DNU 1053 del 2018, que entre otras cuestiones, instrumentó una compensación a las distribuidoras de gas (privatizadas) por la abrupta devaluación de entonces, en su artículo 7, que textualmente decía: "Establécese que el Estado Nacional asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período.".

El "regalito" de la gestión Macri generó una deuda 393 millones de dólares al Estado nacional, cuya primera cuota (y hasta ahora única) se canceló el 6 de diciembre del año pasado, o sea a solo cuatro días de que Mauricio Macri dejara la Casa Rosada. A su vez la "compensación" fue consecuencia de la dolarización de las tarifas, reconocidas a las productoras de gas, en boca de pozo.

Según cuenta la nota, y como no podía ser menos, los legisladores de "Juntos por el Cambio" se oponen a dejar sin efecto el DNU, y por eso no participaron de la discusión en la Bicameral; con el argumento de que en ese cuerpo ya se había discutido el decreto, y en consecuencia corresponde que se lo trate en las Cámaras.

Con el antecedente a la vista del DNU de Macri del traspaso de las escuchas telefónicas de la Procuración a la Corte (donde el "Frente de Todos" logró consenso en el Senado pero no en Diputados para anularlo), puede que suceda lo mismo, y que en consecuencia el decreto quede firme, por imperio de lo dispuesto por la Ley 26122 que regula el trámite de los DNU.

Es posible incluso que se repita exactamente la misma situación: que el Senado vote por derogarlo, con los votos del oficialismo, pero que estos no alcancen en Diputados para completar la derogación, por ambas Cámaras.

Y aquí aparece el primer desafío para la coalición de gobierno: garantizar sus propios votos en Diputados, y sumar otros para poder completar la sanción tumbando el DNU, y con él, la millonaria compensación cargada al bolsillo del Esado; es decir de todos nosotros.

El segundo desafío es como seguir si se vislumbra que eso no será posible: allí  no quedaría otro remedio que otro DNU, en éste caso de Alberto, anulando el que en su momento dictó Macri disponiendo la compensación. Desde el punto de vista político, la elección no es dudosa: sería ponerse del lado de los usuarios, y del propio Estado, que termina siendo el socio bobo de las privatizadas, en todo esto.

Por otro lado, tumbar el DNU de Macri (por ley o por otro decreto igual) iría en línea con el congelamiento de tarifas de la ley de emergencia económica, con la revisión tarifaria integral que la propia norma manda instrumentar, y con la pesificación de los costos de las generadoras de electricidad que el propio gobierno anunció tiempo atrás.

Claro que no se nos escapa que el desafío es, esencialmente, de naturaleza política y de relaciones puras y duras de poder. Más o menos en línea con la advertencia de Cristina días atrás, a propósito de una nota de Alfredo Zaiat en Página 12; y vinculado estrechamente a las convocatorias presidenciales al empresariado más poderoso del país. La pelota está en nuestro campo.