LAS VUELTAS DE LA VIDA

 

Y a Pullaro no lo allanaron ni le secuestraron el celular por haberles pagado los abogados a los canas con fondos reservados, @serdelfino @mxahumada @PelaCastroOk: https://t.co/O7gRncHCYt

— La Corriente K (@lacorrientek) December 7, 2021

Hace unos diez días atrás la noticia que copaba los medios provinciales eran los allanamientos a las sedes del Ministerio de Seguridad de la provincia en Santa Fe y Rosario, en los que se secuestró documentación y celulares de algunos funcionarios del área, que luego fueron cesados de sus cargos por Perotti.

Los fiscales que ordenaron el procedimiento -sin orden judicial- buscaban pruebas vinculadas con dos causas en trámite, originadas en denuncias de la oposición política: una vinculada a una licitación fallida para la compra de armas para la Policía, y otra por presunto espionaje ilegal de políticos, jueces, empresarios y periodistas; en ambos casos en la gestión de Marcelo Saín a cargo del área que dejó hace ya nueve meses.

Pasado ese tiempo, desconocemos que avance hubo en las causas como consecuencia de los procedimientos, y -sobre todo- que pasa con las famosas "carpetas" donde el ex ministro y sus funcionarios acumularían información contra determinadas personas, cosa que según como se presente podría configurar un violación a la Ley 25520 de inteligencia nacional, lo que a su vez sería un delito federal, que no puede investigar la justicia provincial.

Es decir, no sabemos quienes eran los "espiados" o "carpeteados", que decían esas carpetas, si hay o no delito y si los fiscales piensan quedarse con la causa, o girarla a la justicia federal. Lo que sí sabemos es que la oposición al gobierno de Perotti se indignó, reclamó saber si el gobernador avalaba lo actuado por su ex ministro (cosa que éste negó de plano, ordenando al Fiscal de Estado una investigación interna para deslindar responsabilidades) y se reunió con él para tratar cuestiones vinculadas a la seguridad, en un encuentro agendado antes de los procedimientos judiciales.

Se dijo (sin prueba hasta acá, y sin mayores precisiones posteriores) que para armar los "carpetazos" Saín había accedido a información disponible en sitios que no son de acceso público, pagando por ella con los fondos reservados que antes estaban en manos de la Policía, y que Perotti puso en manos del ministro de Seguridad. Y con motivo de todos estos hechos, cobró notoriedad Maximiliano Pullaro, hoy diputado provincial, y hasta diciembre de 2019 ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz.

Pullaro aparece en los medios dando cátedra sobre inseguridad y las mejores políticas para combatirla (como si hubiera amnesia social de su gestión, y de sus resultados), y se deja trascender en los medios -sin desmentirlo- que es hombre de consulta del actual ministro y sucesor de Saín, Jorge Lagna, del cual habla elogiosamente.

Por esas ironías del destino y de la historia y como da cuenta el tuit de apertura, se está desarrollando en Rosario el juicio a los policías acusados de la desaparición, tortura y muerte de Franco Casco en el 2014 durante el gobierno de Bonfatti; caso del cual diéramos cuenta en su momento acá. Y caso en el cual la conducta de los gobiernos del Frente Progresista fue -desde el primer momento- asumir como propia la versión de los policías acusados, y tratar por todos los medios de garantizar su impunidad.

Tanto es así que, en ocasión de recibir la administración de los fondos reservados de la Policía, Saín -siendo ministro- pudo comprobar que Pullaro (ocupando ese mismo cargo en la gestión de Lifschitz) había empleado esos fondos para pagar los abogados de los policías acusados de la muerte de Franco. Claro que entonces pocos se indignaron, y menos que menos, radicales y socialistas: no se sabe de ninguno que le haya pedido a Pullaro que saliera a explicar si las acusaciones eran ciertas, y si él tenía o no que ver con el tema.  

En tiempos de paracaidistas húngaros que pretenden alegar demencia o apostar a la amnesia social para seguir ofreciéndose como alternativas como si no tuvieran pasado, el caso de Franco Casco es un doloroso recordatorio de quien es cada uno, donde estuvo y que es lo que hizo. Ojalá el juicio de sus asesinos sirva para esclarecernos como sociedad al respecto pues, como todo crimen perpetrado desde el Estado o por organismos y personas a su servicio, no puede quedar impune si no hay una red de complicidades para que así sea.

Nos serviría -además de que para que los familiares de Franco encuentren consuelo, si es eso posible- para calibrar la estatura moral de algunos pretensos "solucionadores de problemas" que medran con la inseguridad.