UN DISPARATE MAYÚSCULO

 

La petrolera controlada por el Estado presenta proyectos para no pagar impuestos acá, llevarse las divisas cuando quiera, resolver los litigios en el exterior y no estar obligada a contratar empleados ni proveedores locales. Solo a este gobierno delincuencial se le pudo ocurrir. https://t.co/Eh659fzzmZ

— La Corriente K (@lacorrientek) August 13, 2026

Y si es así por qué lo hacen por el RIGI, que ni siquiera contempla que se comprometan a emplear gente del país? https://t.co/yNJnuNcQ2P

— La Corriente K (@lacorrientek) August 14, 2026

Que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la ley de bases es una completa porquería que no traerá ningún beneficio para el país ya se ha dicho hasta el cansancio: en su momento decíamos al respecto nosotros en ésta entrada: "Sin embargo el RIGI se sale por completo de la escala, estableciendo una serie de privilegios y prebendas a los inversores extranjeros que merecen sin duda el calificativo -que también le asignó Cristina- de nuevo estatuto legal del coloniaje. Un conjunto de beneficios estructurales que permitirían regalar nuestros recursos naturales estratégicos a cambio de casi nada, por al menos 30 años, y condicionando por al menos ese tiempo todas las acciones de política pública que pudieran adoptar al respecto los gobiernos futuros.".

"Es una rendición incondicional del Estado argentino a las exigencias del capital extranjero, sin ningún beneficio para el país. Para empezar, se resigna soberanía jurídica al aceptar que contratos firmados en el país para ser íntegramente ejecutados en él -en caso de controversias entre las partes- sean dirimidos en tribunales extranjeros, en especial el tristemente célebre del CIADI, y evaluados a la luz de los ignominiosos TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) firmados por el menemato, que debimos haber denunciado hace tiempo. Pero hay más: el proyecto otorga a los capitales extranjeros que vengan a invertir en el país al menos 200 millones de dólares (un 15 % de los cuáles pueden destinarse a la compra de empresas y otros activos locales) estabilidad cambiaria (de las normas aplicables al mercado de divisas), tributaria y aduanera por 30 años, no rigiendo para ellos ninguna modificación que se apruebe durante todo ese tiempo, a menos que les resulte más favorable; y declara nulas todas las nuevas normas que pudieran dictar las provincias o municipios para gravar las actividades de los inversores, como si no estuviéramos en un país federal: casi una Constitución a su medida.".

"Les reduce la alícuota de Ganancias del 35 al 25 %, y en el caso de la distribución de dividendos para ser girados al exterior, es del 7 % los primeros dos años y solo del 3,5 % a partir de tercero. Las actividades están exentas de los derechos de importación y exportación (las retenciones), la tasa de estadísticas, pueden computar los pagos del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias, pagar el IVA con certificados de crédito fiscal y amortizar aceleradamente los bienes de capital, lo mismo que ajustar los balances por inflación. Tienen libre disponibilidad de las divisas que obtengan por exportar desde el país (desde el 20 % con solo adherir al régimen, hasta el 40 % el segundo año y el 100 % de las obtenidas, desde el tercero), no se les pueden imponer restricciones para acceder a las divisas para importar, ni medidas para arancelarias (como las que protegen contra el dumping), ni restricción alguna a la exportación, ni la obligación de cumplir con el abastecimiento interno, ni al momento de adherir al régimen ni durante los 30 años de su vigencia. Lo dicho: la legalización del saqueo de nuestros recursos naturales, sin contrapartida.".

En síntesis, la consagración de vastas zonas de nuestro territorio nacional sometidas a un régimen legal de excepción, exentos de las leyes argentinas y de nuestros tribunales, con ventajas a pedido y a medida de capitales que -aun sin ellas, y antes de que se las concedan- son competitivos y obtendrían igualmente ganancias exhorbitantes por la ventana de oportunidad que se les abre, en especial en materia de hidrocarburos y la minería orientada a las llamadas tierras raras y metales de alto valor estratégico.

Pero como si todo esto fuera poco, el gobierno presenta como un logro que YPF (la petrolera cuya conducción para el Estado recuperó Cristina en 2012, con visión estratégica) presente proyectos en el marco de ese régimen de excepción y lo propagandice, siendo tomada como ejemplo de las bondades del experimento.

Cuando se expropió el 51 % del paquete accionario de la empresa por la Ley 26741, por su artículo 1 se declaraba "...de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.". No casualmente ese artículo fue extirpado del texto de la ley en éste gobierno, por la Ley 27742 (ley de bases): no se podía dejar explícito el compromiso de la petrolera con el desarrollo nacional, y el crecimiento del país con inclusión social.

La misma Ley 26741 de 2012 en su artículo 16 (que rige hasta hoy) señala que la administración de la empresa debe hacerse "...conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos;... a través de una gestión profesionalizada.", Es decir no se trata -y nunca se trató- de que YPF tenga déficit o pierda plata, sino de que no piense exclusivamente como maximizar sus ganancias para distribuirla entre sus accionistas; porque precisamente esa era la lógica (nefasta para los intereses del país) con que la manejaban lo privados, y condujo al cuadro de situación en el cual la expropiación era la única solución racional, para detener el saqueo y posible vaciamiento.

YPF ingresando al RIGI (y vanagloriándose públicamente de ello) queda exenta de todo compromiso de emplear mano de obra local para sus inversiones, o desarrollar en torno a ellas cadenas de valor integradas de proveedores locales de insumos y servicios; integrando con desarrollo zonas del territorio nacional y aportando a que el país superara su histórica restricción de divisas o disminuyera su dependencia en ese sentido del complejo agroexportador. 

De tal modo y aun cuando siga en manos del Estado que controla el 51 % de su capital  en un pacto de sindicación de acciones con las provincias petroleras, en lugar de convertirse -como había pensado Cristina cuando decidió expropiar a los accionistas privados- en la nave insignia del desarrollo nacional, se comporta como una promotora de la economía de enclave sin asumir compromiso alguno con el destino del país; como cuando estaba en manos del grupo Repsol. Un disparate mayúsculo que solo pudo tener cabida en éste gobierno de ocupación que padecemos los argentinos.