Cristina Kirchner criticó el régimen de inversiones de la Ley Bases: "El estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI"🗣️https://t.co/6sRwPPdjGy
— El Destape (@eldestapeweb) May 7, 2024
Cuando se abortó en Diputados la primera versión de la ley bases (entonces "ley ómnibus") nos sorprendió que, entre la madrioshka de barbaridades que contenía, hubiera pasado prácticamente desaprecibido el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), que llegó sin cambio a la nueva versión que hace unos días aprobó -por amplio margen- la Cámara de Diputados.
Hasta cierto punto era comprensible: un paquetazo que contiene una reforma laboral flexibilizadora y un ajuste brutal en el Estado incluyendo autorizaciones para privatizar empresas y despedir empleados públicos, más una delegación de facultades extraordinarias incompatible con la Constitución Nacional era ya de por sí un motivo más que suficiente para preocuparse.
Y si de concesiones al capital se trata, la misma ley mutila por completo la ley de hidrocarburos a pedido de las petroleras, modifica la ley de concesiones de obra pública en línea con lo que en su momento fueron los PPP (contratos de Participación Pública Privada) del gobierno de Macri y faculta al Ejecutivo a reestructurar todos los contratos públicos, con excepción de los vinculados al sector energéticos, con tarifas y precios dolarizados, acordados en el gobierno de Macri; como advirtió en su momento Cristina en Quilmes.
Sin embargo el RIGI se sale por completo de la escala, estableciendo una serie de privilegios y prebendas a los inversores extranjeros que merecen sin duda el calificativo -que también le asignó Cristina- de nuevo estatuto legal del coloniaje. Un conjunto de beneficios estructurales que permitirían regalar nuestros recursos naturales estratégicos a cambio de casi nada, por al menos 30 años, y condicionando por al menos ese tiempo todas las acciones de política pública que pudieran adoptar al respecto los gobiernos futuros.
Siguiendo éste enlace pueden acceder en La Nación al texto aprobado en Diputados y que hoy discute el Senado, que es una rendición incondicional del Estado argentino a las exigencias del capital extranjero, sin ningún beneficio para el país. Para empezar, se resigna soberanía jurídica al aceptar que contratos firmados en el país para ser íntegramente ejecutados en él -en caso de controversias entre las partes- sean dirimidos en tribunales extranjeros, en especial el tristemente célebre del CIADI, y evaluados a la luz de los ignominiosos TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) firmados por el menemato, que debimos haber denunciado hace tiempo.
Pero hay más: el proyecto otorga a los capitales extranjeros que vengan a invertir en el país al menos 200 millones de dólares (un 15 % de los cuáles pueden destinarse a la compra de empresas y otros activos locales) estabilidad cambiaria (de las normas aplicables al mercado de divisas), tributaria y aduanera por 30 años, no rigiendo para ellos ninguna modificación que se apruebe durante todo ese tiempo, a menos que les resulte más favorable; y declara nulas todas las nuevas normas que pudieran dictar las provincias o municipios para gravar las actividades de los inversores, como si no estuviéramos en un país federal: casi una Constitución a su medida.
Les reduce la alícuota de Ganancias del 35 al 25 %, y en el caso de la distribución de dividendos para ser girados al exterior, es del 7 % los primeros dos años y solo del 3,5 % a partir de tercero. Las actividades están exentas de los derechos de importación y exportación (las retenciones), la tasa de estadísticas, pueden computar los pagos del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias, pagar el IVA con certificados de crédito fiscal y amortizar aceleradamente los bienes de capital, lo mismo que ajustar los balances por inflación.
Tienen libre disponibilidad de las divisas que obtengan por exportar desde el país (desde el 20 % con solo adherir al régimen, hasta el 40 % el segundo año y el 100 % de las obtenidas, desde el tercero), no se les pueden imponer restricciones para acceder a las divisas para importar, ni medidas para arancelarias (como las que protegen contra el dumping), ni restricción alguna a la exportación, ni la obligación de cumplir con el abastecimiento interno, ni al momento de adherir al régimen ni durante los 30 años de su vigencia. Lo dicho: la legalización del saqueo de nuestros recursos naturales, sin contrapartida.
Por si hiciera falta demostrarlo, allí estuvo el triste paso del Secretario de Energía de la nación por las comisiones del Senado para demostrar que el proyecto no lo escribieron en el Ejecutivo sino las propias empresas, ocupándose concienzudamente de asegurarse todos los beneficios, y ninguna de las obligaciones: huelgan por su ausencia en el régimen al menos un esbozo de definición sobre cuáles serían las inversiones prioritarias o estratégicas para el desarrollo del país, no hay el más mínimo compromiso concreto en cuanto a generación de empleos, formación de cadenas de valor con proveedores locales, ampliación de la capacidad productiva o exportadora o transferencia de tecnología: más colonia y economía de enclave, imposible de conseguir.
En síntesis, la reedición en otros tiempos de la Coordinación de Transportes el Banco Central de Niemeyer, las Juntas Reguladoras y demás prebendas al capital extranjero surgidas en la Década Infame al amparo del pacto Roca-Runciman; convalidadas con nada menos que con 142 votos favorables en la Cámara de Diputados. Incluso por algunos que -como el gobernador Pullaro- ahora se hacen los sorprendidos, o los preocupados por el impacto que el régimen podría tener para las empresas locales.
Ahora se despertaron todos con lo que significa el RIGI, cuando tenemos la aprobación en Diputados adentro, por amplia mayoría. Más vale tarde que nunca.
— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2024
Dirigir sus quejas a los señores Pullaro, Barletta y todos los diputados por Santa Fe del PRO y la UCR que lo votaron. https://t.co/nV3CopAFcb
— La Corriente K (@lacorrientek) May 3, 2024
...contribución de las inversiones al desarrollo nacional (no hay prioridades definidas, ni esquema alguno para establecerlas). En síntesis, es simplemente la legalización del saqueo de nuestro recursos naturales, sin ninguna contrapartida beneficiosa para el país.
— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024
Con la restricción externa de la Argentina darles la libre disponibilidad de las divisas a los inversores extranjeros es criminal. Es decir que el RIGI ni siquiera se puede convalidar con la excusa de conseguir divisas, cuando el saldo de implementarlo será negativo en dólares.
— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024
La Ley 21382 de inversiones extranjeras de Martinez de Hoz sigue aún vigente, con las reformas (para peor) que le hizo el gobierno de Menem por la Ley 23697 de emergencia económica. Es tan libérrima que no pone límites a la repatriación de capitales y la remisión de dividendos.
— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024
El periodo de mayor IED (Inversión Extranjera Directa) en los últimos años post privatizaciones de los 90' (cuando se regalaron baratas las joyas de la corona) fue el kirchnerismo, que en teoría era anti empresa y no generaba "un buen clima de negocios". Pero el país crecía.
— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024
... creciendo con sus propios recursos, no para hacerlo crecer cuando su economía cae. Por más incentivos que les quieran dar.
— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024
1 comentario:
Pensar que algunos liliputienses políticos se atreven a criticar a CFK sin lavarse antes la boca con lavandina. Y, por ejemplo, el ex furioso twitteador anticristinista Santoro, fue el invitado principal a un acto peronista en Rosario y después,se fue a tomar mate con su gran amigo Pullaro a rememorar épocas de la Juventud Radical y Franja Morada, cueva de gorilas sólo comparable con los Ciciliani o Binner o Bonfatti. En fin...
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