ESTÁ OSCURO EL FONDO

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (FGS) representa “las joyas de la abuela” en la “pesada herencia” recibida por el gobierno de Macri del kirchnerismo: una abultada caja sustancialmente incrementada desde la liquidación del oprobioso sistema de jubilación privada de las AFJP en 2008 hasta diciembre del 2015, por “los que se robaron todo”.

Desde diciembre del 2015 para acá estuvo siempre en la mira, y no precisamente para beneficiar a los jubilados: en la Ley 27.260 (denominada “de reparación histórica”, pero que tenía por objeto real aprobar el blanqueo de capitales) se modificaron los artículos de la Ley 24.241 que regulan sus inversiones; y por su artículo 35 se derogó la Ley 27.181, sancionada por el Congreso en 2015 a instancias de Cristina, para “blindar” las participaciones accionarias del Fondo en empresas privadas.

Que el gobierno de “Cambiemos” tenía intención de desprenderse de esas acciones a favor de los accionistas mayoritarios de cada compañía no es una especulación nuestra: ellos mismos lo hicieron trascender durante la campaña electoral de las presidenciales del 2015; y de hecho una vez que removieron el “cepo” legal puesto por Cristina comenzaron a hacerlo, vendiendo acciones de Solvay Indupa y de Petrobras Argentina, siempre a favor de grupos empresarios alineados con el gobierno.

A principios de éste año y en el marco del “mega” DNU 27, se produjo otro avance sobre el Fondo, al excluir por su artículo 153 las contrataciones que éste lleva adelante del régimen general de contrataciones del Estado, lo que no hizo sino sumarle oscuridad su operatoria; mientras que por el artículo 154 del mismo DNU se autorizó a la ANSES como administradora del FGS a constituir o estructurar fideicomisos financieros de todo tipo, alquilar o prestar sus acciones en compañías privadas o realizar toda operatoria propia de los mercados financieros o bursátiles; posibilidades que hasta entonces tenía vedadas.

Es decir, el mismo tipo de operatorias que el gobierno está planteando para los bancos, fondos de inversiones y mercados de capitales en el proyecto de reforma de la Ley 26.831 (2012) que se encamina a aprobar el Congreso, del cual hablábamos acá. Sobre la posibilidad de "alquilar" o "prestar" acciones del Fondo para la operatoria denominada "venta en corto", ver lo dicho en su momento acá.

Como es sabido, a la hora de tratarse en Diputados el “mega” DNU, el oficialismo apeló a la complicidad del “peronismo federal” para tratar tres leyes “rectificatorias” del decreto, dejando sin quórum la sesión antes de que éste fuera rechazado, al menos en esa Cámara.

Como por imperio de lo dispuesto por los artículos 17 y 24 de la Ley 26.122 el DNU sigue vigente desde su publicación en el Boletín Oficial y hasta tanto sea rechazado por ambas Cámaras del Congreso, durante todo este tiempo la ANSES bien pudo (y puede) hacer uso de las atribuciones que le dio y que más arriba se explicaron, para meterse en distintos negocios financieros y bursátiles.

En ese marco, resulta más que sospechosa la maniobra del oficialismo -con la necesaria complicidad de la “oposición responsable”- por mantener viva la integralidad del DNU (lo que incluye los cambios al manejo del Fondo) por todo el tiempo que les sea posible.

Y más que sospechoso también resulta que en el gobierno de los Panamá paper´s, las cuentas en Andorra y los fondos de inversión que compran deuda que emitió el gobierno con funcionarios de los dos lados del mostrador como Caputo, la ANSES no venga suministrando información pública actualizada sobre el movimiento de los activos del Fondo.

En efecto, si ingresan al portal respectivo se encontrarán con lo siguiente:

* La información sobre participaciones accionarias del FGS en compañías privadas está “congelada” al 29 de septiembre del año pasado.

* Entre octubre del año pasado y febrero de este año no hubo informes de la evolución del Fondo ante la Comisión Bicameral del Congreso que debe controlarlo, y el de febrero de éste año tiene fecha de corte al 31 de diciembre del 2017, o sea que no contiene información alguna de éste año.

* La última acta disponible de las reuniones del Consejo Asesor de las inversiones del Fondo (integrado por representantes de la CGT, los bancos, el sector empresario y las organizaciones de jubilados) consta en el Acta Nº 50, del 31 de octubre del año pasado; es decir que el Consejo no se reúne hace cinco meses, o si lo hace no deja constancia escrita de los temas tratados y las decisiones adoptadas, o si ésta existe no está públicamente disponible.

* Otro tanto sucede con las actas del Consejo Directivo del Fondo, donde además de la ANSES participan funcionarios de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas: la última lleva el Nº 153, está fechada el 31 de diciembre del año pasado, y salvo lo inherente a la suscripción de bonos del Tesoro por parte del FGS, no tiene los anexos que menciona y en los que se detallarían las operaciones del fondo a noviembre del año pasado.

Llama poderosamente la atención (o no) que ni siquiera “Sanguchito” Bossio (otrora gestor del Fondo durante el gobierno de Cristina) reclame un poco más de claridad sobre su manejo, siendo que a su vez levantó la manito para aprobar su desguace primero a través de la “ley de reparación histórica”, y luego para aprobar la presunta “ley correctiva” que borraría del mega DNU la autorización para invertir en fideicomisos y curros financieros y bursátiles varios; mientras levantaba sus posaderas de la banca para hacer caer la sesión que se encaminaba a rechazarlo expresamente.

No sea cosa que dentro de un tiempo nos enteremos que en estos meses de “apagón informativo” del FGS -símil del “apagón estadístico” del INDEC- el gobierno off shore que conduce los destinos del país hacia su transformación en un paraíso fiscal haya hecho negocios extraños con “la plata de los jubilados”; como “securitizar” (transferir) a favor de los bancos los créditos otorgados con la financiación de la tarjeta Argenta, alquilar o prestar acciones, o algo por el estilo o aun peor.