LA IMPROVISACIÓN AL PODER. O NO.

En el marco de las medidas que alocadamente anunció y trató de implementar el gobierno después de las derrota en las PASO, El jueves de esta semana el ministro Dante Sica convocó al Consejo del Salario, para discutir un aumento del Salario, Mínimo Vital y Móvil, que estuvo hibernado durante meses porque la contracción de los salarios es la pieza fundamental de la política económica del macrismo. Acápueden ver en el Boletín Oficial de ese día la resolución de convocatoria.

El SMVM está contemplado en el artículo 14 Bis de la Constitución, y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 lo define así: “Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.”.

Hoy el Salario Mínimo está en 12.500 pesos, cuando la canasta alimentaría básica que mide los niveles de pobreza, sobrepasa los 31.000, lo cual supone que el gobierno viola groseramente la Constitución y las leyes, además de hambrear al pueblo. De allí que resulta perfectamente lógico que tanto la CGT como la CTA vayan a la convocatoria del Consejo con un pedido de aumento del 140 %, para por lo menos llegar a esa cifra. Ni hablemos de que el salario alcance para algo más que comer.

Según cuentan acá en Ambito Financiero, el gobierno solo está dispuesto a conceder un aumento del 28 %, en línea con el promedio de las paritarias de los trabajadores registrados (que de ese modo perderán mucho más de 20 puntos frente a la inflación este año), con lo cual el SMVM llegaría a unos 16.000, o sea, apenas la mitad de la canasta de pobreza. Señala la nota que no quiere otorgar un aumento mayor por temor a que dispare otras demandas, como el aumento de los planes sociales.

Esta misma semana (no hace un mes, ni un año, el gobierno anunció la eliminación del IVA en 13 productos dela canasta básica de alimentos; medida que se concretó a través del Decreto 567 publicado ayer en el Boletín Oficial (completo acá).

En los fundamentos del decreto se señala -entre otras cosas- que la medida se toma en el contexto de “...la Ley Nº 27.345 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 la emergencia social en los términos de la Ley Nº 27.200, con miras a garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución Nacional...”.

La pregunta preliminar que uno podría hacerse es por qué razón entonces no se eliminó el IVA de estos productos cuando se sancionól la emergencia social, o cuando se la prorrogó hasta fin de año, y la respuesta es muy sencilla: porque el gobierno no había perdido las elecciones.

Pero volviendo a los fundamentos de las medidas y para que se entienda: con los mismos argumentos con los que debería aumentar el SMVM mucho más de lo que el gobierno está dispuesto a aceptar (por lo menos cinco veces más), eliminan el IVA de una serie de productos de primera necesidad de la canasta básica de alimentos, al tiempo que reconocen que la medida no hará bajar los precios; es decir, el Estado resignará recursos propios y de las provincias, a cambio de nada, o de que los que intervienen en la cadena de producción y comercialización de los alimentos se apropien de más ganancias, fruto de la devaluación.

Para peor, en el decreto se señala que "...en dicho marco (o sea, el de la emergencia social, aclaramos) corresponde velar y garantizar el abastecimiento normal y habitual en el mercado interno a efectos de cubrir las necesidades del pueblo argentino...."·y que "...la falta de suministro de productos en el mercado provoca un grave impacto, con el consiguiente perjuicio de la sociedad toda, requiriendo la adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno Nacional.". Es decir: frente a las maniobras especulativas de los empresarios la respuesta no es -por ejemplo- aplicar la Ley de Abastecimiento 20.680 o la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, sino eliminar impuestos, para que ellos ganen más; aunque la gente pague los mismos precios. 

Del mismo modo que con el congelamiento de las cuotas de los préstamos UVA, que opera a través de un subsidio del Estado a los bancos que pagamos todos (en lugar de que estos resignen rentabilidad), las medidas que el gobierno sacó a las apuradas de la galera para intentar remontar el desastre en las urnas, sacrifican ingresos del Estado o redistribuyen cargas entre los empobrecidos, en lugar de afectar los intereses de los enriquecidos; que venían ganando montones de plata antes, y pasaron a ganar mucho más con la devaluación. Como los miembros del gabinete y el presidente, con abultados patrimonios en dólares, resguardados en el exterior.