HAY GENTE QUE NO ESCARMIENTA

Uno de los caballitos de batalla de Bonfatti y el socialismo en la campaña de las últimas elecciones provinciales fue la presunta “extinción de dominio” que regía en Santa Fe, por la cual el Estado “confiscaba los bienes de los narcotraficantes”, y otras paparruchadas por el estilo.

Nos referimos varias veces al tema acá señalando que se trata de un mamarracho descomunal, por ejemplo en esta entrada; y tanto es así, que hace pocos días un fallo de la justicia provincial dejó sin efecto un remate de bienes secuestrados en procedimientos que pretendía llevar adelante el gobierno provincial, porque las personas a las que pertenecían no habían sido condenadas por sentencia firme en sede judicial.

Pero tal parece que cierta gente no escarmienta en su constante fabricación de cortinas de humo, ni siquiera cuando las elecciones ya pasaron, le quedan poco más de cuatro meses de gobierno y a la campaña de Lavagna le vienen poniendo menos ganas que a frenar los tarifazos de la EPE.

Como muestra el decreto de apertura, lo que ha hecho ahora Lifschitz es crear una especie de “Unidad de Información Financiera” (UIF) provincial, para detectar casos posibles de lavado de dinero. Una expresión esta (la del lavado) que no se utiliza nunca en todo el decreto, porque bien saben que es un delito federal, sobre el que la provincia carece de competencia y jurisdicción.

No es la primera vez que incursionan en el tema: en tiempos de Bonfatti y en medio del escándalo Tognoli, habían creado la “Secretaría de Delitos Complejos”, la que pusieron a cargo de Ana Viglione, una funcionaria policial que luego terminó procesada por falso testimonio en causas de narcotráfico. 

Pero si de lo que se trataba era de detectar posibles movimientos patrimoniales o financiero irregulares, hubieran empezado por casa: tienen un montón de jefes policiales que ellos mismos encumbraron a cargos de jerarquía en la fuerza (como Cristian Sola, el reemplazante de Tognoli designado por Bonfatti) investigados por enriquecimiento ilícito, o por no poder justificar su patrimonio con sus ingresos. 

Eso, sin contar que tienen tres ex ministros de Binner y Bonfatti (abogados ellos) que se especializan en asesorar a los imputados en la justicia por lavado de dinero, justamente; o que cuando durante el gobierno de Cristina se reformó el Código Penal para tipificar el lavado de dinero como delito autónomo, los diputados del socialismo estuvieron ausentes.

El decreto enumera en su artículo 8 las cosas que tendría que ponerse a investigar el Ministerio de Seguridad de Pullaro (el mismo que se desentendió de sus obligaciones elementales tras haber perdido el socialismo las elecciones), para detectar “movimientos sospechosos”: 1. Inconsistencias relevantes entre una situación de exteriorización de activos y el perfil patrimonial o fiscal de una persona humana o jurídica, 2. Situación de transferencias sucesivas de bienes registrables, de participación societarias, de la posición de administración fiduciaria, con una velocidad, frecuencias o inestabilidad que resulten inusuales dentro de la respectiva actividad, 3. Cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas correspondientes, 4. Movimientos de sumas de dinero en efectivo superiores a cuatrocientos cincuenta (450) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), 5. Operaciones o hechos económicos desarrollados por personas físicas o jurídicas que, sin tener capacidad patrimonial verificada, declaran como propias manifestaciones económicas, que pertenezcan a otra persona humana o jurídica, que no justifique o no pueda justificar las mismas, 6. Operaciones de compra, venta y recompra de activos que no se correspondan con el verdadero valor de los bienes involucrados, 7. Operaciones de préstamos, remesas o ingresos de dinero por otros conceptos, provenientes de entidades bancarias, financieras o comerciales domiciliadas en territorios considerados guaridas fiscales o países no cooperantes por el GAFI, 8. Situaciones en las que se verifique la generación de resultados significativamente superiores al promedio de la actividad desarrollada por una persona humana o jurídica.

Cualquier persona con dos dedos de frente que viva en Santa Fe sabe que la provincia en general, el Ministerio de Seguridad en particular y Pullaro más que nadie, no tienen ni la infraestructura ni la capacidad para investigar nada de eso, y llegar a algo que pueda servir como prueba contundente en un proceso penal, que además debería ventilarse en la justicia federal; como lo reconoce incluso el propio decreto.

El asunto entonces es más sencillo: irse del gobierno como vinieron (vendiendo humo hasta el final), para no hacerse cargo de sus responsabilidades concretas, las que en 12 años demostraron cabalmente no ser capaces de afrontar, como garantizar una mejor seguridad para los santafesinos. Y por eso -entre otras cosas- perdieron las elecciones.