sábado, 23 de noviembre de 2019

QUE BANDA, LA PORTUARIA


Leemos en El Destape sobre la intención del macrismo de finiquitar la concesión de la operación del puerto de Buenos Aires por 50 años, antes de la finalización del mandato de Mauricio Macri.

El negocio marcha a todo vapor en paralelo con las intenciones de traspasar el puerto (único que sigue bajo la jurisdicción del Estado nacional) a la ciudad; y por supuesto como no podía ser de otra manera, en el mismo está implicado un amigo del presidente: su “hermano de la vida” Niky Caputo, quien como representante de los intereses de Singapur (es cónsul honorario de ese país en la Argentina, designado por éste gobierno) viene bregando para que el puerto porteño sea desguazado para posibilitar negocios inmobiliarios; al tiempo que su operatoria sea concedida a una sola empresa (hoy son tres), para más datos, de Singapur.

Negocios privados con bienes públicos, en condiciones sospechosas, y por muchos años, trascendiendo los gobiernos: casi una radiografía del macrismo.

Pero el puerto de Buenos Aires no es el único en el que suceden este tipo de cosas: veíamos hace un tiempo acá como en el puerto de Santa Fe avanza el proceso de tercerización de la explotación de la terminal de barcazas y contenedores a favor de Mundo Construcciones, una de las principales contratistas de obra pública durante los gobiernos provinciales del socialismo, y de las gestiones municipales radicales de Corral y Barletta.

El proceso ¿licitatorio? partió de una “iniciativa privada” de la propia empresa que diseñó las bases del llamado, y por supuesto fue la única que se presentó, y la concesión sería por el término de 30 años: el mandato de ocho gobernadores, para ser más precisos. Decíamos en el posteo anterior sobre el tema que la oscuridad del proceso hace imposible saber si ya está terminado con la adjudicación resuelta por el Ente Administrador del puerto, y si el contrato involucra subsidios del Estado provincial a la concesionaria, algo que está expresamente prohibido por la Ley 11.011 de creación del ente.


Pero tampoco el de Santa Fe es el único puerto provincial con movimientos sospechosas sobre el final del mandato de Lifschitz: veíamos hace unos días acá en Punto Biz que el Ente Administrador del Puerto Rosario llegó a un acuerdo con la concesionaria que explota sus terminales (TPR, del Grupo Vicentín) para prorrogarle la concesión por 25 años más.

El tema es que la concesión original data del año 2002, y se vencería recién en el 2032, o sea que 13 años de su vencimiento, se la estaría prorrogando por otros 25 años, con lo que la empresa cuyo accionista mayoritario es ahora el Grupo Vicentín (de los mayores aportantes a la campaña de reelección de Macri, y subsidiado por el socialismo en los vuelos low cost de sus ejecutivos) operaría por un total de 55 años el puerto rosarino.

O sea, más incluso que los 50 años por los cuáles la provincia, en éste gobierno, el de Lifschitz, por Decreto 1011/19 le otorgó al ENAPRO (el ente administrador del puerto de Rosario) el usufructo de los bienes inmuebles sobre los que recae la concesión, que son de su propiedad, de acuerdo con la Ley 11.011. Antes había hecho lo mismo con el Ente administrador del puerto santafesino por los Decretos Nros. 70 y 849 de éste año (ver acá), en ambos casos con retroactividad al 2014; lo que posibilitó en ambos casos estos negociados con bienes públicos.

Si bien el artículo periodístico dice que el acuerdo con TPR no sería firmado por las actuales autoridades sino que se lo dejarían a las próximas, la pregunta es como alguien (el Ente) puede transmitir un derecho por más tiempo de aquel por el cual lo posee, y que urgencia hay (que no sea la avidez de negocios del Grupo Vicentín) por prorrogar la concesión hasta el 2057 .

¿Acaso habrán aportado generosamente también a la campaña del socialismo? Tuit relacionado: 

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