lunes, 20 de mayo de 2024

¿DEFLACIÓN O SOBREPRECIOS?

 

Hace unos meses atrás, cuando Milei hacía su primer intento de contar con facultades extraordinarias delegadas por el Congreso en el marco de lo que entonces era la "ley ómnibus", contábamos en ésta entrada como ya en diciembre del año pasado Pullaro las había obtenido mediante cinco (5) emergencias declaradas por la Legislatura, entre ellas en seguridad.

Decíamos entonces que básicamente esas facultades servían - más que nada- para efectuar contrataciones, prescindiendo de las licitaciones o los procedimientos legales habituales. Comentando el Decreto 219 de Pullaro que reglamentaba la emergencia en seguridad dijimos: "Pero en lugar de definir la ley (como la hace la Ley 12510) cual es el procedimiento a seguirse de acuerdo al monto del contrato y demás circunstancias del caso, son los funcionarios encargados de llevar adelante de la contratación los que lo hacen, en base a su propio criterio y sin más limitaciones que las generalidades gaseosas del decreto.".

"Que es igual de gaseoso en el resto de su articulado a la hora de decir como es una "licitación abreviada", o que deja en definitivas en su artículo 8 librado al criterio de los funcionarios intervinientes las formas de difusión y publicidad de los llamados, o la justificación de los criterios (artículo 16) en base a los cuáles se seleccionan las propuestas más convenientes y se adjudican los contratos.".

"Dicho sea de paso, no hay previsión alguna -como existe en el régimen de contrataciones vigente y que se deja de lado- respecto a un número mínimo de ofertas a obtener o documentar que se pidieron, y tampoco dice nada -justo en estos momentos de recesión y despidos- a la prioridad para las empresas radicadas en la provincia según el régimen del "compre santafesino" de la Ley 13505 (2015) y su modificatoria 13619.".

Y concluíamos: "Para terminar de poner las cosas en contexto, pensemos que en éste marco de absoluta discrecionalidad podrán comprarse medicamentos, patrulleros, armas para la Policía o víveres para los programas alimentarios, repararse escuelas o comisarías o comprarse computadoras, por citar solo algunos ejemplos.". (las negritas son nuestras)


Y lo que ha pasado con las compras de 800 patrulleros para la Policía de la provincia en dos tandas, demuestra que muy errados no estábamos: primero se hizo una "contratación directa" de 100, a través del Decreto 525 cuyas imágenes ilustran el post, adjudicándolos a las dos únicas empresas a las que se les pidió presupuesto, y cotizaron exactamente lo mismo las dos: 40.660 dólares por cada patrullero. 

Al hacerse el trámite invocando la emergencia en seguridad (el decreto ni siquiera menciona el régimen especial aprobado por el citado Decreto 219), no se cumplió con lo que dice para estos casos el régimen de contrataciones habitual de la provincia, aprobado por el Decreto 1104/16: "Siempre que ello sea posible, atento al fundamento de la excepción invocada, el organismo que deba diligenciar el trámite deberá recabar cuanto menos tres (3) cotizaciones o documentar fehacientemente la imposibilidad de obtenerlas.". O sea: solo se pidieron dos presupuestos, y ni siquiera se hace mención a que se hayan pedido otros, sin obtener respuesta de las empresas. 

Luego vino una "licitación abreviada" con solo trece (13) días corridos de tiempo entre la publicación del llamado y la apertura de las ofertas para comprar otros 700 patrulleros, en la que se obtuvieron tres propuestas, como se puede ver acá en el acta de apertura:

Vuelven a aparecer cotizando las mismas dos empresas de la contratación directa y -oh sorpresa - las dos vuelven a cotizar exactamente lo mismo, sin diferencias ni siquiera de centavos entre sí: 39.996 dólares cada patrullero en la oferta principal, y 40.487 dólares la alternativa, que no explica el acta en que consistiría. La otra empresa cotiza más barato (39.000 dólares cada unidad), pero solo lo hace por 600 de los 700 requeridos, cosa que el pliego permitía.

Ahora bien, apenas nueve (9) días después de dictado el decreto de adjudicación de la compra directa  de los primeros 100 patrulleros por Pullaro a 40.660 dólares cada uno, ahora al gobierno provincial los nuevos precios (menores) obtenidos en la "licitación abreviada" que oscilaron -como vimos- entre 39.000 y 40.487 dólares cada uno, de golpe le parecieron caros porque convocó a las firmas a una mejora de ofertas. 

Que se hizo once (11) días después (recordemos que el tiempo de publicidad del llamado fue de solo trece (13) días porque hicieron una "licitación abreviada", arrojando precios que oscilaron entre los 38.600 dólares por unidad (firma Macua, que cotiza por 500 unidades y otras 100 al mismo precio que la oferta original: 39.000 dólares cada una), y 37.000 dólares cada uno las otras dos que -pero vea señora, que sorpresa- vuelven a cotizar exactamente lo mismo, sin diferenciarse ni siquiera un centavo. 

Y previendo la posibilidad de que no les repartieran -como en la contratación directa de los primeros 100 patrulleros- la adjudicación entre ellas dos (ya que no tienen ninguna diferencia entre sí) cotizaron un número menor de unidades que las pedidas (117), más baratas: 36.940 dólares cada una:


Lo que significa que hay dos empresas (Volant S.A. y Seprio S.A.) que además de cotizar exactamente igual una de la otra en tres oportunidades (contratación directa, licitación abreviada y mejora de ofertas), le hicieron a la provincia una rebaja de hasta 3720 dólares por cada patrullero, en solo veinte (20) días corridos que pasaron entre el Decreto 525 que les adjudicó los primeros 100 a las dos, y la mejora de ofertas de la "licitación abreviada".

O el poder de negociación y regateo de los funcionarios provinciales es muy grande (cosa que en principio debería descartarse porque las ofertas van en sobre cerrado y no son conocidas hasta su apertura), o como dice Milei la inflación viene bajando, aunque hayan cotizado en dólares.

Otra posibilidad -que no habría que descartar- es que en la primera contratación (hecha, como se dijo, en forma directa, con solo dos presupuestos, iguales entre sí, o sea sin competencia real) se pagaron sobreprecios por más de 2250 millones de pesos, tomando un dólar oficial a 865 pesos.

Ojo: el gobernador lo ve distinto porque acá en el portal de la provincia -cuando entregó 30 de esos patrulleros para la ciudad de Santa Fe- dijo textual: "Hicimos una licitación pública de compra de patrulleros y, como eso demoraba, compramos por emergencia 100. Estos vehículos, que valen entre 22 y 23 millones de pesos en el precio de lista del mercado, por la Ley de Emergencia se pagaron 17 millones más el equipamiento cada uno de ellos. Ahorramos alrededor de un 20 %, y eso es lo que el Estado tiene que hacer y estamos encarando una compra nuevamente de 700 móviles más”.". (Las negritas son nuestras)

domingo, 19 de mayo de 2024

TWEETS POLÉMICOS

 

sábado, 18 de mayo de 2024

DICE PULLARO QUE HAY PLATA

 

Esta semana -no hace un mes, ni hace un año- el gobernador Pullaro sacó chapa de guapo anunciando los descuentos de los días de paros a los docentes y empleados públicos provinciales porque "se pasó un límite", y no hay plata para dar más aumentos que los ofrecidos en paritarias, y rechazados por los gremios.

La misma semana en la que el mismo Pullaro justificó su concurrencia al "Pacto de Mayo" y el voto favorable de sus legisladores a la ley bases de Milei en que por esa vía la provincia recuperaría 200.000 millones de pesos de recursos en el segundo semestre, como consecuencia de la moratoria, el blanqueo de capitales y la reposición del impuesto a las Ganancias para los sueldos más altos.

Sí, entendieron bien: después de ofrecerles una miseria de aumento, descontarles los días de paro y tenerles suspendidos los servicios de la obra social IAPOS, el gobernador que se movilizó a Buenos Aires a hacer lobby para que a los exportadores no les aumentaran las retenciones, está justificando su apoyo a la entrega del país, en la posibilidad de poder volver a meterles la mano en el bolsillo a los trabajadores.

Y a menos que le hayan falsificado la firma, se trata del mismo gobernador (Pullaro) que esta misma semana, firmó el Decreto 603 (cuyas imágenes ilustran el post), por el cual está diciendo que sí hay plata, y que la piensa gastar en los aumentos salariales pactados en paritarias:


Al menos eso dice el decreto: que ingresaron más recursos provenientes de la recaudación de impuestos (provinciales y nacionales coparticipables) que los que estaban estimados en el presupuesto para éste año aprobado por la Legislatura, que en el caso de los que están destinados a Rentas Generales (o sea que no tienen afectación específica) serían más de 321.769 millones de pesos adicionales.

O sea, 121.769 millones más que los que el mismo Pullaro usa como justificación para avalar la entrega del país, la reforma laboral, las privatizaciones, el RIGI, los despidos en el Estado, el blanqueo de capitales o la piedra libre para el lavado de dinero de origen como mínimo dudoso. Y la mayor parte de esos recursos adicionales (más de 296.000 millones) provienen de los impuestos cuya recaudación aumenta como consecuencia de la inflación, como el IVA e Ingresos Brutos:


Ahora bien, así como es falso (como dice el Pullaro que declara en los medios) que no hay plata para dar más aumentos salariales porque la hay (como dice el Pullaro que firmó el decreto), es falso que (como dice el decreto) toda esa plata que entró por encima de la prevista en el presupuesto se vaya a gastar en las políticas salariales pactadas en paritarias, o en la coparticipación a municipios y comunas

De hecho, el mismo decreto dice que para futuros aumentos (futuros, no los ya pautados) se destinarán solo 129.963 millones (en cifras redondas, el 40,39 % de los mayores ingresos), y otros 48.101 millones (más o menos el 14,95 % del total), a coparticipación a municipios y comunas. 

Del resto, 70.000 millones de pesos se destinarían a "transferencias a instituciones y empresas" del sector Salud (¿para enjugar el déficit del IAPOS, aumentarles a los prestadores y levantar los cortes de servicios, para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones que la Nación no financia aunque Pullaro le apruebe todo a Milei? chi lo sa), y nada menos que otros 70.000 millones a "otros servicios no personales", lo que puede incluir desde contratos de locación de servicios -de esos que le dejan de garpe a otros gobiernos para que los tenga que pasar a planta cuando no les toca a ellos-, hasta ampliar el gasto en publicidad oficial, para seguir sosteniendo "los altos niveles de aprobación social del gobierno":

 
Tuit relacionado:

viernes, 17 de mayo de 2024

PACTOS

 

Lamentablemente todo indica que lo que señalábamos acá como destino final de la ley bases (su aprobación) parece estar empezando a cumplirse: el sector de la UCR que aparecía como el más díscolo para prestar sus votos en el Senado a la iniciativa encabezado por Lousteau acaba de canjearlos por el plato de lentejas de un aumento del presupuesto a la UBA, cagándose de paso en la movilización popular en defensa de todas las universidades públicas.

Para ser fieles a la tradición partidaria, nunca faltarán razones que justifiquen una reculada radical: en Semana Santa Alfonsín clausuró los juicios a los genocidas frente al motín carapintada con el argumento de la democracia en riesgo por la asonada, del mismo modo que años después pretendería cohonestar el Pacto de Olivos por el que capituló ante Menem, en la defensa de las instituciones republicanas en peligro.

Y así podríamos remontarnos en el pasado para encontrar, por cada deserción radical, una justificación: los radicales encontraron motivos para participar de la Junta Consultiva de la Libertadora y de su ilegítima reforma constitucional de 1957, como después los encontraron para convalidar con su participación las fraudulentas elecciones con proscripción del 58' y el 63'. Antes de eso, Zabala Ortíz encontró motivos para justificar subirse a un avión de la Marina para ametrallar inocentes, y antes, Roque Carranza para poner bombas en el subte: a la hora de traicionar (o defraudar las expectativas de  algunos) a los radicales les sobran los motivos.

El radicalismo principista e intransigente que se rompía antes de doblarse y para el cual la palabra "pacto" era sinónimo de contubernio con el régimen falaz y descreído (en palabras de Yrigoyen) quedó atrás allá lejos y en el tiempo, y aun así, ese mismo radicalismo tuvo su Semana Trágica y sus fusilamientos de los obreros de la Patagonia. Hoy la UCR -toda, en su conjunto- busca a como dé lugar firmar el Pacto de Mayo propuesto por Milei, que no es sino la versión libertaria del pacto de Olivos. Pondrán reparos formales, harán como que canjean algo a cambio, pero lo terminarán firmando, si es que finalmente se firma y el psicópata de la Rosada no pierde interés en el tema, o cambia de opinión. 

Según se intenta explicar, la estrategia radical es evitar contribuir a un debilitamiento del gobierno que podría ser capitalizado por el kirchnerismo, para volver al poder, lo cual es bastante sintomático del estado actual de la UCR (y por el actual, entiéndase desde 1945): con tal de que no gobierne el peronismo, les da lo mismo cualquiera, por horrible que sea. Pese a esa constante histórica inconmovible, nunca faltan en el peronismo quienes esperan algo de los radicales: si hasta Perón cayó en esa, en el abrazo con Balbín.

El peronismo, por su lado, no estuvo exento en su historia de renuncios, deserciones y traiciones, pero como todo lo que hace -en un país en el que los dispositivos de construcción de sentido social siempre estuvieron  en manos del antiperonismo- gozan de muy mala prensa, y no les encuentran tan fácil como a los radicales, motivos para justificarlos: por culpa del peronismo y del fracaso del gobierno del "Frente de Todos" tenemos a Milei en la Rosada.

Pero culpa del peronismo, solo en parte: Patricia Bullrich salió tercera en la última elección presidencial a 10 puntos de distancia de Massa -lo que da una idea de la valoración social del gobierno de Macri- pero en el balotaje todos sus votos migraron al orate, dándole una victoria que de otro modo nunca podría haber obtenido.

En los 90' en nombre del peronismo y con sus votos se perpetró el menemismo, al que se homenajeó esta semana; pero el homenaje no lo hicieron ni las autoridades del PJ nacional ni la CGT, aunque ambas estructuras hayan sido entonces decisivas para que Menem hiciera lo que hizo, con sus silencios y complicidades. La reivindicación de sus estropicios la hizo el antiperonismo, lo que no deja de ser justo: gobernó con ellos, y para ellos. 

La razón de que así ocurriera el homenaje al riojano es muy sencilla: después del menemato y la crisis del 2001 pasó el kirchnerismo, vinieron Néstor y Cristina, y ya nadie pudo hacer en el peronismo apología del menemismo a cielo abierto: les quedó el atajo de ir por afuera a intentar generar "peronismos alternativos", que en realidad eran y son menemismos culposos. En esa andan Jaldo, Llaryora, Pichetto, Scioli y otros "dadores voluntarios de gobernabilidad".

Pero -para ser justos-. no es ésa la situación actual del grueso del peronismo: cualquiera sean las críticas justificadas que se le puedan hacer a la dirigencia nacional del PJ o a la CGT, desde que asumió Milei están donde deben estar: los bloques legislativos votando en contra las iniciativas del gobierno lesivas para el país y para los derechos de los trabajadores y de la mayoría de sus habitantes, la central sindical impugnando la reforma laboral flexibilizadora del DNU 70 en la justicia y convocando a dos paros generales con acatamiento masivo, en contra de las políticas de Milei. 

Se podrán cuestionar los modos, los tiempos, los ritmos, los discursos, pero esos son los hechos: la única oposición real y concreta al avance del plan de destrucción de Milei viene del peronismo y sus estructuras, y si bien es cierto que con el peronismo solo no alcanza, no es menos cierto que ninguno que quiere oponerse en serio a éste gobierno (sin vedettismos como la izquierda, y sin jugar a que se oponen cuando en realidad son parte del oficialismo ampliado, como la UCR), puede prescindir de él.

De allí la importancia que tiene la disputa a su interior (no precisamente por lugares en las listas de elecciones tan lejanas como la Luna), porque asistimos a un nuevo intento de construir un peronismo a la medida del régimen para institucionalizar el sistema de "un país, dos derechas" dando por sepultado al kirchnerismo; como en el 55' se intentó dar por concluido al peronismo original con el recuento globular del sistema D'Hont, la "reabsorción democrática" de sus votantes y los neoperonismos. 

En eso andan hoy los que quieren prometerle al establishment que le llevarán su versión del peronismo al nuevo pacto de Olivos (la Moncloa criolla), y contribuirán a darle estabilidad a futuro al sistema, con los votos traccionados por el escudito. Eso se disputa también en las elecciones internas convocadas por el Consejo Nacional del PJ para noviembre, y se dirime desde acá y hasta allá en las calles, y en la posición frente al gobierno. 

Hace unos cuantos años en pleno macrismo, y cuando la derecha también se soñaba -como ahora- hegemónica a largo plazo, decíamos acá: "De modo que el peronismo hoy, a 43 años de la partida física de Perón, sigue siendo el territorio en disputa por excelencia de la política argentina, y el que por su peso gravitacional en las tradiciones políticas de millones de argentinos -aunque nada garantiza que siempre será así- suele determinar hacia donde se inclina el fiel de la balanza; por acción deliberada o por omisión culpable. La disyuntiva entonces es muy clara, tan claro como Perón tuvo siempre el rumbo de su movimiento: o vamos hacia un peronismo que se proponga como alternativa política de ruptura y salida del nuevo experimento oligárquico en acelerada construcción, o marchamos otra vez a un peronismo que aporte todo su peso político y simbólico a la consolidación del régimen; y busque su lugar al sol dentro de él.".

Tuits relacionados:

jueves, 16 de mayo de 2024

TWEETS POLÉMICOS

 

miércoles, 15 de mayo de 2024

¿CRÓNICA DE UN FINAL ANUNCIADO?

 

Ojalá nos equivoquemos y la realidad nos termine desmintiendo, pero si hubiera que apostar hoy por el futuro de la ley bases en el Congreso, deberíamos decir que más tarde o más temprano será aprobada. Difícilmente con el texto original votado por Diputados, muy posiblemente con cambios cosméticos que se le introduzcan en el Senado para que algunos sectores de la oposición "dialoguista" salven la ropa, sin dejar de prestar su concurso para la aprobación en general.

Aprobada pese a los paro generales y la gigantesca movilización en defensa de la universidad y la educación pública, y a pesar de la oposición a su texto que han manifestado sindicatos y hasta organizaciones empresariales por algunos de sus aspectos más controversiales como el RIGI. Y aprobada también pese a un contexto que marca el severo retroceso de todos los indicadores de la economía real, y a los rumores de salida de Caputo del gabinete ante el fracaso de su plan porque no aparecen los dólares salvadores.

Es como si un sector de la política (la autopercibida oposición amigable y dialoguista, que es más bien parte del oficialismo ampliado) hubiera decidido desconectarse de los síntomas de la realidad o ignorarlos, o simplemente concentrarse en la pasividad de vastos sectores de la sociedad, leída como expresiva de un "clima de época" en el que las ideas noventistas revisitadas por Milei gozarían de consenso, y no sería sensato oponerse a su avance. 

Claro que el hecho de que esa dirección política (la de "acompañar" al gobierno) coincida como dos gotas de agua con los intereses del círculo rojo en que se concrete la piñata de negocios para sus intereses contenida en el engendro denominado ley bases permite evitar ingenuidades interpretativas, y concentrarse en la causa real del fenómeno, que hemos señalado antes; y no es otro que la subsistencia de un par de generaciones de dirigentes políticos -que con las excepciones notables de Néstor y Cristina- han asumido como credo (aleccionados por las crisis del 89' y el 2001) que la única forma de comprar gobernabilidad y sostener los ritos democráticos  es satisfacer los siempre exigentes deseos del poder económico.

Sin esa comprensión no se entiende, sencillamente, que avancen esperpentos sin ninguna justificación lógica visible ni defensores públicos con argumentos convincentes, como los que contiene en su seno la ley bases: privatizaciones y desguace del Estado, reforma laboral regresiva, flexibilización del empleo público, saqueo a precio vil de nuestras riquezas y recursos naturales, renuncia a todo pretensión de desarrollo autónomo e integrado, consolidación de una economía de enclave. Lo mismo para los "mellizos" que la acompañan en el Congreso, como el blanqueo de capitales o la reforma impositiva, que grava más a los que menos tienen, y libera de cargas al sector poderoso de la sociedad.

Cambios trascendentes, estructurales y perdurables que -de aprobarse- moldearán a la Argentina desde ahora y por un futuro prolongado, imposible de prever hoy en su duración, que avanzan contra toda resistencia y -peor aún- sin ninguna defensa pública que se pueda discutir: simplemente por el peso crudo y duro de los poderosos intereses a los que sirven; en una profunda prostitución y vaciamiento del sentido último de la democracia.

Eso, mientras en lo cotidiano la gran mayoría de los argentinos pueden observar (y sufrir en cuero propio) los efectos de políticas que han fracasado cuantas veces se ensayaron el país, y que hoy vuelven a desplegarse impunemente gracias a la deserción de buena parte de la política de sus obligaciones esenciales, a la amnesia social y al desencanto democrático, en nombre del cual se perpetran barbaridades que lo harán crecer en forma exponencial en el futuro.

Chocan dos trenes y se nos propone como solución la privatización, crecen los despidos y la solución que se expone es facilitarlos aun más eliminando las indemnizaciones, los jubilados ven saqueados sus ingresos y la panacea es que vuelvan las AFJP: en una cirugía hecha sin anestesia y con motosierra se le extirpa al pueblo argentino el lóbulo cerebral de la memoria para que crea que el menemismo no existió, y al mismo tiempo que es lo mejor que nos pudo haber pasado, y que estamos como estamos por haber abandonado las políticas derivadas del Consenso de Washington. 

Por absurdo que parezca lo que estamos describiendo, se ajusta estrictamente a la realidad, y frente a ello no cabe sino resistir, oponerse y enfrentar el avance de la locura -en todos los planos-, como único camino digno posible. No por una actitud de principismo moral y simple testimonialidad, sino para intentar salvar los restos del pacto democrático de su tergiversación, y así lograr que sobreviva una base desde la cual reconstruir, cuando el desastre se precipite. 

Cosa que más tarde o más temprano sucederá, no tengan dudas. Solo es cuestión de tiempo, de persistir en éste rumbo. Porque que éste rumbo conduce al desastre en todos los planos -como ya se está viendo- es algo que saben hasta los que lo apoyan "para dar gobernabilidad". Solo que no tienen la mínima honestidad de reconocerlo, ocupados como están en conservar sus posiciones, ofreciendo para eso todos los sacrificios posibles para calmar a los dioses del poder económico.   

O para lograr cerrar definitivamente el ciclo de lo que Ricardo Forster denominó con agudeza "la anomalía kirchnerista", así como en un tiempo, después del 55', se pensó posible hacer borrón y cuenta nueva con la experiencia del primer peronismo, como si nunca hubiera sucedido. Tuits relacionados: 

martes, 14 de mayo de 2024

TWEETS POLÉMICOS

 

TWEETS POLÉMICOS

 

lunes, 13 de mayo de 2024

EL NUEVO ESTATUTO LEGAL DEL COLONIAJE

 

Cuando se abortó en Diputados la primera versión de la ley bases (entonces "ley ómnibus") nos sorprendió que, entre la madrioshka de barbaridades que contenía, hubiera pasado prácticamente desaprecibido el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), que llegó sin cambio a la nueva versión que hace unos días aprobó -por amplio margen- la Cámara de Diputados.

Hasta cierto punto era comprensible: un paquetazo que contiene una reforma laboral flexibilizadora y un ajuste brutal en el Estado incluyendo autorizaciones para privatizar empresas y despedir empleados públicos, más una delegación de facultades extraordinarias incompatible con la Constitución Nacional era ya de por sí un motivo más que suficiente para preocuparse.

Y si de concesiones al capital se trata, la misma ley mutila por completo la ley de hidrocarburos a pedido de las petroleras, modifica la ley de concesiones de obra pública en línea con lo que en su momento fueron los PPP (contratos de Participación Pública Privada) del gobierno de Macri y faculta al Ejecutivo a reestructurar todos los contratos públicos, con excepción de los vinculados al sector energéticos, con tarifas y precios dolarizados, acordados en el gobierno de Macri; como advirtió en su momento Cristina en Quilmes.

Sin embargo el RIGI se sale por completo de la escala, estableciendo una serie de privilegios y prebendas a los inversores extranjeros que merecen sin duda el calificativo -que también le asignó Cristina- de nuevo estatuto legal del coloniaje. Un conjunto de beneficios estructurales que permitirían regalar nuestros recursos naturales estratégicos a cambio de casi nada, por al menos 30 años, y condicionando por al menos ese tiempo todas las acciones de política pública que pudieran adoptar al respecto los gobiernos futuros.

Siguiendo éste enlace pueden acceder en La Nación al texto aprobado en Diputados y que hoy discute el Senado, que es una rendición incondicional del Estado argentino a las exigencias del capital extranjero, sin ningún beneficio para el país. Para empezar, se resigna soberanía jurídica al aceptar que contratos firmados en el país para ser íntegramente ejecutados en él -en caso de controversias entre las partes- sean dirimidos en tribunales extranjeros, en especial el tristemente célebre del CIADI, y evaluados a la luz de los ignominiosos TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) firmados por el menemato, que debimos haber denunciado hace tiempo.

Pero hay más: el proyecto otorga a los capitales extranjeros que vengan a invertir en el país al menos 200 millones de dólares (un 15 % de los cuáles pueden destinarse a la compra de empresas y otros activos locales) estabilidad cambiaria (de las normas aplicables al mercado de divisas), tributaria y aduanera por 30 años, no rigiendo para ellos ninguna modificación que se apruebe durante todo ese tiempo, a menos que les resulte más favorable; y declara nulas todas las nuevas normas que pudieran dictar las provincias o municipios para gravar las actividades de los inversores, como si no estuviéramos en un país federal: casi una Constitución a su medida.

Les reduce la alícuota de Ganancias del 35 al 25 %, y en el caso de la distribución de dividendos para ser girados al exterior, es del 7 % los primeros dos años y solo del 3,5 % a partir de tercero. Las actividades están exentas de los derechos de importación y exportación (las retenciones), la tasa de estadísticas, pueden computar los pagos del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias, pagar el IVA con certificados de crédito fiscal y amortizar aceleradamente los bienes de capital, lo mismo que ajustar los balances por inflación.

Tienen libre disponibilidad de las divisas que obtengan por exportar desde el país (desde el 20 % con solo adherir al régimen, hasta el 40 % el segundo año y el 100 % de las obtenidas, desde el tercero), no se les pueden imponer restricciones para acceder a las divisas para importar, ni medidas para arancelarias (como las que protegen contra el dumping), ni restricción alguna a la exportación, ni la obligación de cumplir con el abastecimiento interno, ni al momento de adherir al régimen ni durante los 30 años de su vigencia. Lo dicho: la legalización del saqueo de nuestros recursos naturales, sin contrapartida.

Por si hiciera falta demostrarlo, allí estuvo el triste paso del Secretario de Energía de la nación por las comisiones del Senado para demostrar que el proyecto no lo escribieron en el Ejecutivo sino las propias empresas, ocupándose concienzudamente de asegurarse todos los beneficios, y ninguna de las obligaciones: huelgan por su ausencia en el régimen al menos un esbozo de definición sobre cuáles serían las inversiones prioritarias o estratégicas para el desarrollo del país, no hay el más mínimo compromiso concreto en cuanto a generación de empleos, formación de cadenas de valor con proveedores locales, ampliación de la capacidad productiva o exportadora o transferencia de tecnología: más colonia y economía de enclave, imposible de conseguir.

En síntesis, la reedición en otros tiempos de la Coordinación de Transportes el Banco Central de Niemeyer, las Juntas Reguladoras y demás prebendas al capital extranjero surgidas en la Década Infame al amparo del pacto Roca-Runciman; convalidadas con nada menos que con 142 votos favorables en la Cámara de Diputados. Incluso por algunos que -como el gobernador Pullaro- ahora se hacen los sorprendidos, o los preocupados por el impacto que el régimen podría tener para las empresas locales. 

Un régimen que -atento a sus términos- no se puede justificar ni por la necesidad de divisas (los dólares que obtengan por exportar se los podrán llevar cuando quieran), ni por los mayores ingresos fiscales (se les otorgan a los inversores beneficios que ninguna empresa radicada tiene), ni por la generación de empleos (no hay el más mínimo compromiso al respecto, como se dijo) ni por la contribución al desarrollo integral e integrado del país: parece una simple piñata para apropiarse de nuestras riquezas naturales a la rebatiña, sin agregarles valor. 

Y cuyos verdaderos autores (que no están en el gobierno) no son difíciles de detectar. Tuits relacionados: