OBRAS MENORES, PICARDÍAS MAYORES

 

Vemos la queja de intendentes peronistas del sur de la provincia por el atraso sistemático del gobierno socialista en remitirles las partidas del llamado Fondo de Obras Menores; aca hay más detalles del asunto.

El Fondo fue creado en el 2004 por la Ley 12.385, asignándole un monto fijo (20 millones de pesos), con destino (como su nombre lo indica) a obras a hacerse en los municipios ycomunas de la provincia, con ese dinero.

En el 2007 (todavía en el gobierno de Obeid) la Ley 12.744 lo modificó, de modo que pasó a ser el 1 % del Cálculo de Recursos para la Administración Central en el Presupuesto inicial (o sea sin modificaciones, ni diferencias por mayor recaudación que la prevista) del año anterior, y se incorporó la posibilidad de que con esa plata se comprara maquinaria vial y rodados.

Siempre estuvo destinado a Municipios de Segunda Categoría (todos menos Santa Fe y Rosario) y Comunas; y en la reforma del 2007 se eliminó la incompatibilidad con el Fondo del Conurbano (ahora una Comuna o Municipalidad de 2º Categoría pueden recibir fondos de los dos).

Originariamente (cuando era un monto fijo de 20 millones) era igual que el Fondo del Conurbano, por lo que Obeid lo reglamentó mediante este decreto, copiado del reglamentario de la Ley del Fondo de Emergencia Social del Conurbano. 

O sea la misma mecánica: una comisión de seguimiento, ante la que había que presentar proyectos (sólo se podía usar para obras), ésta los aprobaba y el Ministro Coordinador mandaba los fondos, sin que hubiera una pauta de distribución entre los diferentes Municipios y Comunas (a la rebatiña, digamos, el que más rápido presentaba proyectos, o tenía mejores contactos en el gobierno, más plata recibía).

Con la reforma del 2007 se establecieron pautas objetivas de reparto: el 25 % por partes iguales entre todos los Municipios y Comunas, un 5 % de reserva para proyectos de inmediata y urgente ejecución (por ejemplo ahora hubiera servido para hacer obras para afrontar la sequía), y el 70 % restante del siguiente modo: un 70 % (o sea un 49 % del total) en base a la población de cada Municipalidad y Comuna, y el 30 % restante (o sea un 21 % del total) en base a la población con NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas); es decir una especie de régimen de coparticipación con parámetros fijos, no sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno. 

Tal como quedó la ley, ese 1º % es un recurso afectado, lo que implica que no se puede usar para otros fines o gastos, ni del Estado provincial ni de los Municipios y Comunas; y por ende debería fluir automáticamente a éstos como la coparticipación federal o de los impuestos provinciale, o el Fondo Soja; máxime cuando hay coeficientes fijados por ley para distribuir los recursos.

Sin embargo, en el 2008 Binner modificó la reglamentación (posterior a la reforma  de la ley en el 2007) con este decreto; que creó un sistema más engorroso aún que el anterior, cuando ya no tenía sentido por lo dicho respecto a la reforma de la ley en el 2007: ahora las municipalidades y comunas tienen que presentar proyectos, Ordenanzas de los Concejos municipales autorizando el pedido de plata (cuando son recursos asignados por ley a cada una), esperar que se losaprueben para girarles la plata, etc.

Pero en realidad lo que el gobierno provincial perseguía (y persigue) es "pedalear" el uso de los recursos para fumárselos, por eso igual exige que los pedidos de M y C sean aprobados en todos los casos por la Secretaría de Hacienda de la provincia (cosa que por supuesto no pasa con la coparticipación o el Fondo Soja en la parte que corresponde a Municipios y Comunas); y mientras tanto los usa para tapar los agujeros que deja su propio descontrol a la hora del gasto.

Y la mecánica no cambió aun cuando a posteriori se sacaron leyes como ésta o esta otra, permiéndoles a las Municipalidades y Comunas usar hasta el 50 % de los recursos del Fondo que les correspondan, para gastos corrientes, como por ejemplo pagar sueldos o proveedores.

Imagínense que, si ya es engorroso llevar adelante obras públicas cuando la plata no llega en forma fluida como debería ser (lo que sería nada más ni nada menos que respetar la ley), lo es mucho más cuando un intendente o presidente comunal está esperando esos recursos para hacer frente a obligaciones más urgentes o impostergables, como los sueldos del personal.

Por supuesto que si se trata de municipios o comunas gobernados por el Frente Progresista Cívico y Social los expedientes salen por un tubo, y por eso no se ven en los medios reclamos de ese lado al atraso en el envío de las partidas.

Algo a lo que el socialismo (con la anuencia de sus socios radicales) ya nos tiene acostumbrados, como pasa también con los subsidios (denominados por el gobierno provincial con el eufemismo de "aportes no reintegrables"), según demostramos en su momento acá y acá. 

Eso sí: ni Binner antes, ni Bonfatti ahora, ni Zabalza, Lamberto, Sciara, Ciancio y cuanto funcionario o legislador socialista anda por allí se privan nunca de repetir como loros que el gobierno nacional discrimina a la provincia por no ser del mismo signo político, o salen corriendo a la justicia a reclamar por el 15 % de la coparticipación que va a la ANSES.

Esa forma del gobierno provincial de administrar los recursos del Fondo de Obras Menores (violando la ley que lo creó) es la razón por la que quedó un paquete de fondos  sin entregar (la ley dispone que los no invertidos en un año se transfieren al siguiente, con lo cual es más claro todavía que son recursos afectados que no van a Rentas Generales), y una deuda de la provincia (que no existiría si no fueran recursos afectados, por ser propios de Municipios y Comunas; de algo que ) que ahora fija un "plan de pago" en tres cuotas; de algo que se apropió sin pertenecerle por más de un año.