A PROPÓSITO DEL CASO MARITA VERÓN

Por detrás de la indignación que causó el fallo de la justicia tucumana absolviendo a todos los acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, se pueden disparar todo tipo de reflexiones.

Para empezar, el jueves pasado nada más, un conjunto de sellos de goma corporativos, asumiendo la representatividad no ya de los jueces, sino de la misma justicia, ensayaron una cerrada defensa de la casta judicial; contra las presuntas intromisiones del poder político que les impedirían ejercer su magno rol con serenidad.

Y dijeron más, pretendiendo que se les otorgue un velo de inmunidad de modo que nadie pueda criticarlos, porque eso sería tanto como ofender a la justicia misma.

Después del fallo de ayer, se han llamado a silencio; y muchos comunicadores y dirigentes políticos que dijeron la semana pasada que hacían suyas las palabras del comunicado, hoy salen con la misma virulencia a castigar a los jueces tucumanos, como si nada hubieran dicho, y como si nada hubiera pasado.

Lo que nos lleva a reflexionar sobre el asunto que eligieron para defender a rajatablas la supuesta independencia del Poder Judicial (la desesperada estrategia de un grupo económico de procederes mafiosos para conservar sus negocios, en contra de una ley de la democracia); en el contexto de los intereses con los que se las tienen que ver los jueces a la hora de cumplir su función.

La causa de Marita Verón y la lucha de Susana Trimarco por justicia no sólo deja pequeños y miserables a los jueces tucumanos que dejaron impunes a sus secuestradores, sino a todos los que desde el jueves a hoy (en apenas cinco días) ensayaron volteretas para explicar lo inexplicable.

En medio de la discusión por la aplicación de la ley de medios (y en defensa de los intereses de Clarín) se reclamó independencia para la justicia, que al parecer consistiría solamente en fallar en contra de las pretensiones del gobierno nacional, que -según nos dicen- tendría a los jueces en un puño.

¿Cómo explicar entonces el fallo de los jueces tucumanos, a dos días de que Cristina le entregara a Susana Trimarco un premio por su lucha, ante una Plaza de Mayo repleta y en cadena nacional para todo el país?

¿Dieron entonces, los jueces tucumanos, un claro ejemplo de independencia en el ejercicio de sus funciones?

Cuando el Congreso nacional aprobó hace poco el per saltum, oímos que se dijo (como con la ley de medios, la de Papel Prensa o la regulación del mercado de capitales) que eran leyes "contra Clarín", dictadas a medida, y sólo pensando en una situación; y en estos días (sobre todo a partir del fallo en el caso Verón) oímos críticas porque la ley de trata perdió estado parlamentario en el Congreso.

Pónganse de acuerdo muchachos: la trata de personas está contemplada como delito en el Código Penal desde hace más de cuatro años, con la Ley 26.364; sancionada, justamente, a partir de la lucha de Susana Trimarco, con lo bien cual se podría decir que es una ley que se la debemos (dolorosamente) a Marita Verón; cuyos secuestradores no pudieron ser juzgados por esa ley y por ese delito porque, justamente, no regía en el 2002 cuando Marita desapareció; así lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional: "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso".

Por supuesto que la causa Verón desnuda las complicidades del poder político con las redes de trata, así como de las propias estructuras de la justicia y de la policía; que siendo benévolos fue como mínimo absolutamente incompetente para realizar una investigación seria, o resguardar las pruebas que condenaran a los acusados, o que le hicieran más difícil a los jueces absolverlos, como terminó sucediendo.

Fenómenos (los de la complicidad del poder político, la justicia y la policía) con el delito que se suele asociar con provincias pobres, y gobernadores feudales; en una especie de lanatismo bobo, pero que -lamentablemente- no reconoce límites geográficos.

Porque exactamente lo mismo que pasa en Tucumán, sucede en muchos lugares del país, por ejemplo en Santa Fe con el narcotráfico y otros delitos complejos; pero acá tuvimos un caso Tognoli en el que se habló de operaciones de prensa o celadas del kirchnerismo al gobierno provincial; y se esgrimió el principio constitucional de la presunción de inocencia (el mismo que benefició a los secuestradores de Marita Verón), mientras se intentaba desacreditar con un video armado a Norma Castaño, que es a los narcos santafesinos, lo que Susana Trimarco a las redes de trata. 

Del mismo modo que detrás de la generalizada indignación judicial por el fallo, hay mucha hipocresía de quienes son clientes de la prostitución (uno de los destinos más frecuentes de las personas sometidas a trata, pero no el único), de medios que reciben generosa publicidad por el Rubro 59 o sus disfraces, o de empresarios que explotan mano de obra esclava en el campo o en talleres textiles clandestinos (como la mujer de Macri); otro destino común de los sometidos a trata de personas.

El domingo Cristina premió a Susana Trimarco por su lucha, pero el mejor premio para ella, que es encontrar justicia, para su hija y para todas las víctimas de la trata, sigue pendiente.

Hay en esa lucha un parecido notable con la de las Madres y las Abuelas (que cosa con las mujeres, como empujan con el ejemplo): ni Hebe de Bonafini ni Estela de Carlotto, encontraron a sus hijos o a sus nietos, pero siguen luchando todos los días; no sólo por los propios, sino por los de todos; como siguen poniéndole el cuerpo a muchas otras luchas.

Como Susana Trimarco, cuyo ejemplo de coherencia y persistencia contra todo y todos (aun contra mazazos como el de ayer) es una referencia insoslayable.