lunes, 5 de diciembre de 2022

EN EL MISMO LODO TODOS MANOSEADOS

 

Hace más de un año unos fiscales del MPA provincial allanaban la sede Rosario del Ministerio de Seguridad por una denuncia de la oposición vinculada a una fallida compra de armas para la Policía, y al mejor estilo de sus colegas de Comodoro Py secuestraban celulares de funcionarios (sin orden judicial entonces), para empezar una "excursión de pesca" en búsqueda de hechos que pudieran comprometer a Marcelo Saín, sus funcionarios y el gobierno provincial. Hecho que es preciso recordar hoy, para que no se pierda en el tiempo, porque es el origen de todo.

En todo éste año la causa no avanzó demasiado, quizás porque los fiscales se la pasaron filtrando audios a los medios en dosis homeopáticas para provocar escándalos y alimentar la campaña de la oposición a Perotti (en especial la de Maximiliano Pullaro, insólitamente convertido en víctima y querellante); sin que nadie supiera bien a ciencia cierta que investigaban, porque las armas nunca se compraron, por la decisión del gobernador de abortar la licitación cuando ni siquiera se habían recibido ofertas, frente a la primer denuncia. 

En ese tiempo en un muy sólido y fundamentado fallo, el camarista Creus les advirtió a los fiscales que su enderezaban la investigación hacia posibles violaciones a ley de inteligencia nacional y maniobras de espionaje ilegal (de las que aun hoy se sigue hablando), deberían desprenderse de la causa y remitirla a la justicia federal, por ser de su competencia. El consejo, por supuesto, fue desoído y hoy las defensas de los acusados van a plantear la incompetencia de la justicia federal, cosa que era sabida por los fiscales y les fue advertida, pero decidieron seguir adelante; porque el propósito de la investigación nunca fue esclarecer delitos ni sancionarlos, sino otro.

Cuando finalmente y después de un año tuvieron lugar las audiencias imputativas a Saín y un grupo de ex funcionarios de su cartera, fue mucho más notorio aun como funciona el mecanismo: apenas minutos después de la diligencia los textos de las imputaciones estaban subidos a las redes, y todos los dirigentes de la oposición provincial (en especial Pullaro y los alineados con su candidatura) ya estaban hablando de los posibles delitos como si estuvieran probados, juzgados y sentenciados con autoridad de cosa juzgada, y adjudicándole responsabilidad en ellos a Perotti; aunque los propios fiscales digan que no hay elementos en la causa que lo vinculen.

En el medio sucedió todo el culebrón de la discusión en la Legislatura por la designación de jueces, jueces comunitarios y fiscales del MPA, con lo cual se dio la paradoja que los radicales pasaron a denunciar como corrupto y autoritario a un gobernador con el cual hasta minutos antes rosqueaban para repartirse cargos. En modo Groucho Marx, los radicales parecen tener ciertos principios, pero si no gustan, pueden conseguir otros.

Y simultánemente la Legislatura (en base a una ley sancionada en minutos en 2017 para disciplinar a los fiscales del MPA) sancionaba -con levedad, en nuestra opinión- después de más de un año a la fiscal del caso Oldani, por haber permitido que se sustrajera dinero de origen incomprobable de una financiera, en medio de allanamientos y otras diligencias judiciales. Señalamos el hecho porque - en uno de sus escasos aciertos en su paso por Santa Fe- Marcelo Saín había denunciado siendo ministro la irregularidad, y advertido que el caso no era un simple hecho de inseguridad, sino un crimen por encargo vinculado a un ajuste de cuentas entre mafiosos, por dinero sucio vaya uno a saber de que origen, lo que no excluye a la política.

A Marcelo Saín se le atribuyeron numerosos y graves delitos, que de comprobarse podrían llevarlo a la cárcel. Sin embargo, lo que más sorprende de sus conversaciones telefónicas -o en todo caso confirma algunas presunciones- es el perfil de alguien con severos problemas psicológicos, y aterra saber que estuvo al frente nada menos que de la seguridad en la provincia. Claro que con ese mismo perfil psicológico (y con esos particulares métodos investigativos) había sido seleccionado antes del gobierno de Perotti por el socialismo y por concurso (lo que supondría, entre otros aspectos, evaluarlo desde ese lugar) nada menos que para conducir el organismo de investigaciones del MPA. Señalamiento que es preciso hacer en ésta instancia, cuando radicales (como Pullaro, que lo tuvo como colaborador en su paso por el mismo ministerio en el gobierno de Lifschitz) y socialistas alegan demencia, como si no lo hubieran conocido ni supieran los puntos que calzaba, hasta que Perotti lo designó como ministro. 

Alguien que evidentemente no pudo acreditar logros en su gestión como ministro, porque prefirió ocupar su tiempo en otras ocupaciones menos productivas, como armar carpetas o "perfiles" de todos aquéllos que se opusieran a sus intenciones, incluso dentro del propio gobierno provincial. Carpetas inútiles que nunca se usaron por otro lado, porque no se conoce a nadie que se haya amedrentado, o dejado de hacer algo, por la amenaza de revelar información que en la mayoría de los casos era pública, y en todo caso el que no la conocía era Saín, devenido una especie de Jorge Rial de la política.  

Ahora, con Saín fuera del gobierno de la provincia hace más de un año, lo que busca la oposición (en especial Pullaro, que opera con una motosierra mellada) es obvio y bastante burdo: un intento de "cristinizarlo" a Perotti y hacer girar la campaña en torno a la corrupción. Cosa bastante ridícula porque, en la provincia de escándalos tales como los restos del puente colgante en tiempos de Vernet o los juguetes de Vanrell, hasta acá y que se sepa, los únicos hechos que estos "perseguidos por denunciar" denunciaron fueron la antes citada compra de armas (que nunca se hizo), y la adjudicación del juego online a los concesionarios de los casinos, que los propios fiscales del MPA que ellos manejan desestimaron "por inexistencia de delito". 

Hasta el propio caso del veto que en diciembre de 2020 interpusiera Perotti a una ley sobre el control de los gastos reservados en Seguridad (analizado en su momento acá), reactivado hoy, resulta ridículo: el único propósito de esa ley (sancionada en apenas 20 minutos, sin antecedentes ni debate) no era mejorar la transparencia y los controles, sino acceder a la lista de los posibles testigos de identidad reservada que habían aportado datos contra el senador Traferri y sus socios "transversales" en las causas judiciales en las que se lo investigaba.

Sin embargo, los hechos más graves que se le atribuyen a Saín y sus funcionarios son -en nuestro opinión- haber consentido, ocultado o (peor aun) ordenado apremios ilegales a detenidos en dependencias policiales. Y en ellos nos queremos detener: bastante grave es que hayan ocurrido -si ocurrieron, lo que debe investigarse- ese tipo de cosas en la provincia donde secuestraron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a Franco Caso (en un gobierno del Frente Progresista), como que una referente de los derechos humanos como Nadia Schujman haya permanecido en su cargo luego de conocerlos; afectando así un patrimonio simbólico que la excede.

Y lo más grave aun, es que en todo éste año ninguno de esos casos que revelarían los audios haya sido investigado o esclarecido, y sus perpetradores condenado por la justicia; lo que acaso sea la prueba más evidente de que precisamente eso (justicia) es lo que menos parece importar en todo este lodo, en el que hay muchos manoseados. Tuits relacionados:  

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