sábado, 29 de febrero de 2020

LAS FRASES DEL MES


1. "Pasó una semana desde que dije que Macri ya fue y que Cristina era la mujer más brillante de la historia argentina, y no me llamó nadie del Instituto Patria, estoy perdiendo el toque mágico." (Jaime Durán Barba) 

 2. "Alberto me pidió ayuda con la deuda y le prometí rezar un Padrenuestro por él, por aquello de "perdónanos nuestras deudas"." (Papa Francisco)

3. "Me tomé un gobierno sabático para cargar pilas, ahora que volvió el peronismo vuelvo a lo mío: las denuncias de corrupción y el periodismo de investigación." (Jorge Lanata)

 4. "Gracias a nuestra lucha el gobierno nacional detuvo su intentonta de recortarles la coparticipación a los porteños." (Gabriel Solano)

5. "Ahora todos se quejan de que le dimos plata a Vanderbroele para poner un hotel, pero bien que nos pedían políticas activas para fomentar el turismo." (Germán Garavano)

6. "Quiero decirle al presidente Alberto Fernández que tengo un fallo de la Corte que dice que me tienen que dar publicidad oficial, y estoy dispuesto a usarlo." (Luis Majul)

 7. "Pensé que siendo presidente Alberto Fernández en lugar de Cristina realmente era cierto que volvían mejores pero me equivoqué: hasta Ricartido Alfonsín ligó una embajada y a mí no me llamaron para ofrecerme ninguna." (Margarita Stolbizer)

 8. "Me gusta este chico Santiago Cafiero, por fin un jefe de gabinete con el que nos podemos entender." (Gerardo Morales)

9. "Estamos de acuerdo con investigar la deuda externa, nosotros también queremos saber donde fue a parar toda la plata que pidió Macri." (Mario Negri) 

 10. "Primero con lo de "presidenta", ahora contra el lenguaje inclusivo, que no crea Cristina que no me di cuenta que va por la presidencia de la Real Academia de la Lengua." (Eduardo Feinmann)

 11. "Me enteré lo del hotel de Vanderbroele, habría que investigar si no es de la cadena Hotesur, y Cristina no está involucrada de alguna manera." (Margarita Stolbizer) 

 12. "La izquierda bolche de Hollywood mete la ideología en todo: los Oscar deberían ser al mejor actor o actriz de capitalización individual." (José Luis Espert)

 13. "Tuvimos que arreglar el bolillero de Comodoro Py para sortear a que juzgado le correspondía reemplazar a Bonadío, porque seguía saliendo él." (Ricardo Lorenzetti)

 14. "Ale Rozitchner no se va a ir del país, simplemente tanto hacer talleres de entusiasmo mandó el entusiasmo al taller." (Sergio Bergman) 

 15. "Todas mis denuncias son archivadas porque dicen que nunca aportó una prueba, así no se puede, no es confiable la justicia en éste país." (Graciela Ocaña)

 16. "Armé el grupo de empresarios por whatsapp para militar la reelección de Macri, fui fiscal suyo en La Matanza y me rajan de la empresa que yo inventé, era cierto nomás que era mufa." (Marcos Galperín)

 17. "Yo me ocupé del tema de los wichis que mueren de hambre en 2013, si después no hicieron nada para resolverlo no es culpa mía." (Jorge Lanata)

 18. "Macri me defraudó, sobre todo cuando perdió las elecciones." (Margarita Barrientos)

 19. "Si miran mi declaración jurada se darán cuenta que perdí plata siendo presidente, pero como sabía que iba a ser así, armé el blanqueo y lo amplié por decreto." (Mauricio Macri)

 20. "La deuda de Argentina es insostenible y los acreedores deberán aceptar una quita sustancial, de otro modo no podremos cobrar nosotros." (Kristalina Georgieva) 

 21. "Aunque hayamos acordado con el FMI no les voy a pedir a los argentinos que se enamoren de Kristalina, por las dudas." (Alberto Fernàndez)  

 22. "Me parece que el gobierno está queriendo politizar el hecho de que le dimos un préstamo multimillonario a nuestro mayor aportante de campaña." (Javier González Fraga) 

 23. "La jubilación de los jueces garantiza su independencia, uno nunca sabe si cuando está en la plaza dándole de comer a las palomas no lo presionan por algún falló que firmó cuando estaba en actividad." (Ricardo Recondo)

 24. "Lo que compré con la plata del programa de protección de testigos no fue un hotel sino una posada; bueno, fui a un cabaret." (Alejandro Vanderbroele) 

 25. "Yo pregunto, ¿cuando hablan del canal de Panamá se refieren a la televisión de allá?" (Gisella Barreto) 

 26. "No entiendo por qué protestan tanto los radicales: intervención al Poder Judicial de Jujuy ya hubo, cuando asumió Gerardo Morales, y la aplaudieron a rabiar." (Aníbal Fernández)

 27. "Me cagaron en el programa de protección de testigos: a Vanderbroele le compraron un hotel y a mí me quisieron arreglar con una agencia de remises." (Oscar Centeno)

 28. "Me pidieron que diera una mano con el quórum, y fui." (Daniel Scioli)

 29. "En Wikipedia todavía figura Macri como presidente." (Mario Negri)
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viernes, 28 de febrero de 2020

CORONAVIRUS PERIODÍSTICO


En la edición de hoy del Boletín de la Cámara de la Construcción que gira bajo el nombre de fantasía de "El Litoral" se publicó este libelo sin firma, en el que acusan a Omar Perotti de haber colocado a la provincia en cesación de pagos, y atribuirse superpoderes para desconocer deudas contraídas por el gobierno de Lifschitz, con proveedores y contratistas.

El panfleto (que nadie se animó a firmar, y por ende es toda responsabilidad de Nahuel Caputo) comienza diciendo que por el decreto Perotti "...consolida la cesación de pagos a proveedores de servicios y contratistas de la provincia...", y "...hace uso de esta manera de una facultad que le otorga el artículo 54 de la Ley de Presupuesto...", lo cual debería terminar la discusión, y la lectura del pretendido escrito periodístico: si "consolida la cesación de pagos" es porque ésta ya existía al llegar Perotti al gobierno, e incluso varios meses antes, como cualquier proveedor o contratista de la provincia sabe.

Y si "hace uso" de una facultad que le dio la ley de Presupuesto (ley que no envió él, sino Lifschitz a la Legislatura, recordemos), no se puede hablar de "superpoderes". Pero omo ya se enamoraron del término, lo usan hasta para hablar del clima.  

De lo que no hablan, en concreto, es de lo que dice el decreto. Que por ejemplo señala  que "Que la misma ley (la de Presupuesto, aclaramos) autoriza al Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios y Comunas a afectar los recursos fiscales, créditos, emitir títulos públicos o instrumentar otros medios sucedáneos de pago, que resulten necesarios para cancelar las obligaciones que se consoliden en jurisdicción provincial, municipal o comunal;..."; y que "...en el proyecto presentado como Mensaje del Poder Ejecutivo N° 4873/2020 en fecha 7 de febrero del 2020, se ha solicitado y fundamentado a las Honorables Cámaras Legislativas la necesidad de sancionar una ley declarando el estado de Necesidad Pública en materia Social, Alimentaria y Sanitaria, de las Contrataciones Públicas, Financieras y de Seguridad en la Provincia de Santa Fe;... y concretamente en el propuesto artículo 24 autoriza al Poder Ejecutivo a concertar operaciones de crédito público por la suma de $ 12.000.000.000 (PESOS DOCE MIL MILLONES), con los alcances establecidos en el Artículo N° 60 inciso b) de la Ley N° 12.510, y con el objeto de atender renegociaciones de contratos públicos, o la cancelación de deuda flotante, o consolidada en los términos del artículo 54 de la Ley N° 13.938;...". (las negritas son nuestras).

Y sigue el decreto: "Que en consecuencia hallándose ya aprobada la autorización para emisión de títulos o instrumentos de pago de deuda consolidada (artículo 54 Ley N° 13.938), la norma en debate parlamentario vendría a definir marco y límites en los cuales se perfeccionará dicha emisión; ...entretanto y a los efectos de instrumentar el mandato legal del artículo 54 de la Ley N.° 13.938, se toma necesario disponer desde el dictado del presente un relevamiento integral de las obligaciones tipificadas, y su situación en relación al ciclo presupuestario involucrado;..."

"Que corresponde también al Poder Ejecutivo en esta instancia y dentro de los límites de la autorización legislativa, determinar por razones del interés público involucrado o del carácter del sujeto acreedor qué tipo de deuda queda excluida del procedimiento de relevamiento y cancelación que se reglamenta en el presente;...a todos estos fines es necesario reglamentar el procedimiento de solicitud de pago, verificación de la acreencia y modalidad de cancelación de las obligaciones vistas en las normas indicadas, identificando la normativa en que ellas se originan;...". (siempre las negritas son nuestras)

En su artículo 2 el decreto establece cuales son las obligaciones excluidas del  procedimiento reglamentario: las que corresponden a deudas de haberes de agentes públicos, servicios personales, haberes jubilatorios, deudas con municipios o comunas de la provincia o entes que conformen el sector público no financiero municipal o comunal, saldos a favor de los contribuyentes de impuestos que se regulan por el Código Fiscal u otra legislación fiscal; deudas que provengan de servicios de prestación continuada, alquileres, gastos corrientes de imperiosa necesidad o vinculados a la necesidad pública alimentaria, de salud o de seguridad, deudas por pago de indemnizaciones por expropiaciones, deudas instrumentadas en títulos públicos provinciales y deudas instrumentadas en títulos circulatorios incausados.

Lo increíble es que el libelo hable además de "determinación unilateral de deuda" por parte del gobierno de la provincia, cuando el mismo decreto en su artículo 4 inciso d) establece que  la Autoridad de Aplicación (el Ministerio de Economía) podrá "...solicitar la presentación de pruebas demostrativas de los hechos que sustenten la procedencia del reclamo, tanto al particular como a los órganos del Estado que correspondan...."; y en el inciso f) del mismo artículo que "Concluido que sea el procedimiento, determinada la deuda reconocida y el mecanismo de pago, se notificará al reclamante a los efectos de la aceptación del monto y de la modalidad de pago propuesta.". Finalmente, establece que "...para supuestos de no aceptación, expresa o presunta, total o parcial, serán de aplicación las previsiones del régimen general de los trámites administrativos (Decreto 4174/15 o norma que pueda suplantarlo)." O sea, el que esté disconforme puede recurrir.

 Pero lo más canallesco del caso es que se hable de "cesación de pagos", cuando el propio decreto en su artículo 6 dice lo siguiente: "Facúltase a las distintas jurisdicciones mientras dure el procedimiento de reconocimiento y determinación de las obligaciones consolidadas, a pagar con carácter excepcional y cuando la deuda esté debidamente documentada, los compromisos que sean exclusivamente necesarios a los efectos de no poner en riesgo la prestación de los servicios públicos o la satisfacción de intereses de esa naturaleza. Estos pagos estarán comprendidos por la norma del Decreto reglamentario de pagos a cuenta de la consolidación y deberán contar con la conformidad de la Autoridad de Aplicación.".

 El otro decreto del cual habla (y del que el diario de Nahuel nada dice) es el 133, dictado por Perotti el 17 de febrero, cuyo artículo 1° dispone: "Establécese que los pagos efectuados o a efectuarse por cualquier causa y que resulten cancelatorios parcialmente de obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 31 de diciembre de 2019, serán efectuados a cuenta del mayor monto que pueda ingresar y reconocerse en el procedimiento reglamentario del artículo 54 de la Ley N° 13.938." (siempre las negritas son nuestras), Rara una cesación de pagos en la que se dictan dos decretos autorizando a pagar, ¿no?

Así se informa cuando en lugar de periodismo, se hace coronavirus periodístico, para apretar a un gobierno por pauta. Tuit relacionado:
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TWEETS POLÉMICOS

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PRIORIDADES


La captura de pantalla resume buena parte de las noticias de ayer, aunque haya quedado desactualizada por lo que pasó en Diputados, donde la oposición huyó con la excusa del aporte de Scioli para dar quórum, para no tener que justificar en el recinto la defensa de los regímenes jubilatorios de privilegio de jueces, funcionarios judiciales y diplomáticos; que fue lo que en realidad hizo, luego de haber pedido hace menos de dos meses que se modificaran.

Pero también el collage sirve para ver donde tiene el gobierno puestas las prioridades, algo que, aun con críticas al ritmo con el que avanza en determinadas cuestiones, no se puede desconocer. Habría que agregar para completar el panorama, el cierre del registro de exportaciones, como preludio necesario para un aumento de las retenciones a las agropecuarias, al menos a las de la soja y sus derivados; si no fuera porque se pospuso el anuncio, luego de reunirse con las patronales del campo (error).

El mismo gobierno de Alberto Fernández que, cumpliendo sus promesas de campaña, rehabilitó la paritaria nacional docente, la puso en marcha y logró en ese marco el primer acuerdo para subir el piso salarial mínimo (que el macrismo había atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil), en todo el país, para el cargo testigo.

Al mismo tiempo encaraba en el Congreso la reforma de regímenes jubilatorios de privilegio en soledad, ante la deserción de una oposición cambalachesca, que sigue funcionando en modo 2003-2015: no sé de que se trata, o que propone el gobierno, pero me opongo; aunque lo haya reclamado hasta el día anterior.

Contribuyendo de ese modo a la educación presidencial, al enseñarle al presidente que "cerrar la grieta" es un asunto un poco más complejo de lo que él pensaba, porque no depende tanto de sus buenas intenciones, como de las de la contraparte; en este caso el engendro sobreviviente del experimento "Cambiemos", que cambia de nombres de fantasía, pero no de costumbres.

Y finalmente y tal como da cuenta la imagen de apertura, ayer salió publicado en el Boletín Oficial (completo acá) el Decreto 184, por el cual el presidente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la ley de emergencia, dispone el reparto del producido del "impuesto PAIS"; que se cobra a la compra o cambio de divisas,  las operaciones en el extranjero con tarjeta de crédito y los gastos en el exterior, en moneda extranjera.

Según la norma, el primer 70 % de lo recaudado (que pasa a ser en sí un 100 %) se reparte entre un 60 % para financiar los programas a cargo de la ANSES (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH) y el otro 40 % destinado a las prestaciones del PAMI. Y el 30 % restante (tomado como otro 100 % a repartir) se distribuye en un 30 % al Fondo de Integración Socio Urbana creado por el Decreto N° 819/19 en el marco de la Ley N° 27453, para el financiamiento de obras de vivienda social, un 65 % a obras de infraestructura económica, y el 5 % restante,  al fomento del turismo nacional.

Así expuesto los ejes de los temas que el gobierno transitó en su agenda solo ayer, queda claro un rumbo; que es lo que los argentinos votaron mayoritariamente el 27 de octubre pasado, y que pone en discusión otras cuestiones de las que marcaron la hoja de ruta del macriato: la fuga de capitales, el endeudamiento, la destrucción del aparato productivo, el recorte de derechos, la guerra al salario y al empleo.

Otra vez: cualquiera sea la valoración que se haga respecto a los ritmos de la gestión, y en algún caso de las soluciones elegidas para abordar los problemas heredados, lo que está claro es que hay otro rumbo, con otras prioridades; y otro modo (imperfecto a veces, en construcción, pero modo al fin de repartir las cargas). Y se nota, y es bueno que así sea.
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jueves, 27 de febrero de 2020

TWEETS POLÉMICOS

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KRYPTONITA SOCIALISTA



Desde que Perotti envió a la Legislatura el proyecto de ley de emergencia primero, y el de necesidad pública después, el socialismo se viene oponiendo sistemáticamente a aprobarlo sobre la base de que encubre el otorgamiento de superpoderes al Gobernador, la delegación de facultades de la Legislatura en el Poder Ejecutivo y situaciones de cheques en blanco, o abuso de poder.

Frente a esos argumentos, es bueno recordar como se comportaron ellos durante 12 años, cuando les tocó gobernar la provincia, y para eso van algunos ejemplos:

* Contratación del Agente Financiero: En marzo de 2009 Binner aprobó por el Decreto 288 y sin pasar por la Legislatura, el pliego para el llamado a licitación del agente financiero de la Provincia; luego de haber prorrogado también por decreto el contrato vencido con el Nuevo Banco de Santa Fe; todo a través de una interpretación cuestionable del Fiscal de Estado respecto a que aun subsistía la autorización otorgada en su momento al Poder Ejecutivo por la Ley 10582, y a que la cuestión podía resolverse en el marco de la Ley 12510, al mismo tiempo.

Con idéntico criterio, en febrero de 2019 Lifschitz volvió a aprobar el pliego licitatorio con idéntico objeto, y posteriormente en noviembre del mismo año y a escasos días de finalizar su mandato, por Decreto 3546 adjudicó el contrato del agente financiero, con cinco años de vigencia y opción a prórroga por cinco años más.

* Hospitales municipales de Rosario: En mayo de 2009 y por el Decreto 770, Binner aprobó el convenio de prestaciones médicas de la provincia con los hospitales municipales de Rosario, encuadrando la gestión en la causal de contratación directa entre organismos oficiales, y sin remitir nunca lo actuado a la aprobación de la H. Legislatura.

Observado el acto por el Tribunal de Cuentas, insistió en su ejecución por el Decreto 1273 de julio del mismo año, y desde entonces el convenio tiene continuidad, sin haber sido nunca objeto de discusión ni mucho menos aprobación legislativa.

* Autopista Santa Fe - Rosario: Con la misma línea argumental del caso del agente financiero de la Provincia, en junio de 2010 Bonfatti entendió que subsistía la autorización otorgada por la Ley 11157 al Poder Ejecutivo para licitar la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario, y mediante Decreto 1033 aprobó el pliego respectivo, sin remitirlo a la Legislatura.

Por Decreto 1034 aprobó la contratación directa de un consorcio de empresas para que se hiciera cargo del corredor hasta tanto concluyese el proceso licitatorio, que fue aprobado en el mismo marco -es decir, sin aprobación legislativa- en noviembre de 2010, por el Decreto 2236.

Fracasada la concesión y luego de dispensar al concesionario el incumplimiento de sus obligaciones contractuales por el Decreto 5194 de diciembre de 2016, Lifschitz constituyó un fideicomiso para operar el corredor, encomendado a BMR S.A. (sociedad controlada por el Banco Municipal de Rosario) por el Decreto 1870, de junio de 2017, contrato aun hoy vigente; sin que en ningún momento tomara intervención la Legislatura para decidir al respecto.

* Emergencia en seguridad: En noviembre de 2012 la Legislatura provincial dictó la Ley 13297 que declaró (ya entonces) la emergencia en seguridad. La norma fue vetada por Bonfatti en doce (12) de sus catorce (14) artículos incluido el de forma, mediante el Decreto 3445 del mismo mes y año. La Legislatura aceptó algunas de las modificaciones propuestas, y la ley quedó promulgada con cambios mediante el Decreto 3973 de diciembre de 2012.

La ley declaró la emergencia en seguridad por un plazo de dieciocho (18) meses, prorrogable otro tanto por Decreto del Poder Ejecutivo, es decir sin nueva intervención de la Legislatura; lo que se verificó mediante el Decreto 1861 de junio del 2014. Finalmente la Ley 13524 de diciembre de 2015 volvió a prorrogar la declaración de emergencia en seguridad por el término de un año, de resultas de lo cual rigió durante cuatro (4) años y un mes, comprendiendo el mandato de dos Gobernadores distintos, ambos del Frente Progresista Cívico y Social.

En base a sus disposiciones, el Poder Ejecutivo pudo, durante todo el tiempo de su vigencia, reestructurar la organización y funcionamiento de la Policía de la provincia -en ese marco creó por Decreto 8/14 la Policía de Investigaciones (PDI), avanzando sobre la Ley 7395-, los suplementos salariales del personal policial, encuadrar todas las contrataciones de bienes y obras y servicios vinculadas a la emergencia en las normas de excepción a la licitación pública contempladas en las leyes de Administración, Eficiencia y Control y de obras Pública -limitando a cinco (5) días hábiles el plazo de intervención del Tribunal de Cuentas para el control previo- y contó con topes más elevados en los procedimientos de contratación, para prescindir de los actos licitatorios.

* Plan Abre: Con fundamento en las disposiciones de la Ley 13297 de emergencia en seguridad, Bonfatti dictó en septiembre  de 2014 el Decreto 2940, creando el “Programa de Intervención Integral de Barrios” (Plan Abre), cuyas contrataciones fueron encuadradas en el mismo acto en la causal de urgencia para habilitar la contratación directa, sin previa licitación pública; marco en el cual fueron adjudicadas obras por cientos de millones de pesos, hasta la finalización del mandato de Lifschitz en diciembre de 2019, cuando ya no regía más la emergencia en seguridad.

* Anticipos de coparticipación: Entre octubre y diciembre del año 2019 (es decir, a escasos meses y días de finalizar su mandato, y con las nuevas autoridades ya electas)  Lifschitz otorgó, mediante los Decretos 3240 y 4037, refinanciaciones de anticipos de coparticipación y nuevos anticipos a la Municipalidad de Rosario, por un monto total de 2050 millones de pesos, superando largamente los límites establecidos por la Ley 10047, y sin verificar previo a ello el estricto cumplimiento de sus normas, y las de su reglamentación aprobada por Decreto 4096/87.

En particular, nunca se requirió la intervención del H. Concejo Municipal de la ciudad de Rosario a los fines de convalidar las solicitudes de asistencia que colocaban al municipio, por su magnitud, en la situación de emergencia económica y financiera, asumiendo a futuro compromisos que afectaban buena parte de sus ingresos coparticipables regulares; basándose para ello exclusivamente en la opinión de un consultor externo, contratado por la Municipalidad.

* Modificaciones al Presupuesto: Desde el ejercicio 2010 y hasta el ejercicio 2019 inclusive, y con la sola excepción de los años 2011 y 2018, el Poder Ejecutivo gozó todos los años de la facultad de disponer modificaciones al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, incluyendo la atribución de transferir partidas de Gastos de Capital, a Gastos Corrientes.

En todos los casos se dispuso tal delegación de facultades sin establecer de modo expreso la suspensión de la norma del artículo 32 de la ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, sino facultando al Poder Ejecutivo a adherir a la norma que dictara el Congreso Nacional modificando lo dispuesto por el artículo 15 in fine de la Ley 25.917 Régimen de Responsabilidad Fiscal. O sea le otorgaron lo que ahora llaman "superpoderes", pero de modo encubierto.

Así sucedió con los Presupuestos 2010 (Ley 13065, artículo 82), 2012 (Ley 13226, artículo 55), 2013 (Ley 13338, artículo 57), 2014 (Ley 13404, artículo 74), 2015 Ley 13463, artículo 99), 2016 (Ley 13525, artículo 99), 2017 (Ley 13618, artículo 62) y 2019 (Ley 13871, artículo 51). 
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miércoles, 26 de febrero de 2020

PESIFICAR ES LA TAREA


Aunque no salió publicada (como se anunciaba) en el Boletín Oficial de hoy la correspondiente resolución de la Secretaría de Energía que así lo disponga, ya se da por descontado que el gobierno "pesificará" la retribución que perciben por sus servicios las generadoras de energía que operan bajo los sistemas tradicionales; con excepción de los entes binacionales, como Salto Grande o Yaciretá.

La medida supone recortar costos que inciden en el valor final de las tarifas de electricidad, lo que no se notará en las facturas que se devenguen a partir de éste mes (cuando comenzaría a regir) y hasta junio por el congelamiento dispuesto en la ley de emergencia, pero sí a futuro, en un porcentaje que aun no puede establecerse.

En realidad, lo que hace el Estado es reducir los subsidios que pagaba a las generadores para "compensarlas" por la diferencia entre sus costos de producción, y los precios que percibían por entregar la energía al mercado mayorista. 

Según cuentan acá en Infobraden, se trata de unos 300 millones de dólares que se dejan de gastar en subsidios, y se recortan en consecuencia de la rentabilidad de las generadoras. Mientras tanto y como cuenta la nota, se discute con todos los actores de la cadena (generadoras, transportistas y distribuidoras), en el marco de la revisión extraordinaria de los contratos que autorizó la ley de emergencia.

También recuerdan allí que hay otro sector de generadores que tienen dolarizados sus costos y por ende sus ingresos, por decisiones que tomó Macri durante su gobierno, en nuevos contratos con 10 años de plazo de vigencia; lo cual complejiza aun más el panorama.

La "pesificación" de las tarifas de los servicios públicos es una de las decisiones más importantes en las que tiene que trabajar el gobierno, para reducir los costos de la energía para los hogares y las actividades productivas y comerciales, como lo señalan los fundamentos de la ley de emergencia.

Al mismo tiempo, lesiona intereses de un sector que se cuenta entre los grandes ganadores del modelo macrista, lo que complica aun más las cosas, pero por el contrario debiera reforzar la decisión de avanzar en ese rumbo; que por otra parte fue tema central de las discusiones de campaña, y de la propuesta electoral del "Frente de Todos".

La medida anunciada (esperemos a que se concrete) es un paso en la dirección correcta, y deberán seguirle otros, como revisar los contratos y marcos regulatorios vigentes, sobre lo cual es oportuno recordar que aun sigue pendiente la remoción de los funcionarios macristas de los entes reguladores, aun cuando la ley de emergencia autorizó su intervención.

En definitivas y pensando en el más largo plazo, lo que es imprescindible es discutir de una vez por todas el modelo de gestión de los servicios públicos esenciales (gas, electricidad) en manos privados, heredado del menemato y sin cambios sustanciales desde entonces.
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martes, 25 de febrero de 2020

TWEETS POLÉMICOS

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MEJOR QUE DECIR ES HACER


El jefe de gabinete dice que después de junio no descartan aumentar tarifas, y el presidente tiene que salir a desementirlo. El ministro de Transporte hace lo mismo, pero después. obligando a otra desmentida presidencial.

El propio presidente dijo lo que dijo en un acto de las Fuerzas Armadas, y debió pedir disculpas, ante la justificada crítica de algunos referentes en materia de derechos humanos, pero en su disculpa vuelve a hablar de "inconductas": como bien señala acá Oscar Cuervo, a cuyas palabras nos remitimos por compartirlas plenamente, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no fueron "inconductas", ni fueron "de algunos", ni hay que dar vuelta ninguna página; sino simplemente hacer justicia.

Se anuncian medidas que "están en estudio", "se analizan" o "no se descartan", como la suba de las retenciones a la soja, o el recorte de la coparticipación a la CABA; pero como si se sondearan las reacciones, previsiblemente adversas en determinados sectores, que son los afectados: el gobierno porteño, las patronales del campo.

Y entonces las medidas -la mayoría de las veces, justas, adecuadas y necesarias- caen en un limbo del cual no se sabe cuando saldrán, o si saldrán algún día. Y todo a puro desgaste para el gobierno, operado desde los medios, cosa que cualquiera sabe que pasará aunque nadie abra la boca, con más razón si lo hace y -en palabras de Verbitsky- se habla encima.

No vale después quejarse de tergiversaciones, recortes maliciosos o, lisa y llanamente, "fake news", porque deliberadamente se eligió de entrada concentrar las energías en otras cosas (o al menos eso se dijo), y no dar esa pelea, la de la disputa por el sentido. El tiempo dirá si fue un acierto, o un tremendo error.

Acaso el problema sea que nos estemos pasando de rosca con los gestos de "moderación" para volvernos "presentables" para determinados sectores, suponiendo que lograremos su benevolencia, o por lo menos evitar su enemistad manifiesta. Hay como cierta obsesión por mostrar que "volvimos distintos, y mejores", sin que nunca terminemos de saber bien en qué distintos, o como y cuanto mejores, y quien lo tiene que medir.

Y no es que acá despreciemos la importancia de las gestualidades en política, o el valor de lo simbólico: simplemente es que creemos que de ese modo estaremos más cerca (una vez más) de abrir la boca y meter la pata, y tener que recular.

Un ejemplo, o dos, para ilustrar: en lugar de quejarnos por la voracidad de los formadores de precios que siguen aumentando sin cesar artículos de consumo básico de la canasta familiar, o pedirle a la gente que se involucre en "Precios Cuidados" y se lo apropie y lo haga suyo, sería preferible ver (además de todo eso) medidas concretas tomadas con el peso del poder institucional del Estado, para ir contra los que se quedan con buena parte del salario de los trabajadores.

O ¿qué mejor modo de celebrar que la casi totalidad de los miembros actuales de nuestras Fuerzas Armadas hicieron sus carreras íntegramente en democracia, que firmar de una buena vez la derogación de los decretos de Macri que modificaron la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional que venía del gobierno de Néstor Kirchner, y que modificaron la Directiva Nacional de Defensa adoptando la doctrina yanqui de las "nuevas amenazas" como hipótesis de conflicto, o permiten su intervención en cuestiones de seguridad interior?

Porque cabe recordar que su derogación se anunció hace más de un mes, y aun no se ha concretado. Y conste que no volvemos sobre el asunto de los presos políticos o "detenidos arbitrariamente", porque entendemos que está suficientemente claro.    

En fin, como dijimos hace poco acá y a propósito de las tarifas de los servicios públicos, "...atengámonos estrictamente al programa electoral votado por la mayoría, por el cual ganamos, y nos irá bien. A nosotros y a los argentinos...".

Es decir, hagamos, gobernando, y después hablemos, explicando lo que hicimos y por que lo hicimos, aunque a algunos no les guste, así como a otros (de adentro) no les gusta que  se señalen las cosas que se entienden equivocadas. O como dijo uno que de esto sabía: mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar.

 Tuits relacionados: 
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lunes, 24 de febrero de 2020

TWEETS POLÉMICOS

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EL MANDATO DE LOS NEGOCIOS


Ustedes son chicos y no se acuerdan, pero en una época (más precisamente, durante el kirchnerismo) para el socialismo los fideicomisos eran mala palabra, sinónimo de cosa oscura, y mecanismo turbio para manejar dineros públicos sin ningún control, que iban a parar a los bolsillos de los funcionarios, o servían para financiar las campañas políticas del oficialismo.

Simplemente por recordar un caso sonado, cuando en el 2008 el gobierno de Cristina creó por el Decreto 2067 un fideicomiso para financiar con un cargo en las facturas de gas, las importaciones que eran necesaria para atender la demanda en invierno, Giustiniani y el resto del bloque socialista en el Congreso fueron a la justicia y, vía amparo y cautelar, lograron que no se cobrar el cargo, ni se constituyera el fideicomiso.

Sin embarga, acá en Santa Fe y mientras fueron gobierno, la cosa la miraron con otros ojos, y empezaron a armar fideicomisos a lo pavote, para cualquier cosa y siempre con el mismo encargado (fiduciario) BMR Mandatos y Negocios S.A., la sociedad propiedad del Banco Municipal de Rosario.

Acá pueden ver en su propia página como la mayoría de los fideicomisos que manejan son con el sector público, en especial con la provincia (creados durante los tres mandatos de gobierno socialista) y con la propia Municipalidad de Rosario. En este posteo tienen un detalle de los conformados con la provincia, que hoy está desactualizado porque aparecieron otros, como el del Aeropuerto Rosario para financiar las obras que la provincia hizo para sostener el curro de los "low cost"; o el del Polo Logístico Sauce Viejo en los terrenos de la ex FIAT, donde BMR cobró 323.600 dólares, y el 1 % del producido de la venta de los lotes, por no hacer nada,salvo elegir según su exclusivo criterio (o sea, a dedo) a las empresas que hagan las obras, para lo cual la provincia comprometió un aporte inicial de 60 millones de pesos.

En ese caso, el fideicomiso tiene un plazo de vigencia de diez (10) años, prorrogable por acuerdo de partes, cuando su objeto es simplemente adaptar el inmueble cedido a la provincia por Rogolex S.A. para que allí funcione un parque logístico industrial. En el caso del fideicomiso "Santa Fe + Deporte", la situación es más oscura aun: se ha triangulado el otorgamiento de las becas pagadas desde 1990 con el Fondo Provincial del Deporte (conformado con parte de la recaudación de los juegos de la Lotería de Santa Fe), a través de BMR S.A. y la Fundación Banco Municipal de Rosario, sin que existiera jamás desde 2015 (cuando el fideicomiso fue creado) decreto alguno del Poder Ejecutivo que apruebe el contrato, o establezca sus términos.

Acaso el caso emblemático sea el de la autopista Santa Fe Rosario analizado en detalle acá, por el cual BMR S.A. se queda con el 2 % de la recaudación por el cobro de peajes, solo por cortar el pasto, manejar las ambulancias, y pagarles los sueldos a los empleados de las cabinas.

En condiciones de turbiedad absoluta (como todo lo que rodea al Banco Municipal de Rosario y BMR), los fideicomisos en la provincia fueron, sí y como planteaba el socialismo en la nación durante el kirchnerismo, otro mecanismo para fondear a un banco que es sistemáticamente vaciado por su propietario (el municipio rosarino, bajo las gestiones del socialismo), y que sin esos "ayudines" financieros del Estado provincial, habría quebrado, o hubiera sido suspendido para operar por el Banco Central, porque carece de solvencia propia.

Todo esto viene a cuento de la discusión que se está planteando en la Legislatura por el proyecto de ley de "necesidad pública" enviado por Omar Perotti, algunos de cuyos artículos facultan al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos del Estado, y llegado el caso, resolverlos (o sea, rescindirlos).

Al respecto se han colado los reclamos de la patria contratista local (encabezada por el dueño de Mundo Construcciones, a la cual el socialismo le otorgó por 30 años la operación de la terminal de contenedores del puerto de Santa Fe), y del propio socialismo; pisándose solo al revelar cuáles eran sus preocupaciones: los contratos con sus principales aportantes de campaña, como decíamos acá.  

Sin embargo de este tema de los fideicomisos (que es una preocupación real, para ellos) se habla poco, acaso porque no quieren levantar la perdiz; porque están todos flojitos de papeles (muy), pero bien ataditos para que al Estado provincial no les resulte fácil desprenderse de estas garrapatas. Por eso el proyecto de ley molesta.
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domingo, 23 de febrero de 2020

TWEETS POLÉMICOS

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